' “La Estrategia de Salud Digital
del Sistema Nacional de Salud, que se lanzó en el 2021, está dotada con
más de 1.000 millones de euros en planes colaborativos entre el
Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas y ha sentado las bases
para introducir tecnologías avanzadas de manera coordinada y de manera
cohesionada, que creo que es muy importante”. Con estas palabras
inauguraba Mónica García, ministra de Sanidad, el I Foro de Inteligencia Artificial para el Sistema de Salud,
celebrado a mediados de septiembre. Sin embargo, sus buenos deseos
chocan con la realidad que viven a diario los profesionales del Sistema Nacional de Salud consultados por Civio.
Aunque cada vez es mayor el número de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial
que se incorporan en la sanidad pública, su implementación está marcada
por una enorme disparidad. “Hay diversidad por todo tipo, por comunidad
autónoma, por hospitales, por campos, por todo. Básicamente, esto es
una guerra: cada uno compra el software que quiere, el que puede o el
que necesita”, dice Antonio López Rueda, portavoz de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) y radiólogo del Hospital Universitario de Bellvitge. Para Nuria Ribelles Entrena, portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
y oncóloga del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga,
existe “cero” coordinación para compartir o reutilizar tecnología: “Cada
comunidad va por libre”.
Una integración poco transparente y desigual
En líneas generales, la incorporación de la IA en el Sistema Nacional de Salud
se está haciendo de forma bastante opaca. “Los ciudadanos deberíamos
tener el derecho de poder saber qué sistemas se están integrando, cómo
fueron entrenados, qué datos de entrenamiento utilizaron, cómo se han
comprado o si fue algo que está desarrollando la propia administración
pública”, dice la jurista Anabel K. Arias, portavoz de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Sin embargo, solo dos comunidades autónomas, País Vasco y Generalitat Valenciana, cuentan con un registro público de algoritmos, incluyendo los que se aplican en salud. En opinión de Arias, la transparencia algorítmica “es relevante para poder hacer un control sobre lo que se está implementando en general en España y en la sanidad pública”.