[Comisión Europea] 'Paquete de procedimientos de infracción de diciembre: principales decisiones. La Comisión insta a España a que cumpla el Derecho de la Unión en materia de responsabilidad del Estado por los incumplimientos del Derecho de la Unión' [España no ha ejecutado la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 28/06/2022 y abre nuevo procedimiento de infracción ahora ya con el objetivo de solicitar al TJUE que imponga una multa contra España si España si sigue sin legislación válida]

'La Comisión Europea ha decidido enviar una carta de emplazamiento a España [INFR(2017)4004] por no ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia, de 28 de junio de 2022, en el asunto C-278/20, relativo a la responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho de la Unión. 

La responsabilidad del Estado es un principio importante del Derecho de la Unión Europea que establece la indemnización por las pérdidas o daños causados a los particulares por el legislador mediante infracciones del Derecho de la Unión. En 2015, la Comisión recibió denuncias relativas a la incompatibilidad de determinados aspectos de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el Derecho de la Unión. 

Dado que España no había adoptado ninguna modificación tras el dictamen motivado de la Comisión, esta decidió en noviembre de 2019 remitir el asunto al Tribunal de Justicia. En su sentencia de 28 de junio de 2022 en el asunto C-278/20, el Tribunal de Justicia confirmó que España había infringido el Derecho de la Unión. Hasta la fecha, España no ha incorporado la sentencia del Tribunal de Justicia a su ordenamiento jurídico. 

Recordatorio [19/11/2024] La Comisión Europea informa oficialmente del curso de la denuncia múltiple abierta desde 2018 -y vinculada a un procedimiento de infracción contra España- sobre el abuso de duración de temporalidad en empleados públicos españoles: ha visto las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de 22/02/2024 y 13/06/2024 y ha enviado una carta adicional a España en el procedimiento de infracción abierto

 [Recordatorio de entrada publicada en este blog el 19/11/2024 OJO HACE justo UN AÑO]

[19/11/2024] La Comisión Europea acaba de publicar en su página web sobre procedimientos de denuncia múltiple un nuevo documento oficial , de fecha 13/11/2023, de "Información sobre el seguimiento de las denuncias registradas con la referencia CPLT (2013)01917 - Ausencia de medidas destinadas a evitar utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada en el sector público español", es decir, teniendo en cuenta que  "el prefijo de la referencia de denuncia múltiple se ha cambiado de CHAP a CPLT debido a cambios en  sistema interno de registro de denuncias",  la denuncia múltiple en la Comisión Europea que unificaba en 2018 (¡no en 2013!) a partir de una de las denuncias de 2013 y el gran número de denuncias recibidas sobre abuso en duración de la temporalidad de empleados públicos españoles principalmente en torno a 2017 y 2018 contra la solución de 2017 y 2018 del Gobierno del Estado y sindicatos de procesos selectivos de libre concurrencia con los puestos sin ni indemnización al personal de larga temporalidad que fuera cesado que le habían llegado de las campañas como las del abogado Martos en su asociación de interinos ANIL, la  campaña masiva de la Plataforma de Interinos Pi, la del grupo de clientes del Abogado de Araúz de sus denuncias pioneras de 2016 solicitando cuestiones prejudiciales, y muchos otros . Desde entonces, la Comisión Europea acumula en esta denuncia múltiple cualquier denuncia sobre el tema recibida de un particular u organización.

La anterior información oficial de la Comisión Europea  en su página web sobre esta denuncia múltiple CHAP(2013)01917 databa de hace más de un año, indicando entonces  la Comisión Europea que aplazaba cualquier acción por su parte hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciara en las cuestiones prejudiciales de los 5 asuntos pendientes de España sobre abuso de temporalidad en empleo público, en concreto los

• los tres asuntos  de decisión prejudicial elevadas por la sección 2ª de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al Tribunal de Justicia Europeo, que ya tuvieron sentencia acumulada del TJUE el 22/02/2024
• los asuntos C-331/22  y  o C-332/22 ,  acumulados como "Generalitat de Catalunya" , elevado por un juzgados de lo Contencioso de Barceona, y que ya tuvieron la sentencia del TJUE el 13/06/2024

