[Comisión Europea] Respuesta a la petición de información adicional de la Defensora del Pueblo Europeo en su investigación sobre la tramitación de los procedimientos de infracción de empleados públicos temporales de España: la Comisión Europea ha rechazado la prórroga solicitada por España y está evaluando la información complementaria aportada por el Gobierno. Hay una complejidad porque los empleados públicos españoles se rigen por normativa variada nacional y regional y la Comisión rechaza las alegaciones presentadas de mala administración en su tramitación de la infracción

'En julio de 2024, la Comisión envió una segunda carta de emplazamiento adicional en el marco del procedimiento de infracción INFR(2014)4224, relativa al trato menos favorable del personal con contrato de duración determinada en el sector público español (véase https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_24_3228).

 

En octubre de 2024, la Comisión envió una carta de emplazamiento adicional en el marco del procedimiento de infracción INFR(2014)4334 (véase https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_24_4561).

España respondió a estas cartas en septiembre y diciembre de 2024, respectivamente. Posteriormente, España envió información adicional en febrero, mayo y julio de 2025 y en marzo de 2026.

Tras evaluar toda la información facilitada, la Comisión llegó a la conclusión de que España no había abordado adecuadamente todos los requerimientos y, en abril de 2026, emitió dictámenes motivados en ambos procedimientos de infracción (véase https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_26_720).

 

España respondió a estos dictámenes motivados pocos días después del plazo dado para la respuesta, en julio de 2026. La respuesta incluía una solicitud de ampliación del plazo para abordar los asuntos restantes hasta marzo de 2027, la cual fue rechazada por la Comisión en agosto de 2026, debido a que la solicitud de España no cumplía las condiciones para conceder la derogación del plazo dado. La respuesta de España incluía información complementaria sobre las reclamaciones la cual está siendo evaluada actualmente por los servicios de la Comisión.

Es importante señalar que, debido a las particularidades de la función pública española, las relaciones laborales de los empleados públicos no se rigen por una única ley, sino por varios actos legislativos nacionales y regionales los cuales, además, han sido desarrollados por los tribunales nacionales de diferentes maneras.

Asimismo, más allá de la complejidad de evaluar la legislación y la jurisprudencia nacionales, el análisis de la Comisión ha tenido que tener en cuenta la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta cuestión. En este contexto, en abril de 2024 el Tribunal Supremo español solicitó una decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aclarar su jurisprudencia anterior sobre la legislación aplicable a los empleados públicos en España (asunto C-418/24, Obadal). La sentencia dictada en dicho asunto se publicó en abril de 2026 y la Comisión la tuvo en cuenta en el dictamen motivado emitido tan solo dos semanas más tarde.

Por último, además del tiempo que necesitan los servicios de la Comisión para evaluar toda la información pertinente dentro de estos procedimientos de infracción, debe tenerse en cuenta que los documentos recibidos y enviados por la Comisión deben traducirse, y que las decisiones sobre los procedimientos de infracción son adoptadas por el Colegio de Comisarios y, por lo tanto, deben pasar por varias fases procedimentales, lo que amplía aún más la duración total del proceso.

Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, así como sus limitados recursos, la Comisión considera que las alegaciones de mala administración son infundadas.'

Fuente: Traducción de 12/10/2026 de la respuesta de 29/09/2026 de la Comisión Europea a la petición de informacion de la Defensora del Pueblo Europeo en los Asuntos ref. 625/2025/EIS, 678/2025/EIS, 1045/2025/EIS, 1078/2025/EIS, 1116/2025/EIS, 1201/2025/EIS, 1211/2025/EIS, 1222/2025/EIS, 1226/2025/EIS, 1227/2025/EIS y 1228/2025/EIS  recibida en  APISCAM

 Enlaces en el texto nuestros

NOTA DEL EDITOR: 

Recordemos que la Comisión Europea mantiene esto dos procedimientos de infracción desde hace años en relación al personal empelado público temporal o "interino":

1. el procedimiento de infracción 2014/4224 [INFR(2014)4224] en cuanto a discriminación con los fijos incumplimiento la cláusula 4ª de la Directiva Europea de empleo temporal [1999/70/CE], que es procedimiento "en el que la Comisión Europea  decidió  en verano de 2024 enviar una 2ª carta de emplazamiento adicional" , ya por incumplimientos residuales de la cláusula , y del que ya dio el paso a Dictamen motivado el 29/04/2026 ante la falta de normativa correctora de España
   
   
2. y el procedimiento de infracción 2014/4334 [INFR(2014)4334] , del que la Comisión Europea avanzó a Dictamen Motivado el procedimiento de infracción  INFR(2014)4334 contra España por este tema que extendió al empleo público en general tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 19/03/2020 "Sánchez Ruiz" -el caso principal, un informático nuestro- vinculándole la denuncia múltiple preexistente de empleados públicos españoles CHAP(2013)01917. La Comisión Europea había dado de plazo hasta el  29/06/2026,  para que el Gobierno aprobara nueva normativa so pena de llevar a  España ante el Tribunal de Justicia de la UE en un recurso de incumplimiento, camino necesario para la imposición de multas. Llegado el fin de plazo Gobierno se limitó a pedir a la Comisión Europea una prórroga de 9 meses (hasta marzo de 2026) sin tener aprobada medida alguna, indicando que reuniría a las CCAA y FEMP para intentar consensuar medidas en ese tiempo. Los pasados 24 y 25 de Septiembre  tuvo lugar una reunión de la "Comisión de coordinación de Empleo Público" de la que sólo se informó que se había "avanzado en un primer documento de trabajo que solucione la problemática de la temporalidad en el sector público" y que en siguientes días continuaría el trabajo. 
   
   El 30/09/2026 finalizaba otro plazo , el de Economía de la Comisión Europea, para comunicar medidas para el cumplimiento de los compromisos de los hitos del Plan de Recuperación, en el marco de una suspensión desde hace un año atrás de 626,6 millones de euros por incumplimiento del hito nº 144 , que exigía una ley de reducción de temporalidad pública con medidas de sanción al abuso válidas. El Gobierno español no aprobó normativa alguna (en especial, no aprobó ningún Real Decreto-Ley sobre esta materia en su Consejo de Ministros 29/09/2026 , donde sí aprobó otros RDL)
   

 

Recordemos también que una investigación anterior de 2022-2023 del anterior Defensora del Pueblo de la UE por este tema acabó  en Abril de 2023 archivada  afirmando entonces que  no apreciaba "mala administración en este asunto" en cuanto a la forma en que la Comisión Europea estaba tratando (por aquel entonces) las denuncias sobre abuso de temporalidad pública española dado que la Comisión seguía teniendo  abierta un denuncia múltipe CHAP(2013)01917 con un procedimiento de infracción vinculado - el INFR(2014)4334 , de los que había  "informado  meses antes que estaba evaluando la nueva normativa española.

Según la  página de seguimiento común , los  casos fueron abiertos el 26/06/2025 por la Defensora Europea del Pueblo , y  todos los casos siguen en el mismo estado que cuando se abrió : Investigación en curso".

 

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