Recordatorio. [27 de junio de 2025] La nueva Defensora del Pueblo de la UE responde a las múltipes denuncias recibidas por una posible falta de diligencia de la Comisión Europea en los procedimientos de infracción contra España sobre temporalidad pública: ha abierto un caso de tramitación conjunta y ha solicitado información a la Comisión Europea

NOTA DEL EDITOR PREVIA AL RECORDATORIO:  Según la  página de seguimiento común de los casos abiertos el 26/06/2025 por la Defensora Europea del Pueblo , todos los casos siguen en el mismo estado que cuando se abrió : Investigación en curso". Por otro lado, en cuanto a los procedimientos de infracción de la Comisión Europea que se citaban  en esta entrada, la Comisión  La decidió hace casi 2 meses enviar el Dictamen Motivado a España dando un primer plazo de 2 meses, que finaliza este lunes 29/06/2026, para que España regule nueva normativa (o al menos dé un calendario de su aprobación en los tres meses siguientes si solicita prórroga), con riesgo si no lo hace de ser llevada por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE en un recurso de incumplimiento.

 

 

[Recordatorio de entrada publicada el 27/06/2025 en este blog OJO hace justo un año] 

[27/06/2026] Estos días pasados la responsable de los casos de denuncia recibidos por la nueva Defensora Europea del Pueblo , Teresa Anjinho, sobre reclamaciones sobre la falta de  diligencia  e incluso de  "negligencia" de la Comisíón Europea en el tratamiento de los dos procedimientos de infracción de la Comisión Europea contra España  sobre temporalidad ha enviado esta contestación:

Recordatorio. La Vicepresidenta y comisaria europea de empleo Minzatu responde la pregunta de la eurodiputada de ERC, Diana Riba, sobres actuaciones para garantizar que España cumpla con la normativa y sentencias europeas en el abuso de temporalidad pública: podría llevar a España ante el TJUE para imponer sanciones financieras

[Recordatorio de entrada publicada el 04/05/2026 en este blog OJO hace 1 mes y medio] 

Acaba de publicarse   en la web del Parlamento Europeo la respuesta de la Comisión Europea,  firmada por la propia Vicepresidenta  ejecutiva y comisaria europea a cargo de Empleo junto con otras áreas, Roxana Minzatu, a la pregunta  de 11/03/2026 (nº E-001008/2026) de la eurodiputada de Esquerra Republicana  de Catalunya, Diana Riba i Giner, adscrita al grupo Verts/ALE en el Parlamento Europeo, sobre "Abuso de la temporalidad en España: cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE y posibles sanciones"  , pregunta realizada  tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de 2024, que ya habían establecido que la ley 20/2021 no contiene medidas válidas de sanción al abuso de temporalidad del empleado público, y de la suspensión de fondos europeos del Plan de Recuperación.

En concreto, la pregunta planteada rezaba así:

"España es el sujeto del procedimiento de infracción INFR(2014)4334 por no aplicar correctamente la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada en el empleo público.

El TJUE dictó sentencias sobre el abuso de la temporalidad el 22 de febrero de 2021 y el 13 de junio de 2024, y está prevista la sentencia del asunto C‑418/24 para el 14 de abril de 2026.

A pesar de esas sentencias y la Ley 20/2021, el abuso de la temporalidad en España sigue siendo elevado y el plazo de seis meses concedido por la Comisión para adoptar medidas venció el 7 de enero de 2026 sin resultados sustantivos.

Ante esta situación:

• 1.¿Qué criterios y actuaciones considera necesarios para garantizar que España cumpla plenamente con la Directiva 1999/70/CE y reduzca efectivamente el abuso de la temporalidad en el empleo público?
• 2.Tras las sentencias de 2021, 2024 y la próxima del 14 de abril de 2026 , ¿tiene previsto remitir el caso al TJUE, conforme al artículo 258 del TFUE, por incumplimiento persistente?
• 3.En caso de que persista el incumplimiento tras una posible decisión del TJUE, ¿qué criterios seguiría la Comisión para proponer sanciones económicas coercitivas contra España, según el artículo 260 del TFUE , y cuál sería el calendario para su aplicación?"