 

Ahora la nueva actualización de información oficial sobre la denuncia múltiple CPLT o CHAP(2013)0916 , la Comisión Europea dice literalmente (traducción de Google  y nuestra, expandiendo las notas a pie de página y con resaltados en negrita cursiva nuestros):

[Comisión Europea] 'La Comisión abre una investigación sobre una posible infracción de la Ley de Mercados Digitales por parte de Google al degradar el contenido de los editores de medios en los resultados de búsqueda'

 'La Comisión Europea ha iniciado hoy procedimientos formales para evaluar si Google aplica condiciones justas, razonables y no discriminatorias de acceso a los sitios web de los editores en la Búsqueda de Google, que es una obligación en virtud de la Ley de Mercados Digitales (DMA).

El trabajo de seguimiento de la Comisión ha mostrado indicios de que Google, sobre la base de su «política de abuso de reputación del sitio», está degradando los sitios web de los medios de comunicación y otros editores y el contenido de los resultados de búsqueda de Google cuando dichos sitios web incluyen contenido de socios comerciales. Según Google, esta política tiene como objetivo abordar las prácticas que supuestamente están destinadas a manipular la clasificación en los resultados de búsqueda.

La Comisión Europea informa sobre el seguimiento de la denuncia múltiple de los magistrados honorarios de Italia que ha decidido llevar a ITALIA ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque la última reforma legal de Mayo de 2025 para los magistrados honorarios todavía no se adapta a la normativa UE de forma suficiente para los contratados después de Agosto de 2017. También, tras la sentencia del TJUE Pelavi, ha abierto otro procedimiento de infracción por la renuncia de los jueces estabilizados a ciertos derechos

Acaba de publicarse en la página web de la Comisión Europea de seguimiento de los procedimientos de denuncias múltiples una nota informativa de 11/11/2025 de  la Comisión Europea sobre el seguimiento de la denuncia múltiple CPLT(2015)1071, sobre la "posible incompatibilidad de las condiciones laborales de los magistrados honorarios en Italia con diversas disposiciones del Derecho laboral de la Unión Europea", entre ellas la protección y sanciones ante su abuso de temporalidad.

Tal y como recuerda la propia Comisión en su nota,  hubo dos primeras sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre estos jueces honorarios:

1. La sentencia de 16/07/2020 en el asunto C‑658/18, donde el alto tribunal europeo ya dijo que estos magistrados son trabajadores de la UE, bajo el ámbito de todas las directivas  europeas sobre el trabajo, y como temporales , además bajo la protección de la Directiva Europea 1999//70/CE sobre empleo temporal  (y  además que eran jueces de la Unión Europea)
2.  La sentencia de 7/04/2022, en el asunto C-236/20, donde  el Tribunal de Justicia de la UE , además de declarar derecho a la igualdad de trato en varias condiciones laborales cuestionadas por el caso (vacaciones anuales retribuidas y protección de la seguridad social),  sentenció que sus largas temporalidades son una situación de abuso de temporalidad que requiere de una sanción y la normativa italiana que prohíbe la fijeza  viola la normativa de la Unión Europea si no contempla otras sanciones disuasorias.

En paralelo, el 15 de julio de 2021, la Comisión decidió abrir un procedimiento de infracción contra Italia, el INFR(2016)4081, ya que entendió que su "legislación nacional aplicable a los magistrados honorarios no cumple plenamente con la legislación laboral de la UE", en concreto con la  Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada ("temporal"),  la Directiva 97/81/CE sobre trabajo a tiempo parcial, la  Directiva 2003/88/CE sobre el tiempo de trabajo y la Directiva 92/85/CE sobre trabajadoras embarazadas.  En cuanto a la Directiva 1999/70/CE , la Comisión Europea determinó que no "están suficientemente protegidos contra la abuso de sucesivos contratos de duración determinada, y no tienen la posibilidad de obtener la adecuada compensación por tal abuso"

En reacción a la sentencia de 16/07/2020 y ese  procedimiento de infracción, Italia adoptó una nueva legislación en diciembre de 2021, para ofrecer la posibilidad de regularización como trabajadores propios indefinidos del Ministerio de Justicia , con cambios de condiciones laborales, a  los 6 mil jueces honorarios italianos mediante unos  "procesos de evaluación " , restringidos a los jueces honorarios actuales con un mínimo de antigüedad. y con una indemnización - en función de la antigüedad y con tope de 50 mil euros- si elegían no presentarse o no acababan superando la citada evaluación.

