'“La Unión Europea no puede autorizar la concesión a España de los 626 millones de euros de fondos del Plan de Recuperación suspendidos hasta que el Gobierno no apruebe una nueva ley que sancione eficazmente el abuso de temporalidad mediante la estabilización real de todas las personas afectadas”. Esta es la conclusión de un extenso y documentado informe que ha presentado esta mañana a la Representación de la Comisión Europea en Madrid la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, una plataforma que aglutina a organizaciones y sindicatos de interinos de toda España, entre ellos el aragonés STEPA.
El informe detalla cómo la Administración pública española “lleva décadas infringiendo la normativa y sentencias europeas por la ausencia de normativa nacional válida para sancionar el enorme volumen de abuso de temporalidad existente”. Además denuncia que cuando el Gobierno español preparó este Plan de Recuperación, en abril de 2021, “ocultó el volumen real de temporalidad en el empleo público y las cifras de puestos ocupados temporalmente que habría que transformar en fijos para reducir la temporalidad al 8%”.
Según muestran los últimos datos oficiales, el porcentaje de trabajadores temporales es del 32,2%, “casi un millón de personas, una parte muy significativa de ellos en situaciones de temporalidad claramente abusiva”. Además, el 76% de la temporalidad se da en las administraciones autonómicas.


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