'El Departamento de Educación, sin embargo, ha recurrido la sentencia, a sabiendas de que en breve puede ser dictada una sentencia desfavorable y prorrogar innecesariamente la interinidad a la trabajadora en situación de abuso.
El recurso contra la sentencia pone de manifiesto la posición del Gobierno de la Alta Navarra ante los derechos de los y las empleadas públicas. Vulnera reiteradamente la directiva comunitaria que limita el uso abusivo de la temporalidad en el empleo público y no respeta la jurisprudencia del Tribunal Supremo español sobre la fijeza, ni tampoco las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Priman los intereses de la Administración sobre los derechos de los y las trabajadoras.
La fijeza es un requisito imprescindible para garantizar la calidad y estabilidad de los servicios públicos y, por tanto, un derecho colectivo. Sin estabilidad del personal, es difícil la continuidad de las comunidades educativas y el desarrollo de proyectos de centro. Especialmente vulnerables son las escuelas rurales, donde la existencia de plantillas estables resulta indispensable para la supervivencia de la comunidad. Mientras tanto, y financiado con dinero público, el profesorado de la red privada concertada goza de mucha más estabilidad y se acrecientan las desventajas de la educación pública.
