Admitida la queja sindical sobre la ley que permite elegir médico

'El Defensor del Pueblo pide informe al Gobierno regional

Una cosa es la libre elección de médico, sobre la que los sindicatos no tienen queja, y otra la supresión de las 11 áreas sanitarias en que se divide actualmente la región y que la Ley de libertad de elección en la sanidad, aprobada en noviembre, reduce a una sola para más de seis millones de habitantes. CC OO y UGT consideran que el área única puede "quebrar" la Ley General de Sanidad, una norma estatal. Por eso acudieron el día 9 al Defensor del Pueblo y le plantearon su queja. Le dijeron que la libre elección no es excusa para desmantelar la división organizativa actual y le recordaron que la Ley General de Sanidad establece que las áreas no pueden superar los 250.000 habitantes. El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja y ha pedido informes a la Comunidad de Madrid.

La respuesta que el Defensor ha hecho llegar a los sindicatos deja entrever su preocupación por lo que denuncian y coincide con sus argumentos: la gestión de los servicios sanitarios debe estar próxima a los usuarios. La carta asegura que Múgica ha recordado a la Consejería de Sanidad que las áreas de salud, "piezas básicas en la integración de los servicios sanitarios", tienen como objetivo "la proximidad de los servicios a los usuarios en un marco de gestión descentralizada y participativa". Según la carta, el Defensor ha pedido a la administración, que actualmente está preparando el reglamento que desarrolla la ley, que el texto "esté presidido por el principio (...) relativo a la proximidad de los servicios a los usuarios a través de una gestión descentralizada".'

Fuente y noticia completa: El País 26/12/09

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Múgica investiga la ley que permite elegir médico. [Protesta en el H. Clínico ante la visita de la Presidenta]

'El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, considera que "hay indicios suficientes para admitir a trámite" la queja que ayer le presentaron CC OO y UGT. Los sindicatos consideran que la Ley de Libre Elección de médico, aprobada el mes pasado, "quiebra" la norma estatal, la Ley General de Sanidad. Ayer le pidieron que impugne los artículos que la contradicen, como el que suprime las 11 áreas de salud en que se divide la región actualmente para crear un área única que gestione la atención primaria de más de seis millones de personas. La Ley General de Sanidad establece que las áreas, "estructuras fundamentales del sistema sanitario", no pueden superar los 250.000 habitantes.

Los liberados sindicales son "un anacronismo y un escándalo" en "esta época de crisis", aseguró ayer Esperanza Aguirre. También lamentó que los sindicatos no se fijen en "las ventajas" de la Ley de Libre Elección, que permitirá en el primer trimestre del año que viene escoger médico de familia, enfermera, pediatra y especialista entre todos los de Madrid. "Se fijan más en los liberados sindicales que van a perder", añadió durante una visita a la nueva Sala de Hemodinámica del hospital Clínico. UGT y CC OO le recordaron más tarde que la sindicación es un derecho constitucional.'


'Una veintena de trabajadores del hospital, del sindicato MATS, recibieron a la presidenta y al consejero de Sanidad, Juan José Güemes, con abucheos y pancartas críticas ("Aguirre dimisión", "Enemigos de lo público"...). Varios policías antidisturbios les custodiaron durante la visita. Para evitar cruzarse con los manifestantes, Aguirre subió y bajó en un ascensor de servicio.'

Fuente y noticia completa: El País 10/12/09

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CCOO y UGT se reúnen el miércoles con el Defensor del Pueblo para pedirle que impugne el Ley de Área única sanitaria

'La secretaria de Política Social de CCOO de Madrid, Ana González, y el secretario de Políticas Sectoriales de UGT de Madrid, Juan Luis Martín, se reunirán el próximo miércoles, 9 de diciembre, con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, para pedirle la impugnación de la Ley de Libertad Elección en la Sanidad aprobada por el gobierno regional por cuanto incumple la Ley General de Sanidad, concretamente lo recogido en su Capitulo III, de las Áreas de