'¿Cuándo inicia la Comisión un procedimiento de infracción? La Comisión es responsable de supervisar si el Derecho de la UE se aplica de manera correcta y puntual. Por esta razón, se denomina a la Comisión «guardiana de los Tratados».
La política de la Comisión en materia de control del cumplimiento de la legislación ha evolucionado a lo largo del tiempo para que se pueda utilizar de la manera más eficaz posible. La Comunicación de 2016 «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación» y la Comunicación de 2022 «Controlar el cumplimiento del Derecho de la UE para una Europa que ofrezca resultados» exponen un enfoque más estratégico y selectivo en lo que respecta al uso de los procedimientos de infracción. Se da prioridad a la lucha contra las infracciones que tienen mayor impacto en los intereses de los ciudadanos y las empresas, incluidas las infracciones del Derecho de la UE, que obstaculizan el cumplimiento de importantes objetivos de las políticas de la UE o que amenazan con socavar las cuatro libertades fundamentales de la UE.
Hay cuatro tipos principales de infracciones del Derecho de la UE:
- falta de comunicación: un Estado miembro no comunica a tiempo a la Comisión sus medidas para incorporar una directiva a la legislación nacional;
- no conformidad: la Comisión considera que la legislación de un Estado miembro no está en consonancia con los requisitos de las directivas de la UE;
- infracción de los tratados, reglamentos o decisiones: la Comisión considera que las leyes de un Estado miembro no están en consonancia con los requisitos de los tratados, los reglamentos o las decisiones de la UE;
- aplicación incorrecta: las autoridades nacionales no aplican el Derecho de la UE, o no lo aplican correctamente.
La principal finalidad del procedimiento de infracción es garantizar
que los Estados miembros hacen efectivo el Derecho de la UE en interés
general, no proporcionar una reparación individual. Los casos aislados
de posible aplicación incorrecta del Derecho de la UE, que no plantean
cuestiones de principios generales y en los que se carece de pruebas de
una práctica general o de deficiencias sistémicas, son abordados de
manera más eficaz por órganos de recurso más cercanos a quienes se vean
afectados por la infracción. A escala de la UE, una alternativa a la
reparación individual en situaciones transfronterizas puede ser la red SOLVIT.
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