'La Unión Europa ha reprochado a España el abuso de la temporalidad que realiza en el empleo público. Se calcula que en la Administración unas 700.000 personas tienen un contrato temporal -uno de cada tres en sanidad-
que mantienen durante años e incluso décadas. Nunca se han convertido
en fijos ni tenido oportunidades para ello. Además, son precarios; no
tienen indemnización por despido, sufren despidos por recortes, ni tienen destino fijo (eres sancionado en listas si no aceptas destino).
Esta situación, que han denunciado muchos y muchas temporales interinos, ha sido resuelta por los jueces como fraude de ley. La solución que pactó el Estado y algunos sindicatos es la reducción de la temporalidad de estas plazas hasta el 8%.
De esta forma se están convocando ofertas de empleo masivas donde no se
genera empleo, si no que se ofertan las plazas en las que llevan
trabajando estos interinos en fraude de ley durante décadas. Es decir, se consolidan las plazas, pero no las personas, en contra del criterio de la Unión Europea.