Recordatorio 7 de noviembre de 2024: [CEPPT] Portavoces de temporales de varias CCAA y de la CEEPT se reunieron con Economía de la Comisión Europea en Madrid . Se entrega informe de temporalidad en sector público e incumplimiento de compromisos y se pide que actúe ante incumplimiento de normativa UE establecido por las sentencias del TJUE

[ Recordatorio de entrada publicada aquí el 7/11/2024 OJO hace justo un año] 

'Portavoces de temporales de varias CCAA y de la CEEPT se reunieron con técnicos responsables de economía de la Comisión Europea en Madrid [el 05/11/2024]

Se les entregó informe con datos actualizados de temporalidad en el ssctor publico español sacados de cifras oficiales: 1millon temporales, 40% media, imposible reducir la temporalidad al 8%.

No vale tampoco reducir la temporalidad ilícita mediante ceses ilegales de EP, cosa que sucede en muchas administraciones públicas.

Estimación de miles de millones en indemnizaciones inasumibles tanto por el Reino de España como por Europa 

Por tanto, única sanción viable sin coste #FijezaYa

Recordatorio. El Tribunal General de la Unión Europea no admite las demandas de indemnización por responsabilidad extracontractual de la Comisión Europea planteadas por empleados públicos en abuso de temporalidad ante su abstención frente a la vulneración de las autoridades administrativas y judiciales españolas de la clásula 5ª de la Directiva Europea 1999/70/CE: : los particulares no tienen derecho a exigir la actuación de la Comisión en procedimiento de infracción y no hay relación directa de daño por esa omisión, el daño es de los órganos españoles

 [Recordatorio de entrada publicada el 31/10/2025]

El Tribunal General de la Unión Europea  ha recibido   varias decenas de  demandas  de empleados públicos temporales, asistidos por el conocido abogado Josep Jover, de "recursos por responsabilidad" por responsabilidad extracontractual de la Comisión Europea por "su abstención  frente a la vulneración por las autoridades españolas de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinad"a y en la que solicitaban se condenara a la Comisión a abonar al empleado una indemnización de varias decenas de miles de euros.

Se ha publicado el Auto del Tribunal General de la UE  de 06/10/2025 con la decisión de este tribunal en uno de estos asuntos, en concreto, el Asunto T-226/25, de una interina de educación infantil pública de Cataluña durante diecisiete años y que no ha obtenido plaza fija en el concurso de méritos de la Ley 20/2021 de su administración. El Tribunal General ha decidido no admitir la demanda.

En concreto, según el texto del auto, la demandante sostenía (como a buen seguro es el caso en el resto de decenas de demandas):

El Tribunal General de la Unión Europea no admite las demandas de indemnización por responsabilidad extracontractual de la Comisión Europea planteadas por empleados públicos en abuso de temporalidad ante su abstención frente a la vulneración de las autoridades administrativas y judiciales españolas de la clásula 5ª de la Directiva Europea 1999/70/CE: : los particulares no tienen derecho a exigir la actuación de la Comisión en procedimiento de infracción y no hay relación directa de daño por esa omisión, el daño es de los órganos españoles

El Tribunal General de la Unión Europea  ha recibido   varias decenas de  demandas  de empleados públicos temporales, asistidos por el conocido abogado Josep Jover, de "recursos por responsabilidad" por responsabilidad extracontractual de la Comisión Europea por "su abstención  frente a la vulneración por las autoridades españolas de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinad"a y en la que solicitaban se condenara a la Comisión a abonar al empleado una indemnización de varias decenas de miles de euros.

