'El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) han llevado al Congreso de los Diputados la exigencia de una ley que repare el abuso del personal temporal de las Administraciones públicas españolas. Las dos organizaciones han destacado que se trata de “un problema nacional, pero con especial incidencia en Aragón, ya que el Gobierno autonómico es uno de los principales incumplidores”. Según los cálculos de los sindicatos, “ya que la DGA se niega a especificar cuántos de sus temporales llevan más de tres años trabajando para ella y por tanto están en fraude”, esta ley obligará a compensar a unos 20.000 empleados, un tercio de la plantilla actual.
STEPA y STEA son dos de los 57 sindicatos y plataformas de todo el Estado que han registrado esta mañana en el Congreso de los Diputados un documento común de “Líneas Rojas”, fijando las exigencias mínimas para una ley que garantice el cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y evite así que este mismo 29 de junio la Unión Europea inicie un procedimiento de infracción contra España.
Este día finaliza el plazo dado por la Comisión Europea para acreditar que se cuenta con normas legales que garanticen una reparación efectiva y suficiente a las víctimas de abuso de temporalidad y sanciones reales para las administraciones que infrinjan la obligación de cubrir sus necesidades permanentes con contratos fijos. Las organizaciones convocantes han señalado que esta es “la última oportunidad de evitar sanciones millonarias y compensaciones judiciales inasumibles, pero también de solucionar una injusticia histórica y revertir el deterioro de los servicios públicos” y han explicado sus reclamaciones a representantes del bloque de gobierno, hablando con diputados de PSOE, SUMAR, Compromís, ERC y Podemos.




.jpeg)
