'En mayo de 2009, la Comisión impuso una multa de 1 060 millones de euros a Intel, un fabricante de microprocesadores establecido en los Estados Unidos. La Comisión imputaba a Intel haber abusado de su posición dominante en el mercado de los microprocesadores x86 al conceder, en particular, descuentos por fidelidad a sus clientes y a un distribuidor de ordenadores de mesa [1]. En 2014, el Tribunal General desestimó íntegramente el recurso presentado por Intel contra esta Decisión de la Comisión [2]. Tras el recurso de casación interpuesto por Intel, el Tribunal de Justicia [3] anuló la sentencia dictada por el Tribunal General y le devolvió el asunto.
En la sentencia dictada en el procedimiento tras la devolución, el Tribunal General anuló parcialmente la Decisión de
la Comisión y anuló totalmente la multa de 1 060 millones de euros [4]. La Comisión recurrió en casación la sentencia
del Tribunal General de 2022.