Se ha publicado el Auto del Tribunal General de la UE  de 06/10/2025 con la decisión de este tribunal en uno de estos asuntos, en concreto, el Asunto T-226/25, de una interina de educación infantil pública de Cataluña durante diecisiete años y que no ha obtenido plaza fija en el concurso de méritos de la Ley 20/2021 de su administración. El Tribunal General ha decidido no admitir la demanda.

En concreto, según el texto del auto, la demandante sostenía (como a buen seguro es el caso en el resto de decenas de demandas):

El Tribunal General de la Unión Europea no admite las demandas, presentadas por CGT, denunciando la omisión de acción de la Comision Europea ante el abuso de temporalidad en el empleo público español: las acciones de la CE ante infracción del derecho de la UE se dirigen contra un país y los particulares no están habilitados para interponer recursos de omisión de estas acciones

 El Tribunal General de la Unión Europea  había  recibido   seis  demandas de recursos de omisión interpuestos por la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Publicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) contra la Comisión Europea, , que habia admitido para registro inicial como asuntos,  T-453/25, T-454/25, T-455/25, T-456/25, T-457/25 y T-458/25, todos bajo la denominación “FETAP-CGT y otros / Comisión”.

Las demandas se interpusieron por FETAP-CGT en nombre de más de 300 trabajadoras y trabajadores temporales de las administraciones local, autonómica y general del Estado, procedentes de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Madrid, denunciando que "la Comisión ha incumplido su obligación legal de garantizar la aplicación efectiva de la Directiva 1999/70/CE, tolerando durante años normas nacionales, como la Ley 20/2021 y el RDL 14/2021, que no prevén sanciones reales, proporcionales ni disuasorias".

[Comisión Europea] Paquete de procedimientos de infracción de Octubre de 2025: 'La Comisión insta a ITALIA a adaptar su legislación sobre las condiciones laborales de los jueces honorarios al Derecho de la UE' ['La Comisión decide llevar a ITALIA ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no adaptar sus normas sobre las condiciones laborales de los jueces honorarios']

[08/10/2025] ' Hoy, la Comisión ha decidido incoar un procedimiento de infracción contra Italia (INFR(2025)2159) mediante el envío de una carta de emplazamiento por no adaptar su legislación sobre jueces honorarios al Derecho laboral de la UE. La carta de emplazamiento se refiere a los jueces honorarios que ya estaban en servicio el 15 de agosto de 2017. Dado que la legislación italiana establece normas diferentes para los jueces según si fueron nombrados antes o después del 15 de agosto de 2017, la Comisión está llevando a cabo dos procedimientos de infracción separados. Para los jueces honorarios contratados después de esa fecha, la Comisión ha decidido, también hoy, llevar a Italia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Para esta categoría, la Comisión considera que la legislación italiana sigue incumpliendo las normas de la UE sobre trabajo de duración determinada, trabajo a tiempo parcial y tiempo de trabajo. La Comisión inició este procedimiento de infracción en julio de 2021 mediante el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades italianas, seguida de una carta de emplazamiento adicional en julio de 2022, un dictamen motivado en julio de 2023 y un dictamen motivado adicional en octubre de 2024. La Comisión considera que los esfuerzos de las autoridades han sido insuficientes hasta la fecha y, por lo tanto, lleva a Italia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (INFR(2016)4081).

[FETAP-CGT] 'FETAP-CGT anuncia la admisión a tramite de sus seis recursos en el Tribunal General de la UE contra el abuso de la temporalidad en el sector público y reafirma su participación en la concentración estatal del 7 de octubre'

 'El Tribunal General de la Unión Europea ha registrado oficialmente los seis recursos de omisión interpuestos por la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Publicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) contra la Comisión Europea, asignándoles los números de asunto T-453/25, T-454/25, T-455/25, T-456/25, T-457/25 y T-458/25, todos bajo la denominación “FETAP-CGT y otros / Comisión”.

