El pasado jueves comparecía la Ministra de Función Pública en Comisión del
Senado para informar , entre otras cosas, sobre el plan de su Ministerio en relación con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo de 2020
sobre la situación de los empleados públicos interinos", a petición del miembro del Grupo Mixto del Senado por el PAR, Clemente Sánchez-Garnica.
En su comparecencia, la ministra Carolina Darias zanjó
que la sentencia deja en manos de los jueces fijar la sanción
disuasoria, sanción que a su juicio no puede ser la fijeza y que su
departamento impulsará los procesos de
estabilización acordados con los sindicatos ampliando un año más su
posibilidad, animando a impulsarlos a las CCAA -con las que ha estado
reuniéndose estos días en reuniones bilaterales previas a la Conferencia
interterritorial de este jueves 11- y modificará el Estatuto del
empleado público para limitar la
duración de la temporalidad para que no se repita esta situación de
enorme temporalidad pero reiteró que "no va a transponer la Directiva",
si bien en el turno de réplica comentó que está abierta a buscar
"soluciones de
largo alcance" mediante más modificaciones del EBEP siempre y cuando
fueran consensuadas con
las CCAA , pero sin aclarar en qué sentido o de qué tipo pudieran ser.
Al día siguiente de la comparecencia, el senador de Compromís Carles Mulet y miembro del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (que agrupa a Adelante Andalucía, Més Per Mallorca, Más Madrid, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem), registró una serie de preguntas al Gobierno de contestación escrita
en la que expone diversos razonamientos de personas en situación de
larga interinidad sobre el impacto que tiene la sentencia europea , que
"afirma categóricamente que los procesos selectivos de libre
concurrencia" no se pueden considerar sanción válida al abuso de
temporalidad compatible con la Directiva Europea así como su enfado por
la comparecencia de la ministra.
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