El pasado 16/12/2022 se adjudicó a la empresa Indra por 2,5 millones de euros el concurso público de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (antigua ICM) titulado “Asistencia técnica para la infraestructura necesaria en el desarrollo del proceso electoral y para la informatización del sistema de captura, procesamiento y difusión de los datos correspondientes a las elecciones a la Asamblea de Madrid 2023”. es decir, una nueva edición de concurso propio de la Comunidad de Madrid para el escrutinio provisional y definitivo y difusión de los resultados de sus elecciones autonómicas, experimentando un notable aumento tanto en presupuesto , 3 millones de euros, como en la adjudicación -¡un 47%!)- con respecto a la edición del mismo concurso de 2019,que fue adjudicado también a Indra por 1,7 millones de euros para un presupuesto inicial de 2,1 millones, concurso que era reducido a su vez con respecto tanto al abultado cancelado para las elecciones de 2015 como el adjudicado en 2011
Recordemos que para esas elecciones de 2011 se adjudicó a Indra el concurso de idéntico nombre por 2,8 millones de euros , cifra a la que se estaría acerando por tanto la nueva adjudicacion de 2023, y que para las elecciones de 2015, el presupuesto del concurso se elevó de forma tan notable, hasta los !4,4 millones! sin razón aparente, aumento que, sumado al hecho de que el concurso nunca había sido necesario para la parte de recuento de votos toda vez que existe una infraestructura - que también adjudicada a Indra- que el Estado pone a disposición de las CCAA y ayuntamientos, provocó una polémica en la prensa , especialmente una vez que había estallado el caso Púnica, con la detención del propio Consejero-Delegado de ICM y la implicación del Director General de INDRA.
Finalmente el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió anular aquel concurso millonario propio para las elecciones de 2015 , afirmando el propio Consejero Delegado de ICM en su comparecencia ante el parlamento regional por una pregunta ante la polémica, que el contrato de aquel año finalmente no era necesario una vez firmado un convenio de la Comunidad de Madrid con el Ministerio del Interior para la captura de datos y su difusión.
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