'La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP‑CGT), tras mantener reuniones con diputadas y diputados del Congreso, ha tenido conocimiento de que el Gobierno de España pretende remitir a la Comisión Europea una versión parcial y sesgada de la situación de la temporalidad estructural en el empleo público en el Reino de España. Esta estrategia busca eludir sanciones comunitarias por el incumplimiento de la Directiva 1999/70/CE sobre contratos de duración determinada y por no haber abordado de forma efectiva el abuso generalizado de la temporalidad.
Por ello, FETAP‑CGT ha remitido un informe al gabinete de la vicepresidenta ejecutiva Roxana Mînzatu, comisaria europea de Empleo, Derechos Sociales y Capacidades, en el que se desmantela esta estrategia del Ejecutivo, evidenciando el uso interesado y excluyente de los datos para construir una imagen falsa de cumplimiento.
Lo que el Gobierno pretende ocultar
La reforma en preparación se centra única y parcialmente en las administraciones de Sanidad, Educación y Justicia, dejando fuera a los servicios generales de las comunidades autónomas y a las administraciones locales, donde se concentra buena parte del empleo público en fraude de ley. Según datos oficiales del propio Ministerio (BEPSAP y EPA), la tasa de temporalidad global supera el 32,24 %, mientras el Ejecutivo comunica únicamente un 17 % a las instituciones europeas, afirmando que ha estabilizado 365.000 plazas y al haber destruido otras 92.200, el 96,54% de la pérdida total de empleo en el primer trimestre, siendo de lejos la mayor cifra desde que se tienen datos.