'La Comisión Europea se remite a una serie de denuncias que ha
recibido en relación con la posible utilización abusiva de contratos
sucesivos de duración determinada en el sector público italiano.
Los empleados afectados son:
- personal empleado en fundaciones líricas y sinfónicas italianas;
- personal
docente y personal auxiliar administrativo y técnico («personal ATA»)
con contratos de duración determinada para cubrir vacantes temporales;
- personal sanitario del Servicio Nacional de Salud, incluidos los directivos, con contratos de duración determinada;
- trabajadores
con contratos de duración determinada en el ámbito de la enseñanza
superior de artes, música y danza (AFAM), que dependen del Ministerio
dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR, Ministerio de Educación,
Universidades e Investigación);
- personal de instituciones públicas de investigación con contratos de duración
determinada; - relaciones
laborales entre empleadores y trabajadores con contrato de duración
determinada en el sector agrícola, tal como se definen en el artículo
12, apartado 2, del Decreto Legislativo nº 375, de 11 de agosto de
1993, en particular trabajadores de la silvicultura;;
- llamamientos al personal voluntario del cuerpo nacional de bomberos.
Algunos de estos trabajadores también tienen condiciones de trabajo menos favorables que los trabajadores permanentes, en particular en lo que respecta al reconocimiento de los servicios prestados con contratos de duración determinada.
La
Comisión ha examinado la legislación italiana en lo que se refiere a su
conformidad con las cláusulas 4 y 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada anexo a la Directiva 1999/70/CE [1]. Por consiguiente, decidió incoar un procedimiento de infracción [INFR(2014) 4231][2] mediante el envío de una carta de emplazamiento el 17 de julio de 2019. El 3 de diciembre de 2020 se envió una carta de emplazamiento complementaria
El 19 de abril de 2023 la Comisión envió a Italia dictamen motivado, ya que las explicaciones que este país facilitó en sus respuestas a las cartas de emplazamiento enviadas el 17 de julio de 2019 y el 3 de diciembre de 2020 no eran satisfactorias. Italia dispone ahora de dos meses para notificar a la Comisión las medidas concretas adoptadas para cumplir la Directiva; de no hacerlo, esta podría optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Comisión, a través de su sitio web [3], mantendrá informados a los demandantes del curso que decida dar al procedimiento de infracción.