'Varios miles de personas, 2.000 según la policía y más de 10.000 según los sindicatos convocantes, se han manifestado este martes desde la plaza de Cibeles hasta el inicio de la calle Alcalá en defensa de los servicios públicos y contra la "política privatizadora" del Gobierno regional.
Los sindicatos CCOO, UGT y CSIT Unión Profesional, habían convocado a la protesta a los 200.000 funcionarios que trabajan en los servicios públicos madrileños, como Sanidad, Educación y Justicia, que han coreado "villancicos antiprivatizadores" bajo el lema "Por la defensa y dignificación de lo público".
"En épocas de dificultades es cuando la ciudadanía necesita a un gobierno que esté presente y proteja los servicios públicos, pero el de Aguirre está ausente, en Bombay o no sé dónde" ha criticado el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, que ha encabezado la manifestación junto a su homólogo de CC.OO, Javier López, y el portavoz de Asuntos Sociales del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Zerolo.
Maru Menéndez, portavoz de los socialistas de Madrid, explicó que están apoyando a los empleados públicos de la Comunidad en defensa de los servicios públicos "frente a la política de privatización que está llevando a cabo el Gobierno regional".
"Estamos en contra del desmantelamiento en la Comunidad en Sanidad, Educación Servicios Sociales, e incluso con la privatización del Canal Isabel II", apuntó Menéndez, a la vez que mostró su apoyo a las reivindicaciones para la mejora de las condiciones laborales y para que los trabajadores consigan "su dignidad como personas".
En la protesta también han estado presentes representantes del Comité de Empresa del Canal de Isabel II, del hospital Doce de Octubre y de la Radio Televisión pública.
Según los sindicatos, las "privatizaciones" de la enseñanza y la sanidad por parte del Gobierno regional y "la negativa" a cumplir el Estatuto Básico de estos profesionales, han provocado un año de movilizaciones que se cierra con la manifestación de este martes.
El 3 de septiembre de 2007, el entonces vicepresidente segundo del Gobierno regional madrileño, Alfredo Prada, firmó dos acuerdos con CCOO, UGT y CSIT-UP, con el fin de proporcionar a los funcionarios públicos de la Comunidad medidas de formación, motivación y facilidades para conciliar la vida laboral y personal.
Sin embargo, los convocantes denuncian que estos acuerdos nunca llegaron a llevarse a cabo y desde entonces reclaman la consecución de empleo estable y de calidad, la reducción de la temporalidad y la homologación de derechos entre todos los empleados públicos.
También demandan el desarrollo efectivo de la carrera profesional; un plan de igualdad y medidas para conciliar la vida personal, familiar y profesional, así como derechos laborales específicos para las mujeres víctimas de violencia machista.
Reivindican, además, un modelo de salud laboral, un plan de pensiones, la extensión del abono transporte y, "especialmente -aseguran- calidad de los servicios públicos frente a la política de privatizaciones".'
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