'El Gobierno trabaja con las comunidades
autónomas en una nueva batería de medidas para combatir el abuso de la
temporalidad en las Administraciones Públicas.
Entre las propuestas que se encuentran en
estudio figura la creación de un sistema de alertas que avise cuando una
contratación temporal se aproxime al límite de tres años y el posible
endurecimiento de las sanciones por la utilización abusiva de este tipo
de relaciones laborales.
FAC-USO considera imprescindible reforzar
los mecanismos de prevención y control, pero advierte de que una alerta
puede contribuir a evitar el próximo abuso, no reparar el que ya se ha
producido.
Por el momento, no existe un proyecto normativo publicado ni una medida definitivamente aprobada.
Las actuaciones se encuentran todavía en
fase de preparación técnica por parte del Ministerio para la
Transformación Digital y de la Función Pública, en colaboración con las
comunidades autónomas y con consultas a entidades locales y
organizaciones sindicales, según las informaciones publicadas por RTVE y El País.
Más de 900.000 personas temporales en las Administraciones Públicas
Los datos manejados por el Ejecutivo
sitúan en más de 900.000 el número de personas empleadas públicas
temporales. De ellas, algo menos de 200.000 llevarían más de tres años
en esa situación.
El Gobierno utiliza este último dato para acotar provisionalmente la dimensión del abuso.
Sin embargo, FAC-USO advierte de que no toda situación abusiva puede reducirse automáticamente a un único límite estadístico.
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