'El Gobierno trabaja con las comunidades autónomas en una nueva batería de medidas para combatir el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas.
Entre las propuestas que se encuentran en estudio figura la creación de un sistema de alertas que avise cuando una contratación temporal se aproxime al límite de tres años y el posible endurecimiento de las sanciones por la utilización abusiva de este tipo de relaciones laborales.
FAC-USO considera imprescindible reforzar los mecanismos de prevención y control, pero advierte de que una alerta puede contribuir a evitar el próximo abuso, no reparar el que ya se ha producido.
Por el momento, no existe un proyecto normativo publicado ni una medida definitivamente aprobada.
Las actuaciones se encuentran todavía en fase de preparación técnica por parte del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en colaboración con las comunidades autónomas y con consultas a entidades locales y organizaciones sindicales, según las informaciones publicadas por RTVE y El País.
Más de 900.000 personas temporales en las Administraciones Públicas
Los datos manejados por el Ejecutivo sitúan en más de 900.000 el número de personas empleadas públicas temporales. De ellas, algo menos de 200.000 llevarían más de tres años en esa situación.
El Gobierno utiliza este último dato para acotar provisionalmente la dimensión del abuso.
Sin embargo, FAC-USO advierte de que no toda situación abusiva puede reducirse automáticamente a un único límite estadístico.
Entradas