Esta publicación en el Registro Público de Curia confirma que el Tribunal ha admitido los escritos y ha abierto los expedientes correspondientes. Con ello se consolida una ofensiva judicial inédita en Europa contra la pasividad de la Comisión Europea frente al abuso de temporalidad en el empleo público español.

FETAP-CGT recuerda que estos recursos se basan en el artículo 265 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite exigir a las instituciones comunitarias que actúen cuando omiten hacerlo. En este caso, se reclama que la Comisión cumpla con su obligación de aplicar la Directiva 1999/70/CE y actúe ante el incumplimiento sistemático del Estado español.

La Federación subraya que esta admisión a trámite demuestra que la causa tiene recorrido jurídico y que la justicia europea examinara por primera vez la inacción de la Comisión ante un abuso masivo y prolongado que afecta a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores públicos.

El Gobierno responde a las preguntas del Partido Popular sobre el cumplimiento de los procesos de estabilización y el nuevo plan para reducir la temporalidad que con todos los procesos se han "estabilizado 366 mil plazas" superando "holgadamente" el compromiso con la UE del Plan de Recuperación , ya no hay límite para poder reducir al 8% de temporalidad, existe procedimiento de infracción de la Comisión Europea y ya ha propuesto un plan a las CCAA y entidades locales

Se ha publicado en el  BOCG de  este 29/09/2025 la respuestas del Gobierno del Estado a las  preguntas  que presentó el Partido Popular en el Congreso  para respuesta escrita sobre el grado de cumplimiento de la Ley 20/2021 y del objetivo de reducir la temporalidad en el empleo público así como de plan que está preparando el Gobierno.

La respuesta del Gobierno del Estado, a buen seguro que confeccionada por la Secretaría de Estado de Función Pública,  ha sido para las preguntas 25629 , 25628 , 25627, 25626, 25625 , 25623 y 25622 esta respuesta común , literalmente [resaltados en negrita cursiva y enlaces en el texto nuestros]:

[Comisión Europea] 'Decisiones de infracción. 'La Comisión insta a los Estados miembros a transponer plenamente la Directiva Ómnibus sobre el Punto Único de Acceso Europeo (PAES) para garantizar el acceso de los inversores a la información pública corporativa' [entre ellos, España]

 'La Comisión Europea decidió incoar procedimientos de infracción mediante el envío de una carta de emplazamiento a Bulgaria, Estonia, España, Francia, Croacia, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Austria, Portugal, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Suecia por no haber transpuesto íntegramente la Directiva Ómnibus del Punto Único Europeo de Acceso (PAES) (Directiva UE 2023/2864) en relación con las modificaciones introducidas en la Directiva sobre Transparencia (Directiva 2004/109/CE).  

[Diario Sabemos] El Tribunal General de la UE admite a trámite las demandas de responsabilidad extrapatrimonial de la Uniónn Europea por no actuar ante el abuso de temporalidad público español

 Informaba Diario Sabemos el 18/09/2025 que el Tribuna General de la UE a admitido a traḿite todas - en torno a 30- demandas interpuestas ante este Tribunal de responsabilidad extrapatrimonial de la Unión Europea por no actuar adecuadamente  la Comisión Europea  en los procedimientos de infracción frente al abuso estructural y prolongado de la temporalidad en el sector público español y tras las reiteradas setencias de cuestiones prejudicales del Tribunal de Justicia de la UE.

Recordatorio. [Comisión Europea] 'La Comisión desembolsa casi 43 000 millones de euros a cinco Estados miembros en el marco de NextGenerationEU. España: desembolso de 23 100 millones EUR; se suspende 627 millones € debido a la reversión de un hito vinculado a la reforma del empleo temporal en la función pública'

 [Recordatorio de entrada publicada el 11 de Agosto de 2025]

La Comisión Europea ha desembolsado un total de 42 800 millones de euros a cinco Estados miembros (Italia, Portugal, Chipre, Malta y España) en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), la pieza central de NextGenerationEU. Los desembolsos forman parte de los esfuerzos de la Comisión para apoyar el crecimiento económico y la resiliencia de los Estados miembros de la UE, y se basan en los pasos exitosos en la aplicación de las reformas e inversiones descritas en el plan de recuperación y resiliencia de cada país.

