[Poder Judicial] 'El TSJ de Aragón confirma el derecho de un jefe informático a cobrar 5.600 euros por horas extra realizadas tras un ciberataque La Sala recuerda que una autorización administrativa posterior interrumpe el plazo de prescripción anual'

 'El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la sentencia favorable a un jefe informático que reclamaba una compensación económica por las 166 horas extraordinarias que tuvo que realizar para solucionar un problema de seguridad. De este modo, la Sala ratifica su derecho a percibir 5.605,82 euros por el trabajo llevado a cabo entre el 10 de julio y el 27 de septiembre de 2023.

Según refleja la sentencia, el demandante desempeña el cargo de jefe de Sistemas en la Diputación de Zaragoza, entidad que el 7 de julio de 2023 sufrió un ciberataque. Para resolver esta incidencia, intervino el departamento de Nuevas Tecnologías, contando con la participación del demandante. Durante el periodo comprendido entre el 10 de julio y el 27 de septiembre de 2023, realizó un total de 166 horas extra, cuya compensación económica o administrativa formalizó mediante una reclamación presentada el 26 de noviembre de 2024. El Servicio de Personal informó que la solicitud para el abono de horas extraordinarias ha prescrito. Dado que el trabajo se realizó entre julio y diciembre de 2023, la autorización se tramitó en noviembre de 2024 y la documentación se recibió en el Servicio en 2025, ha transcurrido con creces el plazo legal de un año desde su realización. Por consiguiente, el derecho al cobro de dichas horas ha prescrito.

[STEPA] ' STEPA celebra que la Comisión Europea prepara ya sanciones a España por incumplir la normativa sobre abuso de temporalidad “del que son víctimas unos 20.000 trabajadores de la Diputación General de Aragón. El coste total de las sanciones puede suponer más de 33.000 millones de euros a nivel nacional y unos 660 millones de euros para Aragón, donde un tercio de la plantilla autonómica supera el límite legal de tres años con contrato temporal'

[24/09/2026] 'El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA), junto con otros 56 sindicatos y plataformas de todo el territorio nacional, ha celebrado esta mañana ante la Comisión Europea que el procedimiento de infracción contra España por incumplir la normativa sobre abuso de temporalidad va a llegar al Tribunal de Justicia de la UE.

Durante una concentración ante la sede de la representación de la Comisión Europea, se han reunido con el consejero económico, Eduardo Gómez, quien ha confirmado oficialmente que no se conceden más prórrogas al Estado y se ha iniciado el procedimiento para imponer unas sanciones que pueden suponer más de 660 millones de euros en Aragón y 33.600 millones en toda España (el 2,5 % del PIB).

STEPA ha señalado que este anuncio “es un gran paso, después de más de una década de incumplimientos, con miles de personas víctimas del abuso, que incluyen a un tercio de la plantilla de la Comunidad Autónoma de Aragón, y siguen perdiendo sus puestos de trabajo sin una reparación adecuada”.

Bruselas abrió un procedimiento contra España en 2015 por carecer de medidas que prevengan y sancionen el uso abusivo de contratos temporales en las Administraciones, y que compensen a quienes lo han sufrido. Vencido el último plazo para cumplir sus obligaciones, el Gobierno de España solicitó una prórroga hasta marzo de 2027 que ahora se confirma que ha sido rechazada. Así, Bruselas no admitirá más documentación en el expediente y llevará el caso ante TJUE en unos tres meses. “España ha dispuesto de tiempo más que suficiente para actuar y conceder ahora un nuevo plazo solo supondría seguir añadiendo tiempo mientras los ceses continúan”, ha señalado el sindicato.

[Redacción Médica] La mayoría de las CCAA cuenta con oficinas específicas de gestión del dato sanitario de la seguridad de la información

 Publica Redacción Médica este 22/08/2026 un amplio repaso a las oficinas autonómicas especializadas en la gestión del dato sanitario o en la seguridad de la información snaitaria con la que cuentan ya la mayoría de las autonomías.

 

Así cuentan con alguna de estas oficinas Aragón, Navarra, Cantabria, Baleares y Madrid -  del que el medio informa de su Madrid-Health Data Space el espacio de Datos de Salud del Servicio Madrileño de Salud con un Oficina de Gobierno del dato ; y del Centro Demostrador de Ciebersegudidad,mientras que Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla León, Extremadura y Murcia,  no contarían con oficinas " propiamente nombradas para la gestión de datos sanitarios"  y realizan el control estándar a través del Servicio de Salud de cada comunidad. Por otro lado, Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco, lo harían a través de Agencias u organismos transversales de ámbito autonómico.