La respuesta de la Comisión Europea (según la traducción al español publicada) es literalmente:

La Vicepresidenta y comisaria europea de empleo Minzatu responde la pregunta de la eurodiputada de ERC, Diana Riba, sobres actuaciones para garantizar que España cumpla con la normativa y sentencias europeas en el abuso de temporalidad pública: podría llevar a España ante el TJUE para imponer sanciones financieras

Acaba de publicarse   en la web del Parlamento Europeo la respuesta de la Comisión Europea,  firmada por la propia Vicepresidenta  ejecutiva y comisaria europea a cargo de Empleo junto con otras áreas, Roxana Minzatu, a la pregunta  de 11/03/2026 (nº E-001008/2026) de la eurodiputada de Esquerra Republicana  de Catalunya, Diana Riba i Giner, adscrita al grupo Verts/ALE en el Parlamento Europeo, sobre "Abuso de la temporalidad en España: cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE y posibles sanciones"  , pregunta realizada  tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de 2024, que ya habían establecido que la ley 20/2021 no contiene medidas válidas de sanción al abuso de temporalidad del empleado público, y de la suspensión de fondos europeos del Plan de Recuperación.

En concreto, la pregunta planteada rezaba así:

"España es el sujeto del procedimiento de infracción INFR(2014)4334 por no aplicar correctamente la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada en el empleo público.

El TJUE dictó sentencias sobre el abuso de la temporalidad el 22 de febrero de 2021 y el 13 de junio de 2024, y está prevista la sentencia del asunto C‑418/24 para el 14 de abril de 2026.

A pesar de esas sentencias y la Ley 20/2021, el abuso de la temporalidad en España sigue siendo elevado y el plazo de seis meses concedido por la Comisión para adoptar medidas venció el 7 de enero de 2026 sin resultados sustantivos.

Ante esta situación:

• 1.¿Qué criterios y actuaciones considera necesarios para garantizar que España cumpla plenamente con la Directiva 1999/70/CE y reduzca efectivamente el abuso de la temporalidad en el empleo público?
• 2.Tras las sentencias de 2021, 2024 y la próxima del 14 de abril de 2026 , ¿tiene previsto remitir el caso al TJUE, conforme al artículo 258 del TFUE, por incumplimiento persistente?
• 3.En caso de que persista el incumplimiento tras una posible decisión del TJUE, ¿qué criterios seguiría la Comisión para proponer sanciones económicas coercitivas contra España, según el artículo 260 del TFUE , y cuál sería el calendario para su aplicación?"

La respuesta de la Comisión Europea (según la traducción al español publicada) es literalmente:

La comisaria europea responsable de Asuntos sociales y Empleo, Roxana Mînzatu se reúne este miércoles con europarlamentarias españolas del PSOE. La Dirección General de Asuntos Sociales y Empleo es quien tiene el procedimiento de infracción contra España por falta de medidas ante el abuso de temporalidad pública

Según la agenda de a Roxana Minzatu,  Vicepresidentae Ejecutivas de la UE con más áreas, entre ellas s Empleo y Asuntos sociales de la UE, se reunirá hoy con las europarlamentarias españolas Iratxe Garcia Perez y Alica Homs-Ginel, del PSOE.

 Nótese que Rosana Minzatu es quien tiene  bajo su cargo los procedimentos de denuncia múltipe CHAP(2013)01917 y el asociado de infracción  INFR(2014)4334  por el abuso de temporalidad en el empleo público de España.

La europarlamentaria de ERC, Diana Riba, pregunta a la Comisión Europea por sus actuaciones para garantizar que España cumpla plenamente con la normativa y sentenias europeas en el abuso de temporalidad pública

Se ha publicado en la web del Parlamento Europeo la pregunta de respuesta por escrito a la Comisión Europea  de 11/03/2026 (nº E-001008/2026) de la eurodiputada de Esquerra Republicana  de Catalunya, Diana Riba i Giner, adscrita al grupo Verts/ALE en el Parlamento Europeo, sobre "Abuso de la temporalidad en España: cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE y posibles sanciones" a raíz del reciente fin de plazo de la Comisión Europea al gobierno español para establecer normativa válida de sanción a dicho abuso en empleados públicos que permita levantar la suspensión de 626 millones de fondos UE que decidió la Comisión Europea el pasado 7/7/2025 tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de 2024, que establecieron que la ley 20/2021 no contiene medidas válidas de sanción al abuso de temporalidad del empleado público.

En concreto, la pregunta planteada reza así:

Recordatorio. [27 de junio de 2025] La nueva Defensora del Pueblo de la UE responde a las múltipes denuncias recibidas por una posible falta de diligencia de la Comisión Europea en los procedimientos de infracción contra España sobre temporalidad pública: ha abierto un caso de tramitación conjunta y ha solicitado información a la Comisión Europea

 [Recordatorio de entrada publica el 27/06/2026, OJO hace más de 6 meses] Estos días pasados la responsable de los casos de denuncia recibidos por la nueva Defensora Europea del Pueblo , Teresa Anjinho, sobre reclamaciones sobre la falta de  diligencia  e incluso de  "negligencia" de la Comisíón Europea en el tratamiento de los dos procedimientos de infracción de la Comisión Europea contra España  sobre temporalidad ha enviado esta contestación:

"Recientemente presentó usted una reclamación ante la institución del Defensor del Pueblo Europeo, referida a la tramitación por parte de la Comisión Europea de dos procedimientos de infracción contra España en relación con un trato menos favorable a los empleados temporales y con un presunto abuso de los contratos de trabajo de duración determinada en el sector público en España – INFR(2014)4224 e INFR(2014)4334.

La Defensora del Pueblo ha recibido varias reclamaciones sobre esta cuestión, por lo que ha decidido tramitarlas conjuntamente. Me ha sido asignada la responsabilidad de dichas reclamaciones.

Sostiene usted que la Comisión no ha abordado las cuestiones con diligencia y no ha procedido a la tramitación de los dos procedimientos de infracción a su debido tiempo. Considera usted que la Comisión debería tratar estas cuestiones con carácter prioritario e instar a España a que cumpla las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 1999/70/CE.

Nos hemos puesto en contacto con la Comisión Europea para solicitarle más información en relación con estas reclamaciones, el plazo de respuesta está fijado el 15 de septiembre de 2025. También hemos pedido a la Comisión una inspección de los expedientes, que será realizada por una parte del equipo de investigación de nuestra oficina.

Nos pondremos en contacto con usted en cuanto estemos en condiciones de actualizarle sobre el progreso de la investigación."

 

Y ha agrupado los casos recibidos en una página de seguimiento común : "Cómo está tramitando la Comisión Europea una denuncia de infracción múltiple por trato menos favorable a los agentes temporales y presunto abuso de los contratos de trabajo de duración determinada en el sector público en España – INFR(2014)4224 e INFR(2014)4334".

Recordemos que una investigación anterior de 2022-2023 del anterior Defensora del Pueblo de la UE por este tema acabó  en Abril de 2023 archivada  afirmando entonces que  no apreciaba "mala administración en este asunto" en cuanto a la forma en que la Comisión Europea estaba tratando (por aquel entonces) las denuncias sobre abuso de temporalidad pública española dado que la Comisión seguía teniendo  abierta un denuncia múltipe CHAP(2013)01917 con un procedimiento de infracción vinculado - el INFR(2014)4334 , de los que había  "informado  meses antes que estaba evaluando la nueva normativa española. 

 

La Comisión Europea responde la pregunta del europarlamentario del PP, Borja Giménez, sobre la compatibilidad con la normativa UE del proceso de estabilización de los jueces sustitutos españoles: está evaluando la compatiblidad con la cláusula 5ª de la Directiva 1999/70/CE, que, según el Tribunal de Justicia de la UE, obliga a adoptar medidas legales para prevenir y sancionar el abuso de temporalidad

 

Se ha publicado en la web del Parlamento Europeo la respuesta de 13/08/2025 de la Comisión Europea a la pregunta que había planteado el 12/06/2025 (nº P-002382/2025) el eurodiputado del Partido Popular, Borja Giménez , adscrito al grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, sobre la "Compatibilidad del modelo de regularización de jueces sustitutos en España con el Derecho de la Unión" a raíz del proceso de estabilización de mil plazas de jueces y fiscales sustitutos incluido en el proyecto de ley de reforma judicial planteado por el Gobierno, con el objetivo, supuestamente , de  "cumplir los estándares europeos para reducir la temporalidad".

Recordemos que  la pregunta planteada rezaba así:

El Gobierno español ha presentado una propuesta legislativa para regularizar a cerca de un millar de jueces sustitutos, permitiendo su integración en la carrera judicial mediante un sistema extraordinario paralelo al turno libre y al cuarto turno.

Las asociaciones judiciales españolas han denunciado que dicha regularización podría vulnerar los principios constitucionales y del Derecho de la Unión relativos al acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad (artículo 45, apartado 2, del TFUE), y afectar a la independencia judicial, prevista en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Ante esta situación:

• 1.¿Considera la Comisión que la regularización masiva de jueces sustitutos —con acceso a la carrera judicial por vía extraordinaria y sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad— es compatible con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la independencia judicial?
• 2.¿Considera la Comisión que la regulación que permite renovar de forma sucesiva a jueces sustitutos para cubrir necesidades estructurales y permanentes vulnera la cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada (Directiva 1999/70/CE), y que ello justificaría una regularización sin oposición?
  

La respuesta de la Comisión Europa ha sido, literalmente:

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo comunica respuesta de la Comisión Europea en una nueva petición, la 1460/2024 de un particular, sobre la falta de medidas válidas ante el abuso de temporalidad público: "La Comisión ya está investigando el asunto en el marco de un procedimiento de infracción INFR(2014)4334"

 El Parlamento Europeo admitió a trámite este año 2025 una nueva  Petición (la nº 1460/2024 , presentada por un particular) sobre el abuso de temporalidad en el sector público español y la falta de medidas válidas ante la Directiva 1999/70/CE y su más reciente interpretación por el Tribunal de Jusicia de la UE para  esa situación que se da en cientos de miles de empleados públicos españoles. La petición se encuentra abierta a adhesiones de más particulares.

La argumentación de la petición incluye la falta de validez de las medidas de la Ley 20/2021, la reacción por ahora del gobierno de España tras las sentencias de 2020 en el asunto Sánchez Ruiz sobre casos de personal funcionario/estatutario y 2021 en el asunto IMIDRA sobre un caso de personal labora y el correspondiente procedimiento de infracción de la Comisión Europea, en el marco de un compromiso de reducción de temporalidad pública para poder recibir fondos europeos del Plan de Recuperación Español. También señala que, en 2024, el TJUE sentenció que ni las medidas a futuro ni los procesos de estabilización de la citada Ley o los anteriores son medidas válidas para preventir y , en su caso, sancionar el abuso.. Y , por último, informa que la jurispruencia del Tribunal Supremo español, que deja en la práctica sin compensación alguna al funcionario/estatutario en abuso y concede la figura insuficiente por ser también temporal del indefinido no fijo al laboral temporal en abuso,  tampoco es válida según el TJUE. Por lo que se pide que la UE actúe para hacer valer su normativa.

En conceto, según el propio resumen de la petición realizado por e Parlamento Europeo:

El europarlamentario del PP, Borja Giménez, pregunta a la Comisión Europea por la compatibilidad con la normativa UE del proceso de estabilización de los jueces sustitutos españoles

Se ha publicado en la web del Parlamento Europeo la pregunta de respuesta por escrito a la Comisión Europea  de 12/06/2025 (nº P-002382/2025) del eurodiputado del Partido Popular, Borja Giménez , adscrito al grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, sobre la "Compatibilidad del modelo de regularización de jueces sustitutos en España con el Derecho de la Unión" a raíz del proceso de estabilización de mil plazas de jueces y fiscales sustitutos incluido en el proyecto de ley de reforma judicial planteado por el Gobierno, buscando supuestamente "cumplir los estándares europeos para reducir la temporalidad".

En concreto, la pregunta planteada reza así:

La nueva Defensora del Pueblo de la UE responde a las múltipes denuncias recibidas por una posible falta de diligencia de la Comisión Europea en los procedimientos de infracción contra España sobre temporalidad pública: ha abierto un caso de tramitación conjunta y ha solicitado información a la Comisión Europea

Estos días pasados la responsable de los casos de denuncia recibidos por la nueva Defensora Europea del Pueblo , Teresa Anjinho, sobre reclamaciones sobre la falta de  diligencia  e incluso de  "negligencia" de la Comisíón Europea en el tratamiento de los dos procedimientos de infracción de la Comisión Europea contra España  sobre temporalidad ha enviado esta contestación:

"Recientemente presentó usted una reclamación ante la institución del Defensor del Pueblo Europeo, referida a la tramitación por parte de la Comisión Europea de dos procedimientos de infracción contra España en relación con un trato menos favorable a los empleados temporales y con un presunto abuso de los contratos de trabajo de duración determinada en el sector público en España – INFR(2014)4224 e INFR(2014)4334.

La Defensora del Pueblo ha recibido varias reclamaciones sobre esta cuestión, por lo que ha decidido tramitarlas conjuntamente. Me ha sido asignada la responsabilidad de dichas reclamaciones.

[EPA] El Defensor del Pueblo Europeo admite tramitar nueva investigación, ante denuncia de EPA, por la "negligencia" de la Comisión Europea ante la situación masiva de abuso de temporalidad pública en España

'Desde que EPA “Empleados Públicos en Abuso”, con la representación letrada del Bufete de Abogados de Navas & Cusí y el especial compromiso de su socio fundador, Juan Ignacio Navas Marqués, emprendimos una lucha a nivel Europeo hace ya casi 4 años, tras haber agotado todas las vías nacionales, tanto a nivel de negociación con los diferentes partidos políticos, movilizaciones de afectados, recorrido judicial. Siendo desoídos, vejados, ninguneados.... ABUSADOS en todos los sentidos.

Por ello, tras un cuarto de siglo de incumplimiento por parte de los diferentes gobiernos españoles, como de los órganos judiciales al ningunear el derecho comunitario con pleno conocimiento del mismo, nos encontramos con una manifiesta negligencia, cuando no complicidad por parte de la CE con un Estado miembro en clara rebeldía.

Es por ello que nos hemos visto en la obligación de acudir, por segunda vez, al Ombudsman (Defensor del Pueblo Europeo), para denunciar la negligencia de la Comisión Europea y del que hemos tenido respuesta este pasado 11 de abril, admitiendo nuestra denuncia y abriendo investigación sobre la causa.

[Asociación EPA] 'Comunicado sobre la reunión mantenida el 11 de Febrero de 2025' [con eurodiputados]

'Asistentes: 

Maravillas Abadía Jover – Eurodiputada del Parlamento Europeo – Comisión de Empleo y Asuntos Sociales – Comisión de Asuntos Jurídicos 

Rosa Estarás Ferragut – Suplente en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales – Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo 

Concepción Rodríguez Fariña – Presidenta de EPA  y Christian Díaz Lombera – Tesorero de EPA y encargado de Redes

En dicha reunión, los representantes de EPA volvimos a incidir en la negligencia de la Comisión Europea ante las denuncias que acumula en relación al incumplimiento del Reino de España y de la judicatura española, por la no aplicación de la Directiva 1999/70, los efectos de la vigente Ley 20/21, la ausencia de medidas sancionadoras al abuso en la contratación pública, en el ninguneo a las recomendaciones del TJUE y la incapacidad de los organismos europeos en dar una respuesta contundente y efectiva a quienes sufren esta situación: los trabajadores públicos en abuso de contratación.

La impresión recibida en la reunión, así como en las comunicaciones previas, ha sido de un interés no claramente demostrado hasta el momento. Por ello, desde EPA, hemos solicitado poder presentar una pregunta en sede Parlamentaria, a la propia Comisión Europea, para que responda de una vez por todas de qué forma van a dar una respuesta directa a las personas afectadas y cuyas denuncias han sido trasladadas a través de EPA.

De ninguna manera es asumible que la respuesta de la CE sea multar a España por los incumplimientos, porque es volver a sancionar a los afectados a través de los presupuestos estatales y la percepción de partidas destinadas a servicios públicos.

A nuestras peticiones, nos respondieron con varias propuestas:

[Tribunal de Justicia de la UE] 'El 1 de septiembre entrarán en vigor modificaciones importantes de las normas de procedimiento del Tribunal de Justicia y del Tribunal General Las nuevas normas aplican las modificaciones del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y modernizan los procedimientos ante los dos órganos jurisdiccionales'

'El Tribunal de Justicia y el Tribunal General han modificado sus respectivos Reglamentos de Procedimiento con el fin de aplicar las modificaciones del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea adoptadas por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la Unión Europea [1]. Al mismo tiempo, las nuevas normas modernizan y simplifican los procedimientos ante ambos órganos jurisdiccionales. Los proyectos de modificaciones presentados, respectivamente, por el Tribunal de Justicia y por el Tribunal General fueron aprobados por el Consejo de la Unión Europea en el mes de junio, antes de ser adoptados formalmente por cada órgano jurisdiccional en el mes de julio [2]. Además, el Tribunal de Justicia ha adoptado una nueva versión de las Instrucciones prácticas a las partes sobre los asuntos sometidos ante él 3 y el Tribunal General una nueva versión de las Normas prácticas de desarrollo de su Reglamento de Procedimiento.

Aplicación de las modificaciones del Estatuto

Una parte de las nuevas normas tiene por objeto aplicar las modificaciones del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se trata, en particular, de las disposiciones necesarias para permitir la transferencia parcial de la competencia prejudicial del Tribunal de Justicia al Tribunal General, aplicable a partir del 1 de octubre de 2024 [5]. 

Las modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia precisan, en primer lugar, las normas relativas a la tramitación inicial de las peticiones de decisión prejudicial presentadas al Tribunal de Justicia con el fin de determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de ellas. A continuación, establecen las disposiciones necesarias para garantizar una rápida tramitación de las peticiones de decisión prejudicial que el Tribunal General remita al Tribunal de Justicia debido a que requieren una resolución de principio que pueda afectar a la unidad o a la coherencia del Derecho de la Unión. Por último, prevén el procedimiento para la publicación en línea, dentro de un plazo razonable tras la declaración de terminación del asunto, de las observaciones escritas presentadas por los interesados en los asuntos prejudiciales que sean objeto de una decisión a partir del 1 de septiembre de 2024, salvo que estos formulen objeciones. Las nuevas Instrucciones prácticas a las partes concretan cómo deben presentarse estas objeciones.

[TJUE] 'El 1 de septiembre entrará en vigor una importante modificación del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta modificación prevé, entre otros extremos, una transferencia parcial de la competencia prejudicial del Tribunal de Justicia al Tribunal General, que será aplicable a partir del 1 de octubre de 2024.El objetivo de esta reforma es aliviar la carga de trabajo del Tribunal de Justicia en el ámbito prejudicial y permitirle seguir cumpliendo, dentro de unos plazos razonables, su misión' [Además, a partir de ahora, el Parlamento Europeo podrá presentar observaciones en toda cuestión prejudicial]

[12/08/2024] [...] 'Publicada hoy en el Diario Oficial de la Unión Europea [1].  [...]

En 2001, los autores del Tratado de Niza habían previsto la posibilidad de una participación del Tribunal General en la tramitación de determinadas peticiones de decisión prejudicial, a pesar de lo cual el Estatuto no se había adaptado a tal efecto desde entonces. Sin embargo, durante los últimos cinco años se ha venido observando un incremento estructural y significativo de los litigios [2]. Esta evolución ha ido acompañada por un aumento de la complejidad y la sensibilidad de los asuntos relativos, en particular, a cuestiones de índole constitucional o relacionadas con los derechos fundamentales. La reforma permitirá al Tribunal de Justicia concentrarse en su misión de protección y fortalecimiento de la unidad y la coherencia del Derecho de la Unión. Por su parte, el Tribunal General está en condiciones de asumir esa carga de trabajo adicional y tramitará las cuestiones prejudiciales que se le transfieran de forma que ofrezca a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los interesados garantías idénticas a las aplicadas por el Tribunal de Justicia. 

La reforma consta fundamentalmente de tres aspectos, que se exponen a continuación en líneas generales. 

El europarlamentario de ERC Jordi Solé pregunta a la Comisión Europea, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 22 de Febrero y la reacción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazando la fijeza , sobre las medidas que va a tomar ante el "claro incumplimiento" de la sentencia europea

El eurodiputado de ERC Jordi Solé. adscrito al grupo de los Verdes/Alianza Europea en el Parlamento Europeo, a raíz de las recientes  sentencias del Tribunal de Justicia de la UE [TJUE] de 22/02/2024  y la correspondiente reacción de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha informado que ha formulado esta  pregunta de respuesta por escrito a la Comisión Europea:

"La Sentencia del TJUE del 22 de febrero de 2024 rechaza el concepto del indefinido no fijo y sugiere adoptar contratos fijos, indicando que los jueces nacionales deben modificar su jurisprudencia nacional si esta contradice los objetivos de la Directiva 1999/70, siguiendo anteriores resoluciones de este Tribunal. 

 Sin embargo, diversas sentencias entre las que se encuentra la más reciente del Tribunal Superior de Justicia  de Madrid 317/2024 efectúan un claro y consciente incumplimiento de este pronunciamiento, y priorizan disposiciones constitucionales españolas al derecho de la UE. 

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo comunica respuesta, ya en español, de Febrero de 2022 de la Comisión Europea por la petición de 0832/2021, presentada por Empleados Públicos en Abuso (EPA), sobre la violación de la normativa y jurisprudencia europea por parte de la española en abuso de temporalidad en el sector público: recuerda que alguna sentencias han considerado que podria valer el "indefinido no fijo" y concluye que está "analizando" las modificaciones introducidas en la legislación española con la nueva ley 20/2021 a fin de evaluar la conformidad con la normativa y sentencias europeas y tomar entonces una decisión en el procedimiento de infracción abierto.

 [Basada en la entrada publicada el 11/04/2022] La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha publicado este reciente 22/03/2022 una comunicación de fecha 16/02/2022 sobre la Petición n.º 0832/2021, presentada por Juan Ignacio Navas Marqués, de nacionalidad española, en nombre de Empleados Públicos en Abuso (EPA), sobre la temporalidad en el sector público español , y en la que denunciaba que la doctrina emanada de los juzgados españoles, como la nueva doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 28/06/2021 tras la  sentencia europea de 3 de junio de 2021, IMIDRA, (doctrina en la que pasaba a reconocer el abuso también en las interinidades de más de 3 años si bien concediendo sólo la figura del "indefinido no fijo" si no se ha superado un proceso selectivo para fijo) no es conforme a los pronunciamientos del TJUE ni a la interpretación que hace este sobre la Directiva 1999/70/CE y que existe un evidente incumplimiento por parte del Estado español en lo que respecta a la transposición y cumplimiento efectivo de la normativa de la Unión, citando la normativa entonces recién publicada , el Real Decreto-Ley 14/2021 publicado el 7/7/2021 y que sería después modificado  con la en Diciembre por la publicación el 29/12/2021 de la  nueva Ley  20/2021

En la entrada publicada el 11/04/2022  ya nos hicimoms  eco de la Comunicación  publicada originalmente en inglés donde se trasladaba esaa respuesta de la Comisión Europea. Entonces publicamos una traducción literal de Google. Ahora acaba de publicarse la comunicación en español, literalmente::

 

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo comunica respuesta de Febrero de 2022 de la Comisión Europea por la petición de 0832/2021, presentada por Empleados Públicos en Abuso (EPA), sobre la violación de la normativa y jurisprudencia europea por parte de la española en abuso de temporalidad en el sector público: recuerda que alguna sentencias han considerado que podria valer el "contrato no fijo indefinido" y concluye que está "analizando" las modificaciones introducidas en la legislación española con la nueva ley 20/2021 a fin de evaluar la conformidad con la normativa y sentencias europeas y tomar entonces una decisión en el procedimiento de infracción abierto.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha publicado este reciente 22/03/2022 una comunicación de fecha 16/02/2022 sobre la Petición n.º 0832/2021, presentada por Juan Ignacio Navas Marqués, de nacionalidad española, en nombre de Empleados Públicos en Abuso (EPA), sobre la temporalidad en el sector público español , y en la que denunciaba que la doctrina emanada de los juzgados españoles, como la nueva doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 28/06/2021 tras la  sentencia europea de 3 de junio de 2021, IMIDRA, (doctrina en la que pasaba a reconocer el abuso también en las interinidades de más de 3 años si bien concediendo sólo la figura del "indefinido no fijo" si no se ha superado un proceso selectivo para fijo) no es conforme a los pronunciamientos del TJUE ni a la interpretación que hace este sobre la Directiva 1999/70/CE y que existe un evidente incumplimiento por parte del Estado español en lo que respecta a la transposición y cumplimiento efectivo de la normativa de la Unión, citando la normativa entonces recién publicada , el Real Decreto-Ley 14/2021 publicado el 7/7/2021 y que sería después modificado  con la en Diciembre por la publicación el 29/12/2021 de la  nueva Ley  20/2021

Ahora en la Comunicación recientemente publicada se trasladan esta respuesta de la Comisión Europea, que a su vez trasladamos, literalmente en su traducción de Google:

[Parlamento Europeo] Acta de la reunión de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo de 10/01/2022 por la petición 0774/2021 de ASEPAT sobre abuso de temporalidad en las AAPP públicas españolas: se pidió a la Comisión Europea que solicite opiniones al Consejo de Estado español y la comisión de empleo del Parlamento Europeo [Sigue abierta la adhesión a la petición]

El parlamento europeo publicó hace unas semanas el  acta de la reunión de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo  del pasado 10/12/2021 para discutir la la petición 0774/2021 formulada por ASEPAT, por  la que se denunciaba ante este órgano del Parlamento Euroeo que el Real Decreto-ley 2014/21 o “Icetazo”  incumplía la normativa de la Unión Europea

 Ya realizamos un resumen de las intervenciones en esa reunión en otra  entrada, destacando que Empleo de la Comisión Europea  intervino afirmando "estamos examinando con detalle" la nueva ley de temporalidad 20/2021 y "vamos a seguir muy de cerca los próximos procedimientos legislativos vinculados" [de las CCAA y de algunos sectores] y "entonces evaluaremos la conformidad de los texto resultantes" con la directiva.

Tal y como refleja el acta oficialmente,  la decisión aprobada en esa reunión  de la Comisión del Parlamento Europeo fue "mantener abierto el examen de la petición, pedir a la Comisión que haga un seguimiento de la cuestión e informar a la Comisión PETI por escrito sobre la situación actual; pedir a la Comisión que solicite una opinión al Consejo de Estado español y solicitar una opinión a la Comisión EMPL".

 

Recordatorio [Parlamento Europeo] 'Petición n.º 0832/2021, presentada por Juan Ignacio Navas Marqués, de nacionalidad española, en nombre de Empleados Públicos en Abuso (EPA), sobre la temporalidad en el sector público español '

 [Recordatorio de entrada publicada el 31/12/2021]

'Resumen de la petición  

El peticionario denuncia la situación de indefensión de los empleados públicos en situación de temporalidad. 

Denuncia que tras resolverse la cuestión prejudicial (Asunto C -729/19) en fecha 2 de junio de 2021, el Tribunal Supremo ha rectificado la doctrina establecida y ha dictaminado que el personal laboral que lleva prestando sus servicios por un periodo superior a 3 años, pasa a ostentar la condición de indefinido, pero considerándose no fijo. 

[Parlamento europeo] 'Petición n.º 1177/2021, de la Plataforma de Interinos y Laborales de Larga Duración de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), sobre la temporalidad en las Universidades y Administraciones públicas españolas '

'Estado: Abierta a adhesiones 

Resumen:

 La peticionaria denuncia el abuso en la contratación en la administración española que suponen los contratos temporales. 

 Expone que el RDL 14/2021 de 6 de julio, aprobado para dar solución al problema de la reducción de la temporalidad en el empleo público, no cumple la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, ni respeta las últimas sentencias del TJUE emitidas al respecto. El RDL 14/2021 no propone soluciones reales para los empleados públicos en situación de abuso, ya que el proyecto de ley, que actualmente se está tramitando en el Congreso, no ofrece una solución clara, justa y sus condiciones son imposibles de cumplir. Ahora, los trabajadores interinos se ven con más de 50 años, la mayoría mujeres, en una situación de vulnerabilidad e inseguridad laboral.