España: desembolso de 23 100 millones EUR

La Comisión ha desembolsado 23 100 millones de euros a España, lo que representa el quinto pago en el marco del MRR. Este pago incluye 7 000 millones de euros en préstamos y 16 000 millones de euros en subvenciones. El pago cubre 82 de los 84 hitos y objetivos, incluidos pasos importantes en la ejecución de 20 reformas y 49 inversiones. Las reformas e inversiones incluyen medidas para impulsar la adopción y la inversión en energías renovables, reducir la burocracia y garantizar que las fuentes de energía limpia estén mejor conectadas a la red eléctrica, crear un Consejo de Finanzas Sostenibles como foro para promover la colaboración público-privada en este ámbito y mejorar la eficiencia de la justicia. También incluyen inversiones en viajes ferroviarios de corta distancia, el refuerzo de la resiliencia de los ciudadanos y las pymes en materia de ciberseguridad mediante el impulso de la industria de la ciberseguridad y el apoyo a las empresas innovadoras.

Como parte de este desembolso, se están pagando aproximadamente 139 millones de euros en relación con un objetivo que se suspendió anteriormente en la cuarta solicitud de pago. Este objetivo tenía por objeto apoyar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Desde entonces, España ha cumplido los requisitos, permitiendo la liberación de estos fondos.

Paralelamente, se suspende un importe de aproximadamente 500 millones EUR para dos hitos relacionados con el componente de subvención de la quinta solicitud de pago, relativos a una reforma fiscal y la digitalización de las entidades regionales y locales que se consideran no cumplidas en este momento. España dispone ahora de seis meses para cumplir satisfactoriamente estos dos hitos.

Se suspende un importe adicional de aproximadamente 627 millones de euros debido a la reversión de un hito vinculado a la reforma del empleo temporal en la función pública. Este importe se había desembolsado previamente como parte de la primera solicitud de pago de España. La Comisión ha deducido este importe de la quinta solicitud de pago, ya que el hito ya no puede considerarse cumplido satisfactoriamente. España dispone ahora de seis meses para adoptar medidas adicionales para cumplir satisfactoriamente este hito. 

Recordatorio. [CGT FETAP] 'FETAP-CGT interpone seis demandas ante el Tribunal General de la UE frente al abuso de temporalidad en el sector público español'

 [Recordatorio  de entrada publicada el 15/07/2025]

 'El pasado 10 de julio, la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP-CGT) presentó seis demandas ante el Tribunal General de la Unión Europea, mediante recurso de omisión contra la Comisión Europea, por no actuar frente al abuso estructural y prolongado de la temporalidad en el sector público español.

Las demandas se interponen en nombre de más de 300 trabajadoras y trabajadores temporales de las administraciones local, autonómica y general del Estado, procedentes de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Madrid. FETAP-CGT denuncia que la Comisión ha incumplido su obligación legal de garantizar la aplicación efectiva de la Directiva 1999/70/CE, tolerando durante años normas nacionales, como la Ley 20/2021 y el RDL 14/2021, que no prevén sanciones reales, proporcionales ni disuasorias.

¿Qué implicaría una sentencia favorable?

Si el Tribunal General estima el recurso, la Comisión estará jurídicamente obligada a actuar para dar cumplimiento a la sentencia. En la práctica, debería activar de inmediato un procedimiento de infracción contra España, que culmine con sanciones reales por el incumplimiento del Derecho de la Unión en materia de temporalidad abusiva.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo comunica respuesta de la Comisión Europea en una nueva petición, la 1460/2024 de un particular, sobre la falta de medidas válidas ante el abuso de temporalidad público: "La Comisión ya está investigando el asunto en el marco de un procedimiento de infracción INFR(2014)4334"

 El Parlamento Europeo admitió a trámite este año 2025 una nueva  Petición (la nº 1460/2024 , presentada por un particular) sobre el abuso de temporalidad en el sector público español y la falta de medidas válidas ante la Directiva 1999/70/CE y su más reciente interpretación por el Tribunal de Jusicia de la UE para  esa situación que se da en cientos de miles de empleados públicos españoles. La petición se encuentra abierta a adhesiones de más particulares.

