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AMYTS
solicita una reunión urgente con el consejero de Sanidad Jesús Sánchez
Martos, para que exija a Sanitas, empresa adjudicataria de la gestión,
que aplique los mismos criterios laborales del resto de los hospitales
del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
El
Hospital de Torrejón es uno de los inaugurados en la etapa de Esperanza
Aguirre según el modelo PFI. Una empresa privada diseña, financia,
construye y gestiona un centro que asume la atención sanitaria
especializada de una área de población a cambio de una cuota que paga la
Administración por cada habitante adscrito, y dispone de un plazo de 30
años para rentabilizar su inversión. Tras ese periodo en el que la
infraestructura queda anticuada y obsoleta, el hospital revierte al
sistema sanitario público. En el caso del Hospital de Torrejón de Ardoz,
Ribera Salud, la empresa adjudicataria de la concesión, la misma que en
la Comunidad Valenciana gestiona los hospitales de Alzira, Vinalopó,
Torrevieja y Denia, vendió su participación a la aseguradora británica
Sanitas un año después de la inauguración. Con
el cambio de gestor los profesionales del Hospital de Torrejón salieron
perdiendo. Sanitas no respetó las retribuciones que habían pactado con
Ribera Salud y endureció de manera significativa las condiciones
laborales. Como consecuencia, en los dos años siguientes se ha producido
un éxodo masivo. En el caso de los médicos, 47 especialistas, un 20% de
la plantilla, ha abandonado voluntariamente el centro, lo que ya ha
sido denunciado por AMYTS.
Todo ha ido a peor
Torrejón
es un “verso suelto”, un verso que no rima con el resto de los
hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). La Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid es la que lo financia y tiene las
facultades para inspeccionar y regular su normal funcionamiento. Por
ello AMYTS, en representación de los facultativos de los hospitales
públicos de gestión indirecta, ha solicitado una reunión urgente con el
consejero de Sanidad, para exponerle los hechos que, según parece, por
sus propios medios de control no ha detectado. Urge que la Consejería llame al orden a Sanitas para evitar que la situación se enquiste y derive en un conflicto laboral grave.
¿Qué está pasando?
En los
tres últimos años se han producido 43 despidos y/o sanciones graves en
el hospital de Torrejón, de los cuales, 10 correspondieron a
facultativos. En estos 10 casos que afectaron a los facultativos,
Sanitas como accionista mayoritario y gestor principal del hospital,
aceptó la improcedencia de los despidos, incluso en los que previamente
había abierto expediente contradictorio.
Es
excepcional en el resto del ámbito sanitario, tanto público como
privado, que los profesionales sean despedidos con tanta ligereza y sin
causas objetivas, más allá de la libertad empresarial. Esto nos hace
pensar si no se estarán ajustando los gastos de personal a base de
recambiar profesionales antiguos por otros nuevos, con contrato más
barato.
Por otro
lado, existe un trato empresarial diferente entre los distintos
servicios médicos, en función de su rentabilidad, es decir, de su
capacidad de captar pacientes. Sólo crecen aquellos con proyección
económica. Otros se mantienen por la obligación que establecen los
pliegos de condiciones de la concesión administrativa, pero con la
mínima inversión posible. ¿Cómo puede ser que servicios esenciales para
cualquier hospital, como por ejemplo, Endocrinología, que se encarga de
toda la nutrición hospitalaria, Hematología, que gestiona el banco de
sangre, imprescindible para mantener los quirófanos abiertos, u
Oncología, que lleva el peso del hospital de día de quimioterapia,
cuenten con apenas 2 ó 3 facultativos?
Podemos
entender que los resultados financieros son importantes para las
empresas que gestionan de forma indirecta los recursos de la ciudadanía,
pero ello no puede chocar con los intereses del servicio público: No
puede anteponerse el beneficio económico a la calidad asistencial.
La
situación ha llegado a un punto insostenible para los profesionales de
Torrejón, que perciben una gran inseguridad laboral, que se suma a la
gran presión asistencial que soportan. Todo ello tiene como consecuencia
un pésimo ambiente laboral, de desencanto, insatisfacción y amenaza por
el despido arbitrario.
Recordamos
que Torrejón es un hospital público y que debe rendir cuentas a la
Administración madrileña. Sin embargo, a esta última sólo parece
importarle el resultado final, es decir, las listas de
espera,
la estancia media, etc. No se han realizado auditorías ni
investigaciones sobre los medios para conseguir estos números, es decir,
de las ratios de profesionales según población, de la sobrecarga
laboral, subcontrataciones, etc. Los profesionales de Torrejón se
sienten desamparados por la Consejería, sienten que nada le importan a
la Administración sus condiciones laborales, ni el maltrato empresarial
que sufren.
Desde
AMYTS hace meses que solicitamos, al igual que la oposición política de
la Asamblea de Madrid, que se investigue el funcionamiento interno de
Torrejón, y nada se ha hecho. Las encuestas de calidad percibida van en
descenso continuo, el recambio de profesionales es alarmante, y el único
discurso que reciben los profesionales es el de la contención del
gasto.
¿Por qué
la consejería no hace nada tras las varias denuncias públicas de AMYTS?
¿Está Sanitas preparándose para abandonar el hospital abaratando los
costes? En cualquier caso, la gestión de Sanitas está siendo devastadora
para los profesionales: despidos, dimisiones, dificultades para el
recambio, sobrecarga laboral, caída de la calidad percibida por los
pacientes. Este hospital no se parece en nada al que se inauguró hace
más de 4 años, y las cosas cada vez van a peor.
Los profesionales reclaman un cambio, una racionalización de las cargas laborales y mayor control por parte de la Consejería.
Aclarar dudas
Uno de
los objetivos perseguidos por AMYTS en su reunión con Sánchez Martos es
solicitar información de primera mano sobre las intenciones de la
Consejería con respecto Hospital de Torrejón. En el centro son varias
las voces, que se atribuyen conexión directa con los órganos ejecutivos
del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que aseguran que el
Gobierno de Cristina Cifuentes no está interesado en que Sanitas se
mantenga como gestora del centro. Esas mismas fuentes indican que la
presión sobre Sanitas, que ésta a su vez proyecta sobre sus
trabajadores, tiene como objetivo forzarla a vender su participación.
Para
AMYTS todo esto no son más que especulaciones y por ello exige
información veraz, que la Consejería de Sanidad asuma sus funciones de
control y que el Hospital de Torrejón, lo gestione quien lo gestione,
dado que forma parte del SERMAS, funcione de acuerdo a unos estándar laborales y asistenciales de calidad, independientes de meros criterios económicos.'
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