El paciente podrá elegir médico de familia, pediatra y enfermero en atención primaria. En la especializada, se podrá escoger hospital y hasta facultativo, una novedad respecto al primer borrador, en el que sólo se permitía escoger un servicio y no a un médico en concreto. El paciente podrá cambiar cuando quiera y sin necesidad de justificar nada.
Pero hay excepciones. Para empezar, en la libre elección no entra ni la atención domiciliaria ni la de urgencias. Es decir, que aunque usted visite al especialista en el 12 de Octubre, si tiene una urgencia y vive en el barrio de Begoña, deberá acudir a La Paz, donde, obviamente, no le va a atender su médico habitual.
La ley supone un cambio radical en la estructura del mapa sanitario madrileño. Según el texto, para poder garantizar la libertad de elección en todo el territorio, es necesario eliminar las 11 áreas de salud en las que se divide actualmente la región y crear una sola para más de seis millones de habitantes. Un cambio muy drástico, muy criticado por los profesionales -hablan de caos organizativo y de empeoramiento de la atención- y que, según reconoce el anteproyecto, beneficiará a pocos ciudadanos: "Se estima que entre un 5% a un 10% de madrileños ejercerán este derecho en la práctica".
El anteproyecto deja muchas incógnitas sin resolver. ¿Qué pasa si un especialista de renombre o un centro de salud en concreto se ven desbordados de peticiones? ¿Seguirán aceptándolas hasta la saturación?
El texto no responde de forma explícita, como tampoco lo ha hecho el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, cuando se le ha preguntado. Pero el artículo 3.6 da alguna pista, que tampoco aparecía en el borrador: la elección, dice, "podrá ser denegada mediante resolución debidamente motivada". La petición deberá partir del médico o enfermero y deberá estar "debidamente justificada".
El peligro de saturación es real, a juzgar por los beneficios que conseguirán los profesionales más demandados. A los elegidos se les premiará, según recoge la memoria económica del anteproyecto, con "adquisición de tecnologías", "autoconcertación de procesos en jornada extraordinaria" y "cobertura de vacantes por jubilaciones o traslados", entre otras. Es decir, que los más demandados tendrán cada vez más recursos. El dinero será el mismo. No se prevé más financiación. Así que se trata de "redistribuir".
El resultado es que unos servicios concentrarán buena parte del gasto, "en detrimento de los menos eficientes y peor valorados". ¿Qué pasará con estos últimos? Si ya están mal valorados y cada vez reciben menos recursos, ¿acabarán cerrando? El texto no responde. Sí especifica que los facultativos que tengan más pacientes cobrarán más. ¿Y si siguen aceptando pacientes aunque sus consultas empiecen a desbordarse? Tampoco hay respuesta. Una vez aprobada la ley, el Gobierno tendrá tres meses para elaborar un reglamento que solucione éstas y otras cuestiones.
Adaptar los sistemas informáticos a los cambios costará 10,8 millones de euros, medio millón más de lo que se preveía. De ellos, 3,1 millones son para extender el sistema AP-Madrid (centralizado, a diferencia del actual) a todos los centros de salud. Algo que debería estar en marcha desde 2007, pero que está estancado.
La libre elección también supone más gasto en ambulancias. La memoria recoge un importe de 300.000 euros en 2009 para contratar la "prestación del servicio sanitario terrestre para la libre elección, urbano e interurbano".'
Fuente: El País
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