'Las Asociaciones Judiciales y Fiscales firmantes, en relación a la información conocida sobre el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, aprobada por el Consejo de Ministros, en sesión de 13 de mayo de 2025, quiere transmitir a la opinión pública las siguientes consideraciones:
[...]
Rechazamos el proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales
sustitutos. Es contrario a nuestros principios constitucionales y, contrariamente a
lo que se dice, no es lo que nos pide Europa. La convocatoria de un único proceso
por carrera, sin establecerse un número de plazas determinado, abierto a
cualesquiera profesionales y basado en una oposición consistente únicamente en
un dictamen práctico, seguido de una fase de méritos, no asegura la acreditación
rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones
jurisdiccionales o fiscales. Este sistema otorga acceso directo a la categoría de juez
o fiscal, tras prácticas en la Escuela Judicial o el Centro de Estudios Jurídicos, sin
equipararse en exigencia y comprobación de aptitud al proceso ordinario del turno
libre. Se consagra así una vía de acceso extraordinaria carente de las debidas
garantías de transparencia y rigor que, por si ello no fuera suficiente, además abre
la puerta a futuras convocatorias similares.
Este acceso excepcional a la carrera judicial y fiscal al margen del sistema ordinario
no solo constituye un agravio comparativo respecto a los opositores que superan
un exigente proceso selectivo, sino que erosiona hasta su derrumbe los pilares
constitucionales de mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función
pública, tal como recogen los artículos 23 y 103 de la Constitución Española.
Resulta especialmente preocupante que se vincule la solución a la temporalidad
de jueces sustitutos, magistrados suplentes y fiscales sustitutos con un aumento
de efectivos judiciales a través de un proceso de acceso sin rigor e injustificadamente distinto al de los actuales integrantes de la carrera judicial y
fiscal.
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