La Comunidad podrá hacerse en el futuro con la propiedad de una docena de grandes hospitales y centros sanitarios de Madrid, además de varios ambulatorios. Una modificación legislativa, introducida en la Ley de Reforma de las Pensiones que está a punto de aprobarse, será la que permita al Ejecutivo ceder a la Comunidad de Madrid La Paz, el Ramón y Cajal o el Doce de Octubre, centros de referencia nacional que, aunque son gestionados por la Consejería de Sanidad, aún pertenecen al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
La puerta a la transferencia la abrieron este jueves PSOE y CiU en el Congreso de los Diputados. Ambas formaciones pactaron la cesión futura de los más de 600 inmuebles sanitarios de la Seguridad Social a las correspondientes comunidades autónomas donde se ubican.
La fórmula para ello sería que la Seguridad Social, que tiene una deuda contable con el Estado de 13.840 millones de euros, cubriría ésta total o parcialmente con la entrega al Estado de todos los hospitales, residencias y ambulatorios que son de su propiedad, aunque ahora estén gestionados por las autonomías. De esta forma, el Estado podrá cederlos a las Comunidades Autónomas que así lo solicitasen, completando de esta manera la histórica transferencia de competencias en materia de Sanidad que en Madrid, formalmente, finalizó en 2002.
Tener la propiedad de los hospitales tradicionales significa para las comunidades no volver a depender de la Seguridad Social ni del Estado a la hora de realizar obras en unos centros sanitarios vitales para el servicio al ciudadano. Hasta el momento estos procedimientos se alargaban hasta dos años por la gran cantidad de trámites burocráticos que debían llevar a cabo las autonomías y la propia Seguridad Social.
Sin embargo, la transferencia no es tan sencilla. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, detalló el proceso que ahora se abre. En primer lugar, el pleno del Congreso deberá aprobar la Ley de Reforma de las Pensiones, texto en el que PSOE y CiU han introducido la enmienda transaccional que permite el traspaso. Cuando el Congreso dé el 'sí' a la nueva ley, el Estado y la Seguridad Social procederán a tasar los inmuebles sanitarios.
El INSS y el Ministerio de Economía deberán decidir si la valoración de los hospitales y centros de salud se hace de manera individual o si la ponderación se hace globalmente y se saldan así los 13.840 millones de euros que la Seguridad Social adeuda al Estado. Esta deuda fue originada por los 9.633 millones de euros en préstamos que recibió el antiguo Insalud y las comunidades autónomas entre 1994 y 1999 para financiar la sanidad, y los 4.207 millones de euros que hubo que aportar, entre 1997 y 1998, para pagar las cuotas de asistencia sanitaria a las comunidades autónomas.
El valor de los hospitales
Según datos facilitados por la Seguridad Social a Madridiario, el valor de los inmuebles del sistema nacional de salud era, a la fecha de su construcción, de 2.562 millones de euros. De ellos, 668,6 millones (un 26 por ciento del total) correspondían a los centros ubicados en la Comunidad de Madrid que es donde la Seguridad Social posee más hospitales y ambulatorios. En segundo lugar y, a mucha distancia, se encuentra Castilla y León con inmuebles que fueron valorados en el momento de su construcción en 277 millones de euros. Los de Cataluña, por ejemplo, fueron valorados en 54,6 millones.
Sin embargo, a precio de mercado real, es decir, a fecha de hoy, el conjunto de hospitales nacionales tendría un valor muy superior ya que se calcula que habría subido un 250 poor ciento. Se estima que el valor actual podría rondar los 9.000 millones de euros, lo que supondría para la Comunidad de Madrid un patrimonio de al menos 2.350 millones.
La Comunidad de Madrid, por el momento, se toma con calma la posibilidad de contar con los grandes hospitales. Tras conocer el pacto PSOE-CiU, el departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty ha comenzado a estudiar los beneficios que le supondría disponer del Gregorio Marañón, el Carlos III, La Paz, el Doce de Octubre o La Princesa. El propio secretario de Estado de la Seguridad Social admitió este jueves que el proceso podría alargarse de 10 a 30 años, dependiendo de la coyuntura económica y de la prisa con que las autonomías reclamen la cesión de los inmuebles.
Fuente:
madridiario.es
30-06-2011 - MDO - Fotografías: MDO Archivo
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