'Ante la inminentepublicación de las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE), prevista para el próximo 9 de octubre, sindicatos y plataformas de
empleados públicos reafirman su exigencia de poner fin al abuso de la temporalidad que
sufren cerca de un millón de trabajadoras y trabajadores interinos en el conjunto de las
Administraciones Públicas Españolas.
El TJUE ya ha dictaminado en varias ocasiones que España no ha adoptado medidas
adecuadas para prevenir y sancionar la utilización abusiva de contratos temporales en el
sector público. Actualmente existen más de 30.000 causas abiertas en tribunales por esta
situación, lo que podría derivar en indemnizaciones millonarias a cargo del erario público
si no se actúa con rapidez. Siendo viable la opción de convertir en fijos a los miles de
abusados, después de tantos años al servicio público.
La Comisión Europea ha congelado fondos europeos destinados a España por el
incumplimiento de su compromiso de reducir la temporalidad en el sector público. Esta
situación evidencia, según el colectivo, la falta de voluntad política para aplicar medidas
eficaces que prevengan y sancionen un abuso que se arrastra desde hace más de 25 años.
Reivindicaciones principales
ANSITI y las organizaciones firmantes del manifiesto reclaman:
- Aprobación urgente de la nueva Ley de Función Pública, incorporando las enmiendas que reconocen el derecho a la fijeza del personal en abuso de temporalidad, presentadas por varias fuerzas políticas que transponen íntegramente la Directiva 99-CE.
- Cumplimiento inmediato de las sentencias del TJUE, garantizando la estabilidad a quienes lleven más de tres años trabajando en la Administración bajo contratos temporales sucesivos.
- Readmisión del personal cesado en situación de abuso de temporalidad en el momento de su cese.
- Reforma normativa del TREBEP y de la legislación de Función Pública para impedir que esta situación se repita en el futuro.
“Quienes estamos, nos quedamos”
En esta España de la U.E., social, democrática y de defensa de los trabajadores, parece ser
que la precariedad estructural que sufren las plantillas públicas desde hace más de 25
años, es consecuencia de la pasividad del legislativo y la negligencia de las
administraciones. “La defensa de los servicios públicos constituye una medida de justicia
social. Para que haya servicios de calidad, es imprescindible garantizar empleo público
digno y estable”, doctrina del Tribunal Constitucional, que se subraya desde ANSITI.
El colectivo de interinos insiste en que el Gobierno tiene en su mano resolver el problema
“a coste cero”, sin necesidad de recurrir a indemnizaciones ni desviar recursos públicos
destinados a otras funciones públicas. Como ya lo hizo en el ámbito privado con la reforma
del Estatuto de los trabajadores en 2015, pero en el conjunto de las Administraciones
Públicas Españolas todavía seguimos sin resolver este problema.
En el caso de los Funcionarios Habilitados Nacionales de la Administración Local,
secretarios, interventores y tesoreros de ayuntamientos, en muchos casos con más de 30
años de experiencia en el puesto siendo interinos, sólo pedimos nuestra estabilización en
nuestro puesto de trabajo, puesto que en la mayoría de los casos, nosotros ya pasamos
un proceso selectivo, y la experiencia en la plaza nos abala para poder continuar en la
misma.
Con un mensaje claro –“¡Quienes estamos, nos quedamos!”– ANSITI, LAS ASOCIACIONES,
SINDICATOS Y PLATAFORMAS anuncian que continuarán su movilización y nos plantamosante el Congreso de los Diputados para decir basta ya!!, apliquen de una vez por todas la
Directiva 99-CE.'
Fuente: Nota de prensa de ANSITI de 23/09/2025
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debe intentar realizarse una "interpretación conforme" del derecho
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1 comentario:
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