'El nuevo ataque contra los derechos por parte del actual Gobierno proviene del anteproyecto de Ley Orgánica de
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
(LECrim) que conocimos la semana pasada. Dicha reforma contiene
modificaciones que pueden considerarse positivas, aspectos que
modernizan la justicia penal. Pero también contiene disposiciones
nefastas, muy peligrosas. Artículos que pueden suponer
fácilmente recortes arbitrarios de nuestras ya maltrechas libertades. Y
es necesario que tengamos estos riesgos bien presentes antes de que la
norma logre entrar en vigor.
Me centraré en una de
esas abominaciones jurídicas. Antes, debe recordarse el contenido del
artículo 18 de la Constitución Española. Esa misma Constitución que
-como bien sabemos- es para el Partido Popular sagrada, intocable y
perfecta (a menos que los mercados digan otra cosa).
Pues bien, el apartado 3 de dicho artículo 18 define el siguiente
derecho fundamental: Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en
especial, las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución
judicial (el restaltado es de un servidor).