lunes, 24 de agosto de 2026

[ANSITI] 'ANSITI tacha de «maquillaje contable» la cifra de 200.000 interinos en abuso. La Asociación ANSITI exige al Gobierno la publicación inmediata de los criterios metodológicos utilizados para “borrar de un plumazo” a cerca de 600.000 trabajadores en abuso y cifra el fraude real en más de 800.000 empleados públicos.'

'La Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI), en representación del colectivo de funcionarios e interinos de la Administración Local con habilitación de carácter nacional y en solidaridad con el conjunto del personal temporal del sector público, quiere manifestar su rotundo rechazo a las cifras sobre temporalidad e interinidad trasladadas recientemente por el Gobierno a los medios de comunicación.

La afirmación de que el número de empleados públicos en situación de abuso de temporalidad es de “menos de 200.000” constituye una operación de propaganda y maquillaje estadístico que no se sostiene bajo ningún análisis riguroso del mercado laboral público. De un universo real de casi un millón de empleados temporales en las Administraciones Públicas, el Ejecutivo ha optado por reducir la definición de “abuso” a una expresión marginal y sesgada: únicamente computan a quienes a fecha de hoy continúan en su puesto y acumulan más de tres años seguidos de servicios sin interrupción.

Desde ANSITI desglosamos punto por punto los colectivos masivos que el Gobierno ha “borrado de la foto” para imponer su relato:

1.Los cesados: Las víctimas más graves del sistema

El cómputo oficial solo mira a quienes están fichando hoy. Sin embargo, excluye intencionadamente a aquellos profesionales que, tras haber dedicado 10, 15 o 20 años de su vida laboral a cubrir vacantes y necesidades puramente estructurales, han sido cesados sin un solo euro de indemnización.

Este colectivo sufre lo que ANSITI califica como un triple abuso institucional:

El abuso de origen: Ser mantenidos durante lustros tapando necesidades permanentes bajo un falso marco de interinidad.

El cese a coste cero: La expulsión del servicio público sin ningún tipo de reparación o indemnización por parte de la Administración responsable.

El castigo judicial: Al acudir a la jurisdicción Contencioso-Administrativa —la que corresponde a los interinos—, la justicia española se niega a aplicar la doctrina de reparación del TJUE. No solo no se repara el daño, sino que al demandar, los tribunales imponen al interino el pago de costas procesales de entre 1.000 y 3.000 euros. A diferencia de la jurisdicción social, donde el trabajador ordinario no asume esas cargas, al interino en lo contencioso se le sanciona económicamente por reclamar lo que Europa le reconoce.

2. La trampa del encadenamiento discontinuo (Sanidad, Educación y Administración Local)

El segundo gran truco estadístico consiste en ignorar el abuso mediante encadenamiento con cortes. Es la realidad predominante en sectores clave:

  • En Sanidad: Profesionales que acumulan 10 o 15 años enlazando contratos de semanas, días o guardias sueltas.
  • En Educación: Docentes contratados en septiembre y cesados sistemáticamente en junio, año tras año, durante media vida laboral.
  • En la Administración Local: Miles de secretarios que están siendo cesados de manera continuada tras varios meses de trabajo, regresando a las bolsas de empleo de las Comunidades Autónomas sin percibir indemnizaciones y cuyo periodo tampoco computa como abuso a pesar de que a los pocos días están trabajando en otros ayuntamientos superando con creces los tres años de interinidad.

A pesar de que estos contratos cubren plazas claramente estructurales, para la cuenta del Ejecutivo no computan como abuso porque cada parón administrativo reinicia el contador. La afirmación oficial de que la mayoría de los temporales cuenta con “contratos de seis meses o menos” oculta la trágica realidad: no es que lleven seis meses trabajando, sino que llevan lustros encadenando tramos de seis meses.

3. Las vacantes de larga duración discontinuas

El cómputo solo mide a quien ocupa la plaza en el instante del estudio. Quien cubrió esa misma vacante durante años y posteriormente quedó fuera —bien por cese, bien por ser excluido debido a requisitos arbitrarios en los procesos de estabilización— desaparece automáticamente del sistema.

Si se mide el abuso en los términos fijados por el Derecho Comunitario —computando todo el encadenamiento estructural, exista o no parón formal, y tanto si el trabajador sigue dentro como si ha sido cesado—, la cifra real supera holgadamente los 800.000 afectados. La cifra de “menos de 200.000” es simplemente el remanente tras expulsar de la muestra a la inmensa mayoría de las víctimas.

Por ello, desde ANSITI advertimos públicamente a los medios de comunicación y a la opinión pública sobre la sospecha fundada de que esta operación de maquillaje de datos es el preámbulo justificativo para articular y tramitar una nueva ley similar a la perjudicial Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

La complicidad judicial y el incumplimiento a sabiendas

ANSITI denuncia que la vía judicial en España no está solucionando el problema, sino disfrazando una chapuza.

En la vía contencioso-administrativa, la doctrina europea se ignora de forma sistemática.

En la vía social, la solución construida por el Tribunal Supremo ofrece indemnizaciones que suponen “auténticas limosnas” y restringe la fijeza únicamente a quienes contaban con un examen aprobado, incumpliendo la exigencia europea de sanciones disuasorias y efectivas frente a la Administración infractora.

El Tribunal Europeo ha marcado con absoluta claridad cuál es el listón de cumplimiento. El Gobierno y los tribunales españoles conocen perfectamente la jurisprudencia comunitaria y, aun así, han decidido situarse de forma deliberada por debajo de ella. No estamos ante un error técnico o de interpretación: es una decisión política que roza la prevaricación.

Exigencias de ANSITI

  1. Auditoría transparente: Exigimos al Ministerio la publicación inmediata de la metodología detallada que justifique cómo se reduce un colectivo de casi un millón de temporales a menos de 200.000.
  2. Freno a nuevos parches legislativos: La renuncia expresa a tramitar cualquier Ley similar a la 20/2021 que perpetúe la precarización y el despido barato.
  3. Cumplimiento real con la Directiva 1999/70/CE: Exigimos el reconocimiento de la condición de fijo o una indemnización verdaderamente disuasoria para todos los abusados, con inclusión explícita del personal cesado.
  4. Fin a la penalización por costas: Exigimos el cese inmediato de la imposición de costas judiciales a los empleados públicos que acuden a los tribunales a defender los derechos que Europa les otorga.

Mientras el Gobierno no muestre las cuentas de manera transparente y cumpla estrictamente con la doctrina del TJUE, la cifra de “menos de 200.000” carecerá de todo valor y legitimidad.'

Fuente: Nota de prensa de la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI) de 19/08/2026 recibida en APISCAM

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