'El Departamento de
Educación, sin embargo, ha recurrido la sentencia, a sabiendas de que en
breve puede ser dictada una sentencia desfavorable y prorrogar
innecesariamente la interinidad a la trabajadora en situación de abuso.
El recurso contra la
sentencia pone de manifiesto la posición del Gobierno de la Alta Navarra
ante los derechos de los y las empleadas públicas. Vulnera
reiteradamente la directiva comunitaria que limita el uso abusivo de la
temporalidad en el empleo público y no respeta la jurisprudencia del
Tribunal Supremo español sobre la fijeza, ni tampoco las sentencias del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Priman los intereses de la
Administración sobre los derechos de los y las trabajadoras.
La fijeza es un
requisito imprescindible para garantizar la calidad y estabilidad de los
servicios públicos y, por tanto, un derecho colectivo. Sin estabilidad
del personal, es difícil la continuidad de las comunidades educativas y
el desarrollo de proyectos de centro. Especialmente vulnerables son las
escuelas rurales, donde la existencia de plantillas estables resulta
indispensable para la supervivencia de la comunidad. Mientras tanto, y
financiado con dinero público, el profesorado de la red privada
concertada goza de mucha más estabilidad y se acrecientan las
desventajas de la educación pública.