'El pasado 16 de abril, la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP)
publicó el
informe
«
Propuestas para la fase 2, de transición, de la epidemia de COVID-19 en Madrid», en donde
se señalaban las condiciones y recursos (humanos y materiales) para afrontar en las mejores
condiciones posibles la fase de transición de la pandemia en la que nos encontramos
actualmente. Este informe fue trasladado en su día a la Dirección General de Salud Pública.
Desde entonces,
en la Comunidad de Madrid, una de las más duramente afectadas durante la
primera ola de la pandemia en España, se han hecho
algunos avances, que es justo reconocer:
1. Ha aumentado considerablemente la capacidad diagnóstica, de modo que
actualmente se está realizando la prueba PCR a todos los casos sospechosos, con una
mediana de tiempo para el diagnóstico de 24 horas, aunque en algunos casos la
demora diagnóstica es superior.
2. La «
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 adaptada a laComunidad de Madrid», de 26 de junio de 2020, recoge otros dos aspectos positivos:
- a. La indicación de realización de PCR a todos los contactos estrechos de los
casos confirmados.
- b. La recomendación de no realizar cribados mediante PCR o técnicas serológicas,
por las dificultades de interpretación de los resultados en personas
asintomáticas y de bajo riesgo y las implicaciones en su manejo. El protocolo
establece que los estudios de cribado masivo solo se podrán realizar, si las
autoridades sanitarias lo consideran, en poblaciones vulnerables o de mayor
exposición. Este avance es reseñable porque el cribado de la población de
Torrejón de Ardoz fue autorizado por la Dirección General de Salud Pública de
Madrid. Por ello, ante los recientes anuncios de otros alcaldes madrileños,
incluido el presidente de la Federación de Municipios de Madrid, al expresar
su intención de realizar acciones similares a la de Torrejón, que más bien
parecen cribados disfrazados de supuestos estudios científicos, instamos a la
Dirección General de Salud Pública de Madrid a ser rigurosa en la aplicación de
la estrategia e impida que se vuelvan a llevar a cabo iniciativas de populismo
sanitario que solo sirven para dilapidar dinero público, muy necesario en estos
momentos para cubrir las deficiencias del sistema de detección precoz,
vigilancia y control de brotes.
Otro aspecto positivo de la gestión de la pandemia en Madrid es el mantenimiento de la no
obligatoriedad de usar las mascarillas en todo lugar y circunstancia, independientemente de la
distancia de seguridad, una medida carente de base científica, que no recomienda la
Organización Mundial de la Salud ni se está aplicando en los países de nuestro entorno
europeo más cercano. El uso de mascarillas debe ser racional, como el de cualquier otro
medicamento o producto sanitario, y está indicado cuando no es posible mantener la distancia
de seguridad, especialmente para contactos intensos o prolongados en lugares cerrados,
concurridos o mal ventilados.
El
avance resulta, en cambio, claramente insuficiente en un aspecto fundamental en esta fase
de la pandemia, como es la
disponibilidad y preparación de los recursos humanos necesarios
para detectar y contener posibles brotes. La atención primaria y la salud pública madrileña
arrastran una situación de precariedad crónica, con un déficit de personal sanitario que se ha
visto agravado por la pandemia. Menor número de profesionales que había antes de la
pandemia (aún hay compañeros en situación de incapacidad laboral temporal por COVID-19 y
no se han suplido la mayor parte de vacaciones del personal), ya sometidos a una fuerte
presión asistencial y de labores de vigilancia, tienen que asumir ahora su actividad habitual con
una triple sobrecarga:
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