'El Departamento de Educación, sin embargo, ha recurrido la sentencia, a sabiendas de que en breve puede ser dictada una sentencia desfavorable y prorrogar innecesariamente la interinidad a la trabajadora en situación de abuso.
El recurso contra la sentencia pone de manifiesto la posición del Gobierno de la Alta Navarra ante los derechos de los y las empleadas públicas. Vulnera reiteradamente la directiva comunitaria que limita el uso abusivo de la temporalidad en el empleo público y no respeta la jurisprudencia del Tribunal Supremo español sobre la fijeza, ni tampoco las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Priman los intereses de la Administración sobre los derechos de los y las trabajadoras.
La fijeza es un requisito imprescindible para garantizar la calidad y estabilidad de los servicios públicos y, por tanto, un derecho colectivo. Sin estabilidad del personal, es difícil la continuidad de las comunidades educativas y el desarrollo de proyectos de centro. Especialmente vulnerables son las escuelas rurales, donde la existencia de plantillas estables resulta indispensable para la supervivencia de la comunidad. Mientras tanto, y financiado con dinero público, el profesorado de la red privada concertada goza de mucha más estabilidad y se acrecientan las desventajas de la educación pública.
El Gobierno mantiene las altas tasas de temporalidad al objeto de poder despedir a los y las trabajadoras cuando le convenga, lo que no constituye una política favorable al empleo público estable y de calidad, sino institucionalizar la precarización del personal.
El PSOE y sus satélites no dejan de proclamar que son garantes de los servicios públicos pero, en la práctica, aplican políticas similares a las del PP. En la Alta Navarra tenemos un claro ejemplo de ello: en 2012, la directora general de personal del Departamento de Educación era entonces directora de recursos humanos y ejecutó los recortes impuestos por el PP durante la legislatura en la que gobernaban en coalición UPN y PSN. Carlos Gimeno también formaba parte de aquel gobierno. Las consecuencias fueron demoledoras, se despidió a más de 800 docentes y las mejoras obtenidas en el pacto de 2007 se convirtieron en papel mojado: aumentaron las ratios y las horas de docencia directa, y el poder adquisitivo se redujo drásticamente.
Con la excusa de la crisis, se implantaron políticas austericidas, se deterioraron brutalmente las condiciones laborales del profesorado, y la educación pública se vio duramente golpeada. Si se produjera otra crisis, este Gobierno no dudaría en aplicar nuevamente los duros recortes y así empeorar las condiciones laborales de todo el profesorado.
STEILAS no permitirá que los derechos del personal público se sometan a los intereses del Gobierno o a las políticas austericidas. Garantizar la fijeza no es opcional, sino un imperativo legal. Exigimos al Gobierno de la Alta Navarra que cumpla la sentencia y retire el recurso, que acabe con el exceso de temporalidad y que adopte las medidas necesarias para asegurar la estabilidad de la educación pública.'
Fuente: comunicado del sindicato de docentes de Navarra STEILAS de 19/11/2026 recibido en APISCAM
NOTA DEL EDITOR: la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ya ha concedido -en sentencia firme a recurso de casación- la primera fijeza laboral por abuso de temporalidad de un contratado administrativo irregular. Y ha reiterado su doctrina de la competencia de los tribunales de lo Social, en lugar de los de lo Contencioso-Administrativo, en casos de fraude de irregularidades - como excesivas concatenaciones o falsas sustituciones- en nombramientos temporales de carácter administrativo de empleados públicos
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