jueves, 19 de noviembre de 2026

Publicado en el BOE RDL del Gobierno sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, -además de sobre igualdad retributiva entre hombres y mujeres- para intentar evitar las multas del Tribunal de Justicia de la UE solicitadas por la CE en su procedimiento de infracción por incumpliiento de la Directiva UE 2019/1152

Se ha publicado en el BOE de este  18/11/2026 uel Real Decreto-ley 39/2026,  sobre condiciones laborales transparentes y previsibles y de igualdad retributiva entre hombres y mujeres que aprobó el día anterior el Consejo de Ministros.

 En concreto , el RDL 39/2026 modifica la siguiente legislación previa existente:

  • el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre;
  •  el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres; 
  • la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo;
  •  y el Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea

 

Y tal y como reconoce en la exposición de motivos , estas modificaciones se han aprobado ante  las exigencias de la Comisión Europea por el incumplimiento de España de  dos Directivas europeas :  la Directiva (UE) 2019/1152, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, y de la Directiva (UE) 2023/970 , por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres  en el trabajo.

 

Y en relación con la Directiva (UE) 2019/1152, confiesa que "su transposición al ordenamiento jurídico español se ha llevado a cabo parcialmente mediante la aprobación del Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre", pero, la "necesidad de completar su transposición al derecho nacional exige adaptar de nuevo las disposiciones legales y reglamentarias vigentes para garantizar la plena efectividad de los derechos y garantías reconocidos en la directiva, en particular mediante la extensión del derecho de información a todas las relaciones laborales con independencia de su duración, y el reconocimiento de la posibilidad de solicitar formas de empleo más estables y previsibles que permitan mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras".

 

La necesidad y urgencia viene, tal y como reconoce el texto del RDL aprobado ahora , por la existencia de un recurso judicial en el Tribunal de Justicia de la UE en el que la Comisión Europea ya  ha solicitado importantes sanciones económicas a España

En concreto, el plazo de transposición de la Directiva  2019/1152 finalizó el 1 de agosto de 2022, sin hacerlo España, iniciando la Comisión Europea eñ procedimiento de infracción INFR(2022)0354 (al amparo del artículo 258 del TFUE) , y ante la "persistencia de una transposición incompleta" , finalmente el 6 de febrero de 2026, la Comisión interpuso recurso contra  España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el asunto C-60/26 del que ya nos hicimos eco aquí.

En dicho recurso la Comisión Europea solicita "la declaración de incumplimiento y la imposición de una suma a tanto alzado y de una multa coercitiva con arreglo al artículo 260.3 del citado tratado", , con lo q. La urgencia se encuentra, por tanto, reforzada por la existencia de un procedimiento judicial en el que ya se han solicitado sanciones económicas. Resulta necesario poner fin cuanto antes al incumplimiento y evitar su prolongación, que puede incidir tanto en la duración de la infracción como en las consecuencias económicas que de ella se deriven. 

Así  el Real Decreto 723/2026 de 9 de septiembre, que el Gobierno aprobó para transponer la Directiva (UE) 2019/1152, no ha sido reconocido como suficiente por la Comisión Europea, iniciándose la demanda de sanciones ante el TJUE, mientras España no lo complete adecuadamente.

En concreto, el RDL con ese objetivo de evitar la multa del TJUE introduce dos modificaciones de la normativa:

  • modificar extender la obligación de informar sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral a todas las personas trabajadoras, con independencia de la duración de su contrato - incluyendo ahora los que habían sido  excluidos en el RDL inicial de transposición: los  contratados para  menos de 4 meses
  • la modificación del Estatuto General de los Trabajadores para "favorecer la transición hacia formas de empleo más estables o previsibles"
  •  la modificación de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social [LISOS] para tipificar los incumplimientos de las obligaciones establecidas, determinando las sanciones correspondientes, asegurando su cumplimiento efectivo.

Nótese que eñ Real Decreto 723/2026 de 9 de septiembre,por el que el Gobierno intentó  transponer la Directiva (UE) 2019/1152 de condiciones laborales transparentes y previsibles, incluyó en su ámbito también a los empleados públicos (nótese que la Directiva Europea es para todos los trabajadores  de la UE) si bien matizando  en su artículo 2.6 que "al personal empleado público le resultará de aplicación lo previsto en el presente real decreto, de acuerdo con las peculiaridades establecidas en su legislación específica".  Por tanto, tras la modificación aprobada ahora también se "incluyen" los empleados públicos con nombramientos inferiores a 4 meses (como los de cualquier trabajador, por otra parte).

Ahora bien, la modificación del régimen sancionador explícito la ha realizado únicamente vía la LISOS , ley de "orden social" que sólo incluyen en su ámbito al personal empleado público de régimen laboral y no al funcionario/interino o "contratado administrativamente" . Además la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, tradicionalmente no estima en demandas judiciales, ni por analogía,  la aplicación del régimen sancionador de la LISOS al personal funcionario/estatutario, como por ejemplo es el caso de las consecuencias del abuso de temporalidad, remitiéndose únicamente a la posibilidad de  -en la práctica muy difíciles-  demandas de reclamación de responsabilidad del Estado por el incumplimiento  de normativa bien europea -en la práctica imposibles- bien española, -en la práctica muy difíciles-, justificándose en que  la relación de empleo de ese tipo de trabajadores de la UE es "administrativa".

