'La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos
asiste este jueves a la reunión de la Comisión de Seguimiento de los acuerdos de 2017 y 2018 con un objetivo prioritario: buscar una solución
definitiva y negociada al problema de la temporalidad en las
Administraciones Públicas. El sindicato ha hecho un balance de los
acuerdos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo,
firmado en 2017 y 2018.
Según datos de FeSP-UGT, el empleo público se ha incrementado en
74.545 efectivos durante el periodo de vigencia del acuerdo. Este
aumento se ha producido principalmente en las Comunidades Autónomas y
entidades locales, mientras que en la Administración General del Estado
ha disminuido en 9.299 personas.
El aumento de empleo que se ha experimentado durante este periodo ha
sido precario, se han destruido más de 60.000 puestos fijos y se ha
incrementado el empleo temporal e interino en 118.862 plazas, lo que
supone pasar de una temporalidad del 16,67% al 20,77%, cuatro puntos más
que cuando se firmó el primer acuerdo entre el Gobierno y los
sindicatos en 2017.
El pasado mes de enero, UGT denunció el importante retraso que se
estaba produciendo en los procesos de estabilización de empleo
destinados a reducir la precariedad en las Administraciones. Hasta esa
fecha solo la Administración de Justicia había cumplido la convocatoria
de plazas comprometidas. Esta situación se ha agravado con la crisis de
Covid-19.
La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos ha
calificado de muy buena noticia la publicación hoy en el BOE de una
medida que permitirá ampliar las habilitaciones para ejecutar la Oferta
de Empleo Publico y los procesos de estabilización de empleo temporal,
tal como reclamó UGT.
UGT fijó como una de sus prioridades en la negociación el empleo
público. El sindicato incidió, en la primera reunión de la Mesa General
de Negociación de las Administraciones Públicas, en la necesidad de
culminar los procesos de estabilización y consolidación para disminuir
la precariedad. Estos procesos ya arrastraban un importante retraso en
su ejecución, una circunstancia que se ha agravado con la paralización
de las convocatorias durante la crisis del Covid-19.