' El año termina con una decisión importante para el personal interino del sector público donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido los seis recursos de casación presentados por la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de CGT en representación de cientos de trabajadoras en abuso de temporalidad, frente a la inacción de la Comisión Europea ante el abuso estructural de la contratación temporal en las administraciones públicas españolas.
La admisión del recurso da continuidad a la investigación judicial abierta en Europa sobre la falta de actuación de la Comisión, una cuestión que ya había sido objeto de atención pública y que afecta de forma directa a cientos de miles de personas que encadenan contratos temporales durante años sin una solución efectiva conforme al Derecho de la Unión.
La acción judicial no se dirige contra ningún Estado miembro, ni pretende imponer decisiones políticas. El objeto del procedimiento es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea examine si la Comisión ha incumplido las funciones que le atribuyen los Tratados al no actuar frente a una situación de abuso de temporalidad reiteradamente denunciada y conocida, con efectos reales sobre los derechos laborales del personal público.
El 2025 se cierra sin que la lucha interina se haya detenido.Ha sido un año marcado por multitud de procesos, tanto de estabilización como ordinarios, que no sancionan el abuso; y por una prolongada falta de respuesta a nivel político nacional, en la que un año más, se afianza el incumplimiento persistente de las administraciones públicas españolas y del poder legislativo. Pese a ello, la vía europea ha seguido avanzando con trabajo sostenido, firme y coherente, orientado a garantizar la tutela judicial efectiva y la correcta aplicación de la Directiva 1999/70/CE, así como de la jurisprudencia europea.
La admisión del recurso refuerza un principio esencial, ya que las instituciones de la Unión Europea no están al margen del control judicial cuando su inactividad vacía de contenido los derechos reconocidos por el propio Derecho de la Unión. No puede existir tutela judicial efectiva si se impide el examen de fondo de una omisión institucional con impacto directo y masivo sobre un colectivo muy concreto de trabajadoras.
El conflicto de los interinos no se cierra con el final del año. En 2026, desde FETAP-CGT, se impulsarán nuevas acciones jurídicas y sindicales, tanto en el ámbito europeo como en el estatal, con el objetivo de poner fin a un abuso que sigue siendo estructural y que no puede seguir normalizándose ni maquillándose.'
Fuente: Comunicado de la Federación de Trabajadoras y Trabajadores de la AAPP de 31/12/2025
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