Con lo que, con independencia de si las sanciones establecidas en la LISOS son suficientes para que cumplan el carácter de efectivas que exige la Directiva de la UE, esta transposición modificada de la Directiva podría no ser efectiva en la práctica para el tipo funcionarial de empleados públicos (el  mayoritario).

 
Hay que recordar  que la Comisión Europea decidió también , el 1 de octubre,  llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en otro procedimiento de infracción, el  INFR(2017)4004] ,  por incumplir las normas de la UE precisamente sobre la responsabilidad del Estado por los incumplimientos del Derecho de la Unión, estar 2ª vez pidiendo la imposición de multas.


Conviene recordar también que en Abril de 2027 Empleo de la Comisión Europea avanzó a Dictamen Motivado el procedimiento de infracción contra España   INFR(2014)4334 por la falta de sanciones válidas en la legislación española al abuso de temporalidad en el empleo público general . El procedimiento abierto en 2014 fue extendido por la Comisión Europea  al empleo público en general tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 19/03/2020 "Sánchez Ruiz" -el caso principal, un informático nuestro- vinculándole la denuncia múltiple preexistente de empleados públicos españoles CHAP(2013)01917. 

La Comisión Europea dio de plazo hasta 29/06/2026 para que el Gobierno aprobara nueva normativa so pena de llevar a  España ante el Tribunal de Justicia de la UE en un recurso de incumplimiento, camino necesario para la imposición de multas. Ante ese primer fin de plazo de 29/06/2026 en el procedimiento de infracción, el Gobierno del Estado decidió  solamente pedir una prórroga de 9 meses a la Comisión Europea - sin aprobar ninguna nueva normativa- y convocar un primer encuentro con las administraciones autonómicas y locales  en Santander el  8 de julio de donde salió el acuerdo de volver a reunirse el 24 de Septiembre, reunión que tuvo lugar en Sevilla ocupando también el 25 de Septiembre, seguida de reuniones bilaterales en las últimas semanas e.

Por otro lado, el 24 de Septeimbre la representación de la Comisión Europea en España  trasladó a empleados públicos que se concentraron ante su sede en Madrid que no iba a conceder esa prórroga, y , posteriormente la Comisión Europea respondió a la petición de información adicional de la Defensora del Pueblo Europeo en su investigación sobre la tramitación de los procedimientos de infracción de empleados públicos temporales de España que ha rechazado la prórroga solicitada por España y está evaluando la información complementaria aportada por el Gobierno, justificando su retraso en la gran "complejidad" porque los empleados públicos españoles se rigen por normativa variada nacional y regional.
 
 

Recordemos  por último,  los pasos de un procedimiento de infracción de la Unión Europea, que pueden conducir a importantes sanciones millonarias , además de cambios legislativos en un país para evitarlas:

0. (Procedimiento de infracción informal) Diálogo estructurado  o "EU Pilot", para dar oportunidad de solución rápida y evitar el procedimiento formal de infracción


1. "Carta de emplazamiento" al Gobierno del Estado, que supone la apertura del procedimiento formal de infracción. En teoría, en dos meses debe haber observaciones . Puede haber cartas adicionales.
Es éste el estado en el que se encuentra este nuevo procedimiento de infracción INFR(2017)4004] contra España por no disponer de normativa válida de responsabilidad de la AAPP ante el incumplimiento de normativa UE.

 

Y éste el estado -inicial- en el que se sigue encontrando a día de hoy  el procedimiento de infracción INF(2014)4334 contra España por no disponer de legislación válida que sancione el abuso de temporalidad pública. 

 

2. "Dictamen motivado"    , si no hay respuesta o no son satifactorias las  observaciones presentadas por el país. Abre m plazo de dos meses para que el Estado se ajuste -con nueva normativa-al cumplimiento del Derecho de la UE señalado. Puede haber prórrogas.

3. "Recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea", si no hay respuesta en forma de normativa aprobada o no es satisfactoria, que puede ir ir ya con petición de la Comisión al Tribunal europeo de que imponga el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva a la par que la declaración de incumplimiento, sólo si se trata de un procedimiento de incumplimiento por transposición parcial de una norma de la UE. En otro caso, esta primera vez la CE sólo pide la declaración de incumplimiento (que al fin y al cabo puede tener consecuencias económica vía demandas de responsabilidad del Estado por los incumplimientos del Derecho de la Unión

4. Sentencia de Recurso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (después de una media de 2 años) sobre si el Estado ha infringido el Derecho la UE y la imposición de multa y la obligación de adaptar la legislación lo antes posible

5. Si la Comisión entiende que no se ha cumplido la sentencia europea subsanando el incumpliento el país, la Comisión puede decidir emitir una nueva
carta de emplazamiento a España instajndo a cumplirlo, y si no lo hace,  vover a remitir al Tribunal de Justicia de la UE, esta vez ya pidiendo al Tribunal europeo  que imponga el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva . En caso de incumplimiento puede repetirse tantas veces como el incumplimiento estime la Comisión con nuevas propuestas de multas

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