'El pasado 14 de abril de 2026, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia relativa al caso «Obadal» (C-418/24) sobre la ausencia de transposición al ordenamiento interno de la Directiva 1999/70/CE, casi 30 años después de su aprobación. Según FETAP-CGT, la sentencia pone de manifiesto la ausencia de mecanismos válidos para combatir la precariedad en el sector público.
Por los mismos motivos, el 29 de abril la Comisión Europea emitió dos dictámenes motivados en el marco de los procedimientos de infracción INFR (2014)4224 e INFR (2014)4334. En ellos reclamó al Gobierno de España que presentara alegaciones y adoptara las medidas necesarias para corregir la situación. FETAP-CGT señala que el proceso no ha dado el resultado esperado y que no se concederán nuevas prórrogas.
Ante lo que considera un incumplimiento de principios básicos de un Estado social de derecho —entre ellos, la primacía normativa, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva, la no discriminación por razón de sexo y el derecho a un trabajo digno—, la organización registró la reclamación colectiva n.º 261/2026 ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa.
FETAP-CGT advierte asimismo de que esta situación ha desencadenado la congelación y, previsiblemente, la pérdida de 626,6 millones de euros de fondos europeos Next Generation vinculados al incumplimiento del hito 144, relativo al abuso de temporalidad en el sector público.

