'LA COORDINADORA MADRILEÑA OS PEDIMOS MÁXIMA DIFUSIÓN PARA ESTA CAMPAÑA DE OSOIGO
Si reúne los apoyos suficientes, lxs políticxs de la Asamblea de Madrid deberán responder a la pregunta.
¡¡ENTRA EN EL ENLACE Y DA TU APOYO!
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A lxs políticxs de la Asamblea de Madrid:
¿Qué medida tomará la Comunidad para garantizarnos estabilidad laboral o, en su defecto, proporcionarnos la reparación adecuada al abuso de temporalidad sufrido?
Miles de personas empleadas por la Comunidad de Madrid corremos riesgo de quedarnos en la calle a edades avanzadas, tras muchos años de servicio a la ciudadanía madrileña.
🙏Necesito vuestra ayuda, si conseguimos 500 apoyos,✍ Políticos de la Asamblea de Madrid nos responderán en la web de Osoigo. ¿Me ayudas apoyando la pregunta a través del link y difundiendo este mensaje por todos tus grupos y contactos de Whatsapp, Telegram...?
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https://bit.ly/3C2TBft
Fuente: Nota de la Coordinadora Madrileña de empleados públicos en abuso de temporalidad de 03/10/2022 recibida en APISCAM
[CONTENIDO COMPLETO DE LA PREGUNTA EN OSOIGO]:
'Somos miles los trabajadores y trabajadoras que perderemos nuestro sustento y el de nuestras familias, de continuar la Comunidad el exterminio del personal público temporal
forzando a cumplir ahora con absurdos procesos de oposición, que no
convocaron cuando debían, para empleos que llevamos décadas
desempeñando con toda diligencia. Son falsos procesos de estabilización
que sólo conseguirán eliminar personal experimentado, con la consecuente
merma de calidad de los Servicios Públicos.
Tampoco se está cumpliendo el derecho a una solución reparadora que indican tanto la normativa como múltiples sentencias de la Unión Europea acerca del abuso de temporalidad.
Esta masiva expulsión de personal público precario, con cargas familiares, mayoritariamente femenino (+ de un 70%), y en unas edades que hacen prácticamente imposible la reinserción laboral, nos dejarán a miles de familias madrileñas al borde de la exclusión y dependientes de ayudas sociales, cuando sólo queremos seguir trabajando y no ser una carga para el Erario público.
Somos
personal de Administración y Servicios, sanitario, docente, de ocio y
deporte, de turismo, de los Servicios Sociales, de atención a la
dependencia, de la administración de Justicia, de mantenimiento y
limpieza de innumerables dependencias y servicios públicos, así como
empleados de varias empresas públicas como Telemadrid, Metro de Madrid,
Canal de Isabel II, etc. Estamos en todos los sectores y siempre al servicio de la ciudadanía madrileña.
No somos nosotros quienes hemos fallado a la Administración.
Es ésta quien nos ha fallado manteniéndonos en la precariedad, sin
oportunidades de estabilización, durante décadas. Hay decenas de
categorías que no han convocado en 20, 25, y hasta más de 30 años, los
periódicos procesos de estabilización a los que la normativa laboral española les obligaba, creando una enorme bolsa de temporalidad, de las mayores en todo el Estado. Somos, por tanto, personal en abuso de temporalidad, algo que las leyes europeas sancionan,
y por tanto tenemos derecho a una estabilización real de las personas
abusadas, o a una indemnización verdaderamente resarcitoria.
Una
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció
claramente que el personal público con una relación temporal prolongada
está en situación de abuso y que este abuso requiere una “sanción de forma indispensable que sea reparadora para el trabajador y para la que no puede valer convocar el puesto del personal en abuso ahora a un proceso selectivo de futuro incierto, ni tampoco una indemnización que no sea específica, suficientemente efectiva y disuasoria”.
El pasado año se aprobó en el Estado Español la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en empleo público.
Pero esta ley no tiene como finalidad reconocer la existencia de abuso
ni de regular la medida de reparación o “sanción” contra el abuso
exigida por la jurisprudencia europea para cumplir con la Directiva
1999/70/CE, sino única y exclusivamente, reducir la temporalidad en el empleo público.
No se fija en las personas, en los y las trabajadoras que han sufrido
esa temporalidad, sino únicamente se centra en estabilizar plazas, las
ocupe quien las ocupe, con el objetivo de guardar las apariencias acerca
del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el componente 11 del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y así justificar el
poder recibir fondos europeos, pero realmente condenando al personal
público precario a la expulsión del sistema, sin garantías de
estabilidad y sin resarcimiento del abuso.
La Comunidad de Madrid ha sido una de las más negligentes en lo tocante al abuso de temporalidad.
Así, los tres sectores en que el Gobierno regional tiene la competencia
directa sobre las ofertas públicas de empleo -Administración General y
Servicios, Servicio de Salud, y Docentes No Universitarios-, reúnen
60.388 empleados temporales, lo que supone un 42% de temporalidad , situándose muy por encima del 8% que la Unión Europea toma como referencia para deducir un seguro abuso de temporalidad.
Y pese a ser, por tanto, en torno a 50.000 las personas de esos tres sectores de la Administración las que encuentran en la situación de abuso de temporalidad
descrita por las sentencias del Tribunal Europeo, la Comunidad de
Madrid únicamente ha incluido 11.000 plazas en la opción de concurso de
méritos que establece la Ley estatal 20/2021. Mientras, son más de
40.000 plazas las convocadas a procesos por oposición. La Comunidad de
Madrid, tras demorar durante décadas procesos de estabilización a los
que estaba obligada por ley, únicamente ante la inminente entrada en
vigor de la Ley 20/2021 se ha decidido a convocarlos, con el único fin
de hurtar a miles de trabajadores/as la posibilidad de optar a
la estabilización mediante concurso de méritos que dicha ley 20/2021
ofrece para quienes cumplan el requisito de haber sufrido una temporalidad de larga duración.
Por lo contrario, hay numerosas Administraciones Públicas, desde Comunidades Autónomas a Diputaciones y Ayuntamientos, que con honestidad y responsabilidad han desconvocado los procesos donde se ponía en juego plazas ocupadas por personal en abuso,
para volver a convocarlos con arreglo a la Ley 20/2021, dando una
oportunidad real de estabilidad a sus trabajadores. No es el caso de la Comunidad de Madrid, que persiste en el incumplimiento de esta Ley estatal y de la normativa europea.
Como
efecto colateral de la negligencia del Gobierno autonómico, las vidas
de las familias de miles de trabajadores y trabajadoras, la inmensa
mayoría pertenecientes a las categorías inferiores de la
Administración, con sueldos bajos, poca o nula capacidad de ahorro, y
fuertemente feminizadas, irán directas a la exclusión social y a la
supervivencia mediante subsidios públicos si un viraje de la política sobre empleo público en nuestra Comunidad no lo remedia.
Por ello, queremos dirigirnos a los diputados y diputadas de la Asamblea de Madrid. Es fundamental que haya garantías de que el personal público temporal conservará su puesto de trabajo,
o bien recibirá una indemnización resarcitoria, suficiente, que repare
el largo abuso sufrido. Antes que causar una merma de los recursos
públicos, que deberían usarse para mejorar la calidad de las
prestaciones, preferimos continuar trabajando dignamente, como siempre lo hemos hecho, en primera línea de los Servicios Públicos madrileños, cuidando de la ciudadanía y de todas sus necesidades.
COORDINADORA MADRILEÑA DE EMPLEAD@S PÚBLIC@S EN ABUSO DE TEMPORALIDAD'
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