La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en sentencia de 23/09/2026 del caso de un funcionario interino 15 años del Ayto de Alicante que la indemnización al cese que contempla la Ley 20/2021 a cesados por los proceso de estabilización no corresponde a los cesados después de la Ley 20/2021 por un proceso de estabilización de las leyes anteriores convocado antes de la ley 20/2021. Y rechaza elevar al TJUE unas cuestiones prejudiciales solicitadas sobre posible violación de la clásula 5ª del abuso de temporalidad de la Directiva UE 1999/70/CE argumentando que la sentencia Obadal del TJUE ya ha asentado que las indemnizaciones al cese no son medidas contra el abuso de temporalidad. Y no es inconstitucional la diferencia de trato con los cesados por procesos convocados después de la ley

 Acaba de publicarse en el CENDOJ la sentencia de 23/09/2026 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo al recurso de casación  666/2024 que la Sala deliberaba el pasado martes 15, y en el que nuevamente abordaba la cuestión para la unificación de doctrina de si corresponde o no la indemnización del artículo 2.6 de la ley 20/2021 al funcionario interino cesado después de la ley 20/2021 por un proceso de "estabilización" derivado de las leyes anteriores de 2017 (o del "primer proceso de estabilización") y 2018 ( o  del "segundo proceso de estabilización") que estuviera convocado y no resuelto cuando se publicó la ley 20/2021.

Esta cuestión ya había sido resuelta por la importante sentencia de 01/07/2025 al recurso de casación nº 5709/2023 por un asunto prácticamente idéntico del Ayuntamiento de Benidorm, reiterada en otro asunto (rec,  2731/2024) con el caso de uno de los funcionarios del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado en el Servicio Público de Empleo Estatal de los ceses masivos sin indemnización que tuvieron lugar en 2023 .

Ahora, se trataba de un recurso de casación n.º 666/2024 puesto por el Estado contra la sentencia de 26 de octubre de 2023 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Alicante que concedió la citada indemnización a un funcionario interino del Ayuntamiento de Alicante durante 15 años en la misma vacante que fue cesado después de la ley 20/2021 - el 31 de mayo de 2022- por un proceso de estabilización anterior convocado el 18 de diciembre de 2019. 

 

Como era de esperar, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha reiterado su doctrina que  la indemnización que contempla  la Ley 20/2021 a los empleados públicos cesados por proceso de estabilización no corresponde a los cesados después de la Ley 20/2021 por un  proceso de estabilización de las leyes anteriores  convocado antes de la ley 20/2021, y ha revocado la sentencia del Juzgado quedándose el empleado público cesado sin indemnización alguna.

Pero esta sentencia contiene una cuestión específica del  caso  de interés: el empleado público había planteado en su demanda que se elevaran cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE en las que se preguntara si  la Cláusula 5ª contenida en la Directiva 1999/70/CE sobre abuso de temporalidad no impediría realizar esa diferenciación utilizada para no conceder el derecho a la indemnización al cese, de que el proceso de estabilización estuviera convocado antes de la entrada en vigor de la ley. 

A diferencia de su comportamiento hasta hace poco, en el que la Sala de lo Contencioso del Supremo  ni hacía mención a la peticiones de cuestión prejudicial  ,  en esta sentencia, la Sala del Suremo sí da contestación y razonada a la petición de elevar cuestiones prejudiciales. Nótese que ha habido reciente jurisprudencia reiterativa y demoledora del TJUE a ese respecto: el alto Tribunal de cada país  está obligado a plantear al TJUE cuestiones prejudiciales solicitadas por el demandante salvo una justificación en contra que debe razonar e incluir explícitamente en las sentencias, estando tasadas por el TJUE cuáles pueden ser las razones válidas en los razonamientos.

La Sala de lo Contencioso rechaza esa solicitud de elevar cuestiones prejudiciales. Y, curiosamente, entre los dos razonamientos  dados , se encuentra el que la reciente sentencia del TJUE de 14/04/2026 al  asunto Obadal -por el caso de un empleado público laboral y cuestión prejudicial procedente de la Sala de lo Social del Supremo- ha dejado claro que una indemnización al cese no constituye una medida válida de sanción al abuso de temporalidad, con lo que la cuestión del recurso de casación , si conceder o no una indemnización al cese, no puede tener que ver con la citada cláusula de la directiva por la que se pide cuestiones prejudiciales.

 

Por su interés, reproducimos a continuación literalmente las cuestiones al TJUE  que solicitaba  el empleado público demandante:

 « PRIMERA: "¿Es compatible con la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada, anexo a la Directiva 1999/70/CE, y con la jurisprudencia del TJUE (Sentencia 19 marzo 2020, C-103/18 y C-429/18), una normativa nacional que reconoce derecho a compensación económica (20 días/año, máximo 12 mensualidades) a funcionarios interinos cesados tras no superar determinado proceso selectivo de estabilización (denominado 'tercer proceso'), pero excluye dicha compensación a otros funcionarios interinos en situación sustancialmente idéntica (abuso de temporalidad durante años, desempeño de funciones permanentes, cese tras no superar proceso selectivo de estabilización), por la sola circunstancia de que el proceso que no superaron fue convocado con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, cuando el cese se produjo ya estando vigente la ley que establece la compensación?"


