[Recordatorio de nota de prensa publicada por el Tribunal de Justicia de la UE el 4 de Julio de 2006, OJO hace justo 20 años]
'La Directiva 1999/70 tiene por objeto aplicar el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración
determinada celebrado por las organizaciones interprofesionales de carácter general (CES,
UNICE, CEEP). Dicho Acuerdo pretende establecer un marco para evitar los abusos derivados
de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada. El
Acuerdo marco dispone que la renovación de sucesivos contratos o relaciones de trabajo de
duración determinada puede justificarse por «razones objetivas». También establece que los
Estados miembros determinarán en qué condiciones los contratos de trabajo de duración
determinada se considerarán «sucesivos» y «celebrados por tiempo indefinido». El plazo para
adaptar el Derecho interno a la Directiva expiraba el 10 de julio de 2001, aunque existía la
posibilidad de prorrogarlo un año como máximo.
La adaptación del ordenamiento jurídico helénico a dicha Directiva tuvo lugar fuera de plazo, en
abril de 2003. La normativa de adaptación establece, en lo que respecta a los trabajadores por
cuenta ajena del sector privado, que la renovación ilimitada de los contratos de trabajo de
duración determinada será lícita cuando exista una razón objetiva que la justifique, precisando
que existe una razón objetiva, entre otras, cuando la celebración del contrato de duración
determinada venga impuesta por una disposición legal o reglamentaria. Además, esta normativa
considera «sucesivos» los contratos o relaciones laborales de duración determinada celebrados
entre el mismo empresario y el mismo trabajador, con condiciones laborales idénticas o
similares, cuando entre ellos no haya transcurrido un intervalo superior a veinte días
laborables. El régimen aplicable a los trabajadores del sector público excluye absolutamente la
posibilidad de transformar un contrato de duración determinada en un contrato por
tiempo indefinido.
El Sr. Adeneler y otros 17 trabajadores celebraron con el ELOG, persona jurídica privada
integrada en el sector público, varios contratos de trabajo de duración determinada sucesivos, los
últimos de los cuales expiraron sin ser renovados. Cada uno de estos contratos se celebró por una
duración de ocho meses y el intervalo transcurrido entre unos contratos y otros osciló entre un
mínimo de 22 días y un máximo de 10 meses y 26 días. Estos trabajadores han interpuesto una
demanda ante el Monomeles Protodikeio, solicitando que se declare que dichos contratos deben
considerarse contratos de trabajo de duración indefinida, y dicho tribunal ha planteado
cuatro cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
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