[29/06/2023] 'La demanda presentada al Tribunal Superior de Justicia de Aragón por unos 200 empleados del Gobierno de Aragón y el sindicato STEPA reclama la nulidad de la oferta pública de empleo de estabilización para cubrir 571 plazas en la Administración General autonómica, dentro del proceso abierto por la Ley 20/2021 para regularizar a los trabajadores en abusode temporalidad y reducir esta al 8% (en la actualidad es casi del 50%). El recurso legal demuestra que son, al menos, 4.089 los puestos que deberían haberse incluido, por lo que se pide a los jueces que esta OPE “pase a incorporar todas las plazas que reúnan los requisitos previstos”, lo que también conlleva sacar de cualquier otra convocatoria en marcha las que deberían haberse incluido en esta.
Además de por vulnerar la Ley 20/2021 en la determinación de plazas, los fundamentos de derecho argumentan que la oferta recurrida también es nula de pleno derecho por “no haberse observado en su procedimiento de elaboración trámites esenciales” y por “carecer de la mínima motivación jurídica exigible”.
La demanda se basa en documentos y datos del propio Gobierno de Aragón, por lo que resalta que “el fraude y la mala fe son incontestables” y evidencia cómo el Gobierno cuatripartito de Javier Lambán tuvo la intención expresa de “evitar, en la medida de lo posible, la aplicación de la citada norma, vaciándola de contenido al reducirla, por razón de las plazas ofertadas, a la mínima expresión”.
LA OPE SOLO INCLUYE EL 14% DE LAS PLAZAS
La oferta de empleo recurrida proviene de la Ley 20/2021 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, que obliga a todas las administraciones a convocar procesos extraordinarios de estabilización de sus trabajadores temporales en abuso: mediante concurso de méritos para los que han ocupado su plaza durante más de seis años y por concurso-oposición para los que llevan entre tres y seis. Así se busca cumplir con las exigencias de la Unión Europea de reducir el índice de temporalidad en el sector público y sancionar la utilización de contratos temporales para cubrir plazas que deberían ser permanentes, al igual que las sanciones existentes en el sector privado.