'La Comisión Europea ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento complementaria a España [INFR(2021)2235] por haber transpuesto incorrectamente a su legislación nacional las normas de la UE relativas a la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal [Directiva (UE) 2017/1371, «la Directiva PIF»].
La Directiva es una piedra angular de la arquitectura de lucha contra el fraude de la UE. Protege el presupuesto de la UE, puesto que armoniza las definiciones, las sanciones y las reglas de competencia relacionadas con el fraude y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la UE. También sienta las bases de la competencia de la Fiscalía Europea. El plazo para transponer la Directiva al Derecho nacional expiró el 6 de julio de 2019.
En diciembre de 2021, la Comisión envió una carta de emplazamiento a España en la que señalaba determinadas deficiencias en la transposición de la Directiva PIF, por ejemplo, en relación con la definición de corrupción.
La Comisión ha determinado ahora que España, además de las deficiencias señaladas anteriormente, no incluye adecuadamente el delito de malversación de fondos de la UE y prevé una pena máxima de prisión inferior al nivel exigido por la Directiva. Por consiguiente, la Comisión envía una carta de emplazamiento complementaria a España, que dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión. De no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado.'
Fuente: nota de prensa de la Comisión Europea de 19/11/2026
NOTA DEL EDITOR: Recordamos los pasos de un procedimiento de infracción de la Unión Europea, que pueden conducir a importantes sanciones millonarias , además de cambios legislativos en un país para evitarlas:
0. (Procedimiento de infracción informal) Diálogo estructurado o "EU Pilot", para dar oportunidad de solución rápida y evitar el procedimiento formal de infracción
1. "Carta de emplazamiento"
al Gobierno del Estado, que supone la apertura del procedimiento formal
de infracción. En teoría, en dos meses debe haber observaciones . Puede haber cartas adicionales.
Y éste el estado -inicial- en el que se sigue encontrando a día de hoy el procedimiento de infracción INF(2021)2335 contra España de la noticia por no disponer de legislación válida y completa de lucha contra el fraude del uso del presupuesto de la UE.
2. "Dictamen motivado" , si no hay respuesta o no son satisfactorias las observaciones presentadas por el país. Abre m plazo de dos meses para que
el Estado se ajuste -con nueva normativa-al cumplimiento del Derecho de la UE señalado.
Puede haber prórrogas.
Y éste el estado en el que se sigue encontrando a día de hoy el procedimiento de infracción INF(2014)4334 contra España por no disponer de legislación válida que sancione el abuso de temporalidad pública.
3. "Recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea",
si no hay respuesta en forma de normativa aprobada o no es
satisfactoria, que puede ir ir ya con petición
de la Comisión al Tribunal europeo de que imponga el pago de una suma a
tanto
alzado o de una multa coercitiva a la par que la declaración de
incumplimiento, sólo si se trata de un procedimiento de incumplimiento
por transposición parcial de una norma de la UE. En otro caso, esta
primera vez la CE sólo pide la declaración de incumplimiento (que al fin
y al cabo puede tener consecuencias económica vía demandas de
responsabilidad del Estado por los incumplimientos del Derecho de la
Unión
Es
éste el estado en el que se encuentra el procedimiento de infracción INFR(2017)4004] contra España por no disponer de normativa válida de responsabilidad de la AAPP ante el incumplimiento de normativa UE.
También es el estado en el que se encuentra el procedimiento de infracción sobre
condiciones laborales transparente y previsibles contra España INFR(2022)0354
4. Sentencia de Recurso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(después de una media de 2 años) sobre si el Estado ha infringido el
Derecho la UE y la imposición de multa y la obligación de adaptar la
legislación lo antes posible.
5. Si la Comisión entiende que no se
ha cumplido la sentencia europea subsanando el incumplimiento el país, la
Comisión puede decidir emitir una nueva carta de emplazamiento a España instando a cumplirlo, y si no lo hace, volver a remitir al
Tribunal de Justicia de la UE, esta vez ya pidiendo al Tribunal europeo que imponga el pago de una suma a tanto
alzado o de una multa coercitiva . En caso de incumplimiento puede repetirse tantas veces como el incumplimiento
estime la Comisión con nuevas propuestas de multas.
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