La argumentación de la petición incluye la falta de validez de las medidas de la Ley 20/2021, la reacción por ahora del gobierno de España tras las sentencias de 2020 en el asunto Sánchez Ruiz sobre casos de personal funcionario/estatutario y 2021 en el asunto IMIDRA sobre un caso de personal labora y el correspondiente procedimiento de infracción de la Comisión Europea, en el marco de un compromiso de reducción de temporalidad pública para poder recibir fondos europeos del Plan de Recuperación Español. También señala que, en 2024, el TJUE sentenció que ni las medidas a futuro ni los procesos de estabilización de la citada Ley o los anteriores son medidas válidas para preventir y , en su caso, sancionar el abuso.. Y , por último, informa que la jurispruencia del Tribunal Supremo español, que deja en la práctica sin compensación alguna al funcionario/estatutario en abuso y concede la figura insuficiente por ser también temporal del indefinido no fijo al laboral temporal en abuso,  tampoco es válida según el TJUE. Por lo que se pide que la UE actúe para hacer valer su normativa.

En conceto, según el propio resumen de la petición realizado por e Parlamento Europeo:

[Agrupación interinos] 'Pacto Social por los Servicios y el Empleo Público' [Para impulsar una Ley de Punto Final que resuelva el abuso de temporalidad en las AAPP respetando las exigencias europeas]

'La reforma laboral de 2021 ha reducido la temporalidad en el sector privado a mínimos históricos (12,1% en el primer trimestre de 2025), mientras en el sector público, se mantiene endémicamente alta, situándose en un 28% en el mismo período. Los datos más recientes del Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP) de julio de 2024 elevan la cifra de empleados públicos temporales a 1.077.716, lo que supone un 35,4% del total. El problema se concentra principalmente en las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, que aglutinan a nueve de cada diez temporales y donde los sectores clave del Estado del Bienestar, como la sanidad y la educación, presentan tasas de temporalidad del 50% y 33% respectivamente. La causa raíz de esta situación es la incapacidad crónica de las administraciones para cubrir sus plazas vacantes de forma ágil, recurriendo sistemáticamente a la figura del interino para necesidades estructurales.

La respuesta legislativa, materializada en la Ley 20/2021, ha resultado ser un fracaso conceptual. Sus procesos de estabilización, como el concurso-oposición o el concurso de méritos, se centran en estabilizar plazas y no en sancionar el abuso sufrido por los trabajadores. Obligan al personal que ha padecido la temporalidad abusiva a competir por su propio puesto en un proceso de resultado incierto, lo cual ha sido considerado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como una medida no adecuada ni reparadora. De igual modo, la compensación económica de 20 días por año se considera insuficiente y no disuasoria. Esta visión choca frontalmente con la doctrina del TJUE, que ha señalado que, a falta de otras medidas efectivas en el ordenamiento español, la conversión de la relación temporal abusiva en una relación fija es la sanción que cumple con los objetivos de la Directiva 1999/70/CE, generando una colisión con la jurisprudencia del Tribunal Supremo español y una profunda inseguridad jurídica.

[Comisión Europea] 'La Comisión desembolsa casi 43 000 millones de euros a cinco Estados miembros en el marco de NextGenerationEU. España: desembolso de 23 100 millones EUR; se suspende 627 millones € debido a la reversión de un hito vinculado a la reforma del empleo temporal en la función pública'

 La Comisión Europea ha desembolsado un total de 42 800 millones de euros a cinco Estados miembros (Italia, Portugal, Chipre, Malta y España) en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), la pieza central de NextGenerationEU. Los desembolsos forman parte de los esfuerzos de la Comisión para apoyar el crecimiento económico y la resiliencia de los Estados miembros de la UE, y se basan en los pasos exitosos en la aplicación de las reformas e inversiones descritas en el plan de recuperación y resiliencia de cada país.

