Carta dirigida al Ministerio de Trabajo instándole a que no permita la venta del patrimonio sanitario y sociosanitario, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social

[CAS Madrid]  'AL SR. MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Madrid, 14 de julio de 2011

Teniendo conocimiento de que:
A) El Gobierno, aprovechando la tramitación parlamentaria de la Ley de Reforma del Sistema de Seguridad Social, a instancias del Grupo Parlamentario Catalán (CIU) y, con el pretexto de cancelar una supuesta deuda de la Seguridad Social con el Estado (proveniente de préstamos concedidos durante los ejercicios 1994 a 1999, para compensar las insuficiencias de financiación del INSALUD, previas a la separación de las fuentes de financiación) pretende el traspaso de la titularidad de más de 600 inmuebles y equipamientos afectos a afines de asistencia sanitaria y de servicios sociales, del patrimonio de la Seguridad Social a la Administración General del Estado.

B) Posteriormente, aunque de manera inmediata (según refleja literalmente la Enmienda Transaccional 368), la titularidad patrimonial de dichos inmuebles pasará a ser ejercida por los actuales titulares de la gestión, es decir, por las Comunidades Autónomas.

C) En parte alguna de la redacción de dicha Enmienda Transaccional, se delimita el uso final que las CCAA puedan dar al patrimonio transferido, motivo por el cual les sería posible dedicarlo a una finalidad distinta a la de su origen o, incluso, venderlo.

Por ello, las organizaciones firmantes consideran que: 

1º.- Aunque la separación efectiva de la financiación del Sistema Nacional de Salud (desvinculación presupuestaria de la Sanidad y la Seguridad Social) se produce a partir de la entrada en vigor de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999, siendo a partir de ese momento financiada la Sanidad Pública, exclusivamente, vía impuestos, desde la entrada en vigor de la Ley 14/1986, General de Sanidad -artículo 1- se consagra el derecho a la atención sanitaria en base al concepto de ciudadano y no de afiliación y alta en el Sistema de Seguridad Social.

Por dicho motivo, y de manera progresiva, el Estado, a través de las sucesivas leyes de presupuestos, fue asumiendo un mayor porcentaje (y menor la Seguridad Social) de la financiación sanitaria. 

No es pues nada evidente que el supuesto déficit presupuestario para asistencia sanitaria (INSALUD), desde 1994 a 1999, se le pueda atribuir a la Seguridad Social y no al propio Estado, por más que, durante años, haya venido siendo efectivo a través de la Tesorería General de la Seguridad Social que, incomprensiblemente, ha venido manteniendo el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria. 

2º.- Resulta absolutamente intolerable que, sin permiso de quienes han generado desde hace décadas el patrimonio de la Seguridad Social, es decir, los trabajadores y trabajadoras mediante las cuotas que les eran deducidas de sus salarios, vean enajenados sus bienes para impredecibles usos y negocios y, mientras tanto, se les diga que es necesario endurecer sus derechos al acceso de una pensión digna, porque el Sistema de Seguridad Social “no es sostenible”. 

3º.- Visto el déficit presupuestario de la mayoría de CCAA, sus múltiples y millonarias deudas e impagos, además de su “deriva” privatizadora de todo lo público, y de manera muy especial del sistema sanitario, no cabe ninguna duda de que para salir del paso, poder mantener de momento sus poco confesables gastos y “hacer caja”, cabe el enorme riesgo de que dilapiden en poco tiempo el patrimonio que a los trabajadores y trabajadoras de este país nos ha costado décadas conseguir. 

Como usted bien sabe, para realizar esta afirmación no nos basamos en suposiciones, ya que el propio Gobierno catalán ha adelantado a la prensa que, una vez recibido el patrimonio sanitario, procederá, por 300 o 400 millones, a la venta y posterior alquiler para uso sanitario de los 7 grandes hospitales públicos de esa comunidad. 

En otras comunidades, y desde hace años, ya se ha venido consintiendo por ese ministerio que edificios del patrimonio sean “cedidos” a empresas privadas, por supuesto con ánimo de lucro; caso de los Centros de Especialidades de Pontones y Quintana en Madrid, entregados a la multinacional Capio, para realizar negocio y repartir dividendos entre sus accionistas. 

Es más, como decíamos más arriba, no parece que se acote la utilización del patrimonio por las CCAA para uso sanitario, por lo que dado el inmenso valor del suelo donde están situados muchos de estos inmuebles, podrían ser vendidos con intenciones inmobiliarias especulativas (en las que son expertas, como en ocasiones han ratificado los tribunales de justicia, numerosas Administraciones Públicas).

Por todo lo expuesto, exigimos de ese Ministro, que se respete el patrimonio de la Seguridad Social, la titularidad de sus legítimos dueños, y se mantenga a cargo del Sistema de Seguridad Social.
Que se impida la realización de negocio alguno con el mismo.

Rogamos dé traslado del presente escrito al Sr. Presidente del Gobierno y a los miembros del Consejo de Ministros.

Poniéndonos a su disposición para cualquier aclaración que precise en relación con el presente escrito, le saludan atentamente.


Firmado:

CAS Madrid (Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad- www.casmadrid.org - info@casmadrid.org )

Grupo de Trabajo de Salud - Sol 15 M (sanidad15m.grupotrabajo@gmail.com)

Plataforma Matusalén (Madrileño, Tu Salud En Peligro) (matusalen.salud@gmail.com)

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Fuente: CAS-Madrid 15/07/2011 y comunicado recibido en APISCAM

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