'Las movilizaciones de CCOO responden a la necesidad urgente de un Estatuto Marco digno y a la obligación de frenar un modelo privatizador que debilita, fragmenta y amenaza la sostenibilidad de la Sanidad pública. Muestra de ello es lo que ocurre en el Hospital de Torrejón, gestionado por Ribera Salud, y que no es un incidente aislado, es la expresión más reciente de un modelo sanitario profundamente ideológico que Madrid lleva aplicando durante más de dos décadas. La defensa de lo público por parte de CCOO es una tarea democrática y un compromiso con el interés general, con la ciudadanía, porque la privatización incrementa la mortalidad evitable, como así recoge la evidencia científica.
Las movilizaciones convocadas por CCOO, y por el conjunto de las organizaciones sindicales del ámbito de negociación del Ministerio de Sanidad, no son fruto de ninguna controversia puntual ni se explican por el clima político madrileño. Nacen de una reivindicación estatal, urgente y plenamente justificada: la de un Estatuto Marco actualizado que garantice estabilidad, condiciones laborales dignas y atractivas, y un reconocimiento profesional acorde con el trabajo que realizan cada día cientos de miles de profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS).
El Estatuto Marco vigente, aprobado hace más de veinte años, no responde a la realidad asistencial ni a las profundas transformaciones del sistema sanitario. Y mientras esa actualización no llegue, seguiremos teniendo plantillas precarizadas, jornadas insostenibles, derechos desiguales entre territorios y una falta de homogeneidad que compromete el propio funcionamiento del sistema.
Pero es necesario abordar otro punto que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pretende esconder bajo acusaciones estériles y actitudes cicateras, la cuestión de la privatización. Lo que ocurre en el Hospital de Torrejón, gestionado por Ribera Salud, no es un incidente aislado, es la expresión más reciente de un modelo sanitario profundamente ideológico que Madrid lleva aplicando durante más de dos décadas. Al de Torrejón hay que sumar hospitales como Collado Villalba, Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles y la Fundación Jiménez Díaz, todos ellos gestionados de manera privada por el grupo Quirón, sin olvidar otros 7 hospitales cuya gestión es mixta, pública para la parte sanitaria y privada la no sanitaria (PFI por sus siglas en inglés), que corresponden a Majadahonda-Puerta de Hierro, Henares-Coslada, Tajo-Aranjuez, Infanta Leonor-Vallecas, Infanta Sofía-San Sebastián de los Reyes, Infanta Cristina-Parla y Sureste-Arganda.
Un modelo que concibe la Sanidad como un espacio de negocio, no como un derecho, y que ha transferido actividad, recursos y poder de decisión desde lo público hacia empresas privadas. Este proceso ha sido posible gracias a marcos legales como las leyes autonómicas, como Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, o la Ley 15/1997, que abrió la puerta a la gestión privada de centros sanitarios financiados íntegramente con fondos públicos. Desde entonces, la privatización no ha dejado de avanzar, y lo ha hecho en paralelo al deterioro progresivo del sistema público.
La consecuencias son perfectamente conocidas: años de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización de la Sanidad pública madrileña, con derivaciones crecientes hacia empresas privadas, pérdida de transparencia, fragmentación de los servicios y un deterioro visible tanto en la atención a los pacientes como en las condiciones de trabajo del conjunto de profesionales, mientras se incrementan exponencialmente los beneficios de empresas como Quirón y Ribera Salud, entre otras.
Y este fenómeno no se limita a Madrid. En todo el territorio nacional como, por ejemplo, Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Murcia, La Rioja, o País Valencià (esta última fue el laboratorio del extendido modelo Alzira), se han reproducido, con mayor o menor intensidad, las mismas estrategias de privatización, concesiones administrativas, hospitales PFI, aumento de conciertos y creación de circuitos paralelos que favorecen al sector privado. Es decir, todas las Comunidades, con mayor o menor velocidad, han incrementado sus políticas privatizadoras. Por eso, cuando hablamos de privatización no desviamos el debate, lo situamos en su lugar adecuado e ignorar este proceso es renunciar a explicar por qué aumentan las listas de espera, por qué determinados grupos empresariales obtienen beneficios millonarios con dinero público y por qué los servicios públicos se enfrentan a una falta de personal estructural.
Las movilizaciones de CCOO responden a esta doble realidad. Por un lado, la necesidad urgente de un Estatuto Marco digno; por otro, la obligación de frenar un modelo que debilita, fragmenta y amenaza la sostenibilidad de la Sanidad pública. La defensa de lo público no es una consigna ni un gesto retórico, es una tarea democrática y un compromiso con el interés general, con la ciudadanía, porque la privatización incrementa la mortalidad evitable, como así recoge la evidencia científica. Por eso, CCOO seguirá exigiendo una financiación suficiente y finalista; la recuperación de los servicios y centros privatizados; la transparencia absoluta en todos los procesos de contratación; el refuerzo urgente de la Atención Primaria como eje vertebrador del sistema; y el incremento de las plantillas en todo el país. En definitiva, blindar una Sanidad pública universal, de calidad y accesible para toda la ciudadanía.
CCOO continuará movilizándose, negociando y actuando allí donde sea necesario. Lo hará en Madrid, en cada Comunidad autónoma y en el ámbito estatal. Lo hará en las calles, en las mesas de negociación, en los parlamentos y en los tribunales. Porque lo que está en juego no es un conflicto pasajero, sino el futuro de un sistema sanitario que ha sido, durante décadas, uno de los pilares más sólidos de nuestra democracia. La Sanidad pública se defiende cada día, y CCOO va a seguir defendiéndola con toda su fuerza.'
Fuente: Comunicado de la Federación de Sanidad y Sectores socio-sanitarios de CCOO de 10/12/2025
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