España: desembolso de 23 100 millones EUR

La Comisión ha desembolsado 23 100 millones de euros a España, lo que representa el quinto pago en el marco del MRR. Este pago incluye 7 000 millones de euros en préstamos y 16 000 millones de euros en subvenciones. El pago cubre 82 de los 84 hitos y objetivos, incluidos pasos importantes en la ejecución de 20 reformas y 49 inversiones. Las reformas e inversiones incluyen medidas para impulsar la adopción y la inversión en energías renovables, reducir la burocracia y garantizar que las fuentes de energía limpia estén mejor conectadas a la red eléctrica, crear un Consejo de Finanzas Sostenibles como foro para promover la colaboración público-privada en este ámbito y mejorar la eficiencia de la justicia. También incluyen inversiones en viajes ferroviarios de corta distancia, el refuerzo de la resiliencia de los ciudadanos y las pymes en materia de ciberseguridad mediante el impulso de la industria de la ciberseguridad y el apoyo a las empresas innovadoras.

[SATSE] 'Europa multa a España por incumplir la Directiva de conciliación familiar y laboral. La sanción por el retraso asciende a casi 7 millones de euros, mientras se aprueban nuevos permisos para cuidadores y progenitores.' [Por una sentencia de un recurso de incumplimiento puesto por la Comisión Europea como paso final de un procedimiento de infracción]

'El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a España a pagar una multa de 6.832.000 euros por no haber adaptado su legislación interna a la directiva europea sobre la conciliación de la vida familiar y laboral. La sentencia, que llega en un contexto de importantes avances legislativos en España sobre esta materia, subraya la lentitud del país a la hora de implementar normativas comunitarias esenciales para los trabajadores.

La decisión del tribunal europeo se basa en el incumplimiento de la Directiva (UE) 2019/1158, que busca garantizar la conciliación de la vida familiar y profesional para los progenitores y cuidadores en toda la Unión. Los jueces concluyeron que, al expirar el plazo establecido por la Comisión Europea, España no había adoptado las medidas necesarias para incorporar esta normativa a su ordenamiento jurídico. Este retraso ha motivado una sanción económica de más de seis millones de euros, a la que se suman más posibles sanciones de 19.700 euros diarios si España persiste en su incumplimiento.

Recordatorio. Comparecencia del Ministro de Economía en la comisión mixta Congreso/Senado de 17/07/2025 sobre el estado del Plan de Recuperación.. Sobre los fondos suspendidos por el incumplimiento del hito 144 de reducción de temporalidad con sanciones al abuso: hemos trabajado con la Comisión Europea en medidas que irán en la nueva ley de función púbica y la reforma de la carrera judicial y fiscal en tramitación en el Congreso

 [Recordatorio de entrada publicada el  18/07/2025] Este 17/07/2025 en el Senado Sesión extraordinaria. de la  Comisión Mixta Congreso/Senado para la Unión Europea. con la comparecencia del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, (nº Exp. Congreso 214/80 de Congreso y Sen  para "informar sobre los progresos y avances del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española".

Puede verse una retransmisión de la sesión en el Canal del Senado en YouTube.

El ministro en su intervención inicial  recordó la "buena" noticia del desembolso de la Comisión Europa de 24 mil millones por el quinto pago de los fondos  no reembolsables  y segundo pago de los préstamos en el marco  Next Generation del PRTR español por "83 hitos cumplidos", pero no hizo mención alguna  a  la suspensión de  1.100  millones de los fondos europeos por 3 hitos declarados incumplidos,  comunicados igualmente  dentro de la evalución de ese 5º pago de fondos no reembolsables, entre ellos 626 millones por el hito nº144 del compromiso de tener una ley de reducción de temporalidad con  medidas efectivas para evitar y sancionar el abuso ede temporalidad, tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE,   que han establecido que ni el Real Decreto ley 14/2021 ni la posterior Ley 20/2021 contienen medidas efectivas para sancionar el abuso.