SEGUNDA: "A efectos de garantizar el efecto útil de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada y de asegurar medidas efectivas y dotadas de efecto disuasorio contra el abuso de temporalidad en el empleo público, ¿debe interpretarse que el derecho a compensación económica por abuso de temporalidad debe extenderse a todos los funcionarios interinos cesados en situaciones de abuso, con independencia de la fecha de convocatoria del proceso selectivo de estabilización que no superaron, cuando el cese se produce tras la entrada en vigor de la norma que establece la compensación?"


TERCERA (subsidiaria): "¿Se opone al principio de no discriminación del Derecho de la Unión Europea una interpretación de la normativa nacional que otorga compensación económica a unos funcionarios interinos cesados tras proceso selectivo de estabilización pero la niega a otros en situación equiparable, basándose exclusivamente en el momento de convocatoria del proceso selectivo, circunstancia ajena a la voluntad del funcionario y que no altera la situación de abuso de temporalidad preexistente?" »

Y el primer razonamiento de la Sala de lo Contencioso del Supremo para rechazar plantear esas cuestiones prejudiciales al TJUE::

La jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha precisado que la compensación prevista en el artículo 2 de la Ley 20/2021 no constituye una medida que, por sí sola, satisfaga las exigencias derivadas de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada. En las sentencias de 13 de junio de 2024 (asuntos acumulados C-331/22 y C-332/22) y de 14 de abril de 2026 (asunto C-418/24, Obadal), el Tribunal declara que las indemnizaciones tasadas sujetas a un doble límite máximo, tanto de días de salario por año de servicio como de mensualidades, no garantizan una reparación proporcionada y efectiva de los perjuicios ocasionados por la utilización abusiva de sucesivas relaciones temporales, especialmente cuando el abuso se prolonga durante extensos períodos de tiempo. Asimismo, destaca que tales compensaciones carecen de la eficacia necesaria para sancionar adecuadamente el incumplimiento del Derecho de la Unión y eliminar íntegramente sus consecuencias, al devengarse únicamente en determinados supuestos de extinción de la relación de empleo y no en todas las situaciones de abuso. De ello concluye que ni dichas indemnizaciones ni la mera convocatoria de procesos selectivos constituyen medidas suficientemente efectivas, proporcionadas y disuasorias para garantizar la plena eficacia de la cláusula 5 del Acuerdo Marco, correspondiendo al ordenamiento interno articular mecanismos que permitan una reparación adecuada de los daños efectivamente causados y una respuesta suficientemente disuasoria frente a la utilización abusiva de la temporalidad."

 

El  segundo razonamiento para rechazar estas cuestiones, es  de tipo formal: que "la eventual concurrencia de una situación de abuso" de temporalidad  "constituye una cuestión completamente ajena al objeto del presente recurso de casación" (el abuso de temporalidad no estaba en las cuestiones de interés casacional delimitadas en el auto de admisión del recurso de casación)

También es especifico de esta sentencia que el demandante había solicitado que se estudiara la posible inconstitucionalidad  por violación del principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, de esa discriminación entre funcionarios interinos cesados por procesos de estabilización convocados antes  o después de la ley, aún siendo ambos cesados con la misma ley ya en vigor.

La Sala delo Contencioso del Tribunal Supremo rechaza toda posible inconstitucionalidad de esa diferenciación:

"no constituye una diferencia de trato arbitraria, sino una consecuencia inherente a la sucesión de normas en el tiempo. El criterio temporal empleado por el legislador es objetivo, general y razonable, responde a la finalidad perseguida por la reforma y no se sustenta en ninguna de las circunstancias personales o sociales a las que se refiere el artículo 14 CE.

Además, quienes cesaron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 20/2021 no habían incorporado a su patrimonio jurídico el derecho a percibir la compensación posteriormente creada por dicha norma, por lo que no cabe apreciar privación alguna de derechos adquiridos ni una desigualdad de trato carente de justificación objetiva y razonable. En consecuencia, la diferencia de régimen jurídico denunciada ni vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución."

 

Repaso a la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso del Supremo en abuso de temporalidad de funcionarios/estatutarios interinos y las medidas de la ley 20/2021, para evitar y , en su caso sancionar, la temporalidad prolongada

Hay que recordar, que, por otro lado, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre la cuestión de si  habiéndose producido el cese de un funcionario interino bajo la vigencia de la Ley 20/2021,  es procedente la compensación económica contemplada en su artículo 1.3 para el cese del funcionario/estatutario interino de vacante durante más de 3 años sin que se haya convocado su plaza en ese plazo, si el último nombramiento del que  cesado  es anterior a la entrada en vigor de la ley 20/2021", decidiendo el alto tribunal que tampoco, ni por "analogía": esta cuestión  fue también resuelta  en esa misma citada sentencia de 01/07/2025 del asunto de un funcionario del Ayuntamiento de Benidorm y reiterada  en su  sentencia de 14/10/2025 - al recurso de casación nº 7438/2024.Para esta sala del Supremo  esa indemnización está exclusivamente reservada para el cese de personal temporal de último nombramiento después del Real-Decreto ley 14/2021 por una disposición transitoria que fue mantenida en la ley 20/2021 sin introducir retroactividad alguna.

 

Por último, hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó explícitamente en su sentencia de 13/06/2024 a los asuntos acumulados de cuestiones prejudiciales planteadas por un juzgado de lo Contencioso de Cataluña,  que no valen como sanción al abuso de temporalidad pública esa indemnización al cese y con tope de la ley 20/2021 ni tampoco la doctrina de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo fijada a finales de 2021, en reacción a su vez a  las sentencias del TJUE "Sánchez Ruiz" de 19/03/2020 e IMIDRA de Junio de 2021:

• pasaba a reconocer la existencia de abuso de temporalidad en el funcionario/estatuario interino de vacante de duración prolongada (posibilidad que hasta entonces la Sala de lo Contencioso negaba) 
• pero  en cuanto a las consecuencias jurídicas de este abuso 
• sin decidir conceder ningún tipo de fijeza como sanción al abuso de temporalidad porque iría contra la Constitución Española ni indemnización presuntiva al abuso de temporalidad  porque no la fija explícitamente ninguna ley española de aplicación explícita al empleado publico funcionario/estatutario 
• decidiendo que a cualquier abuso de temporalidad de funcionario/estatutario temporal  (incluido ahora el de interino de vacante) le es de aplicación su doctrina vigente desde 2018 sobre las consecuencias del abuso de temporalidad en el funcionario interino (entonces al de concatenaciones excesivas de nombramientos de obra, servicio,...): mantenerse en el puesto hasta que la AAPP decida cubrirlo de forma fija por cualquier proceso (selectivo abierto, de traslados o promoción interna restringido a personal ya fijo, ...) o lo amortice, con el único derecho teórico a una indemnización más que por la posibilidad de solicitar -en otro proceso judicial diferente específico- la  -imposible en la práctica- reclamación patrimonial por daños acreditados que son debidos exclusivamente por el abuso.

La reacción de la  Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo a la sentencia del TJUE de 13/06/2026 llegó en Febrero de 2025: la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo mantuvo que no puede conceder ningún tipo de fijeza ni indemnización presuntiva ni postergada al cese como sanción al abuso de temporalidad porque iría contra las leyes españolas, que le exigen aplicar sanciones que estén recogidas exclusivamente en leyes españoles  reiterando su doctrina de 2021 ante el abuso de temporalidad del funcionario interino incluido el de vacante (mantenerse en el puesto hasta que la AAPP lo cubra de forma fija por un proceso o lo amortice, sin ningún derecho a indemnización ni sanción a la AAPP más que la posibilidad de solicitar una reclamación patrimonial por daños por abuso de temporalidad de imposible acreditación en la práctica).

 

 Además, esa Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha afirmado, en su Auto de 29/04/2026 de un recurso de queja, que la nueva sentencia de 14/04/2926 del Tribunal de Justicia de la UE  en el asunto Obadal, por una cuestión prejudicial de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al TJUE sobre sanción al abuso de la temporalidad, que no va a rectificar su doctrina actual para el abuso de temporalidad del funcionario/estatutarios interino (el mero mantenimiento en el puesto hasta la cobertura reglamentaria de la plaza interina sin derecho a ninguna indemnización ni estabilidad práctica)

 

 Además, esta Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, sigue considerando, en recursos de casación sobre docentes no universitarios, que no corresponde la declaración de abuso de temporalidad en casos de interinos nombrados por cursos, incluso  hasta 36 años consecutivos: "la mera referencia a los años de prestación de servicios como funcionario interino no resulta bastante para inferir de modo automático la situación de abuso" en una situación de nombramientos concatenados por llamamientos en un sistema de listas.

De esta manera la doctrina de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo se resumen en no conceder NADA judicialmente al abuso de temporalidad del funcionario interino en abuso de temporalidad con último nombramiento (por ejemplo de interinidad de vacante) desde antes de la Ley 20/2021, ni durante su abuso ni por su cese por un proceso. Esta doctrina tan tajante está siendo aplicada por varias Salas de lo Contencioso de Tribunales Superiores de Justicia -notablemente la de Madrid- condenando en importantes costas a los funcionarios/estatutarios temporales en abuso de temporalidad que demanden alguna consecuencia de fijeza o indemnización por su abuso de temporalidad o la anulación de su cese en una situación de abuso de temporalidad. Tampoco la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo está admitiendo a trámite recursos de casación de funcionarios/estatuarios temporales en abuso de temporalidad sobre las consecuencias del abuso, condenándoles también en costas en el auto de inadmisión.

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