'El TJUE ha dictado sentencia el 1 de agosto de 2025, en la que impone al Reino de España una multa alzada de 6.832.000€ y, además, una multa coercitiva de 19.700€ diarios por no transponer al Derecho nacional el art. 8.3 de la Directiva 2019/1158, relativo a la remuneración del permiso parental, aunque sí había transpuesto el resto de las disposiciones de esta Directiva.
En la sentencia, el TJUE resalta que la obligación de los Estados miembros de adoptar disposiciones para garantizar la transposición completa de una Directiva constituye una obligación básica de los mismos y, por tanto, su incumplimiento reviste una gravedad considerable.