[Asociación EPA] 'Comunicado sobre la reunión mantenida el 11 de Febrero de 2025' [con eurodiputados]

'Asistentes: 

Maravillas Abadía Jover – Eurodiputada del Parlamento Europeo – Comisión de Empleo y Asuntos Sociales – Comisión de Asuntos Jurídicos 

Rosa Estarás Ferragut – Suplente en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales – Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo 

Concepción Rodríguez Fariña – Presidenta de EPA  y Christian Díaz Lombera – Tesorero de EPA y encargado de Redes

En dicha reunión, los representantes de EPA volvimos a incidir en la negligencia de la Comisión Europea ante las denuncias que acumula en relación al incumplimiento del Reino de España y de la judicatura española, por la no aplicación de la Directiva 1999/70, los efectos de la vigente Ley 20/21, la ausencia de medidas sancionadoras al abuso en la contratación pública, en el ninguneo a las recomendaciones del TJUE y la incapacidad de los organismos europeos en dar una respuesta contundente y efectiva a quienes sufren esta situación: los trabajadores públicos en abuso de contratación.

La impresión recibida en la reunión, así como en las comunicaciones previas, ha sido de un interés no claramente demostrado hasta el momento. Por ello, desde EPA, hemos solicitado poder presentar una pregunta en sede Parlamentaria, a la propia Comisión Europea, para que responda de una vez por todas de qué forma van a dar una respuesta directa a las personas afectadas y cuyas denuncias han sido trasladadas a través de EPA.

De ninguna manera es asumible que la respuesta de la CE sea multar a España por los incumplimientos, porque es volver a sancionar a los afectados a través de los presupuestos estatales y la percepción de partidas destinadas a servicios públicos.

A nuestras peticiones, nos respondieron con varias propuestas:

1. Preguntarán a la Comisión Europea cuánto paga España por directivas incumplidas.

2. ¿Qué ha contestado España a la última Carta de Apremio de la CE?

3. Solicitarán, con carácter de Urgencia, la presentación de pregunta parlamentaria a la CE, convocando a los representantes de EPA en el Parlamento Europeo.

Desde EPA informamos que nuestras acciones siguen adelante, con la segunda denuncia interpuesta esta semana ante el Ombudsman, por negligencia de la CE y posibles responsabilidades. Y las denuncias, que se presentarán en un plazo máximo de un mes, ante el Tribunal de Derechos Humanos, asumiendo los casos de socios que han tenido desestimación del Tribunal Constitucional el pasado mes de diciembre de 2024, lo que nos da la oportunidad de elevar sus denuncias ante el TDH con la representación letrada del Bufete de Abogados de Navas & Cusí, una vez agotada la vía judicialnacional. Ese es un compromiso que se asumió con los socios, en caso de que las actuaciones previas no diesen un resultado definitivo y favorable al vencimiento del plazo dado a los Estados Miembros, el año 2024.

Tras un cuarto de siglo de incumplimiento por parte de los diferentes gobiernos españoles, como de los órganos judiciales al ningunear el derecho comunitario con pleno conocimiento del mismo y la manifiesta negligencia, cuando no complicidad por parte de la CE con un Estado miembro en clara rebeldía, el acudir al Tribunal de Derechos Humanos deja en entredicho tanto a los organismos nacionales, como los comunitarios. Recordamos las denuncias presentadas por EPA ante la Comisión Europea y Parlamento Europeo: denuncia por la no trasposición de la Directiva 1999/70, denuncia de la Ley 20/21 por seguir vulnerando la Directiva 1999/70, denuncia del Tribunal Supremo por no aplicar el Efecto Útil de la Directiva 1999/70, validar la Ley 20/21 y ningunear las recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, denuncias ante el Ombudsman por la inacción y negligencia en sus funciones de la CE.

No es asumible pedir a la ciudadanía europea que confíen en la Unión, que se sirvan de unos supuestos organismos creados para atender sus denuncias directas, y encontrarse con una negligencia de tal calibre, que lleva décadas afectando a miles de familias en el “derecho fundamental a un TRABAJO DIGNO”. Permitiendo el abuso sistemático porque, quien tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las Directivas y NO hace su función, claramente es CÓMPLICE de la situación.

En los últimos días se nos han trasladado reacciones a nuestras presiones en Bruselas, pero eso no detiene nuestras acciones y seguiremos presionando hasta que haya una resolución JUSTA a los afectados.

La Comisión Europea tendrá que rendir cuentas sobre su responsabilidad directa, así como el Gobierno y la Justicia españoles.'

Fuente: Comunicado de la Asociación "Empleados Públicos en Abuso" de 11/03/2025 recibido en APISCAM

 

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