'La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado considera que el nuevo sistema de jubilación anticipada por coeficientes reductores aprobado por el Gobierno dificulta el acceso a este derecho al personal dependiente del sector público.
Este Real Decreto regula el procedimiento para su tramitación conforme a la modificación operada por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Esta medida es fruto del acuerdo alcanzado por el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, de junio de 2021, en el que además de esta medida de dudosa efectividad en las Administraciones Públicas, también se acordó penalizar gravemente las jubilaciones voluntarias con una minoración de la cuantía de la pensión que oscila entre un 13% y un 21%.
Se da la circunstancia de que en el caso de los empleados públicos únicamente podrán iniciar el procedimiento CCOO y UGT, junto a las administraciones públicas, y por tanto restringe la participación de organizaciones como CSIF, pese a ser sindicato más representativo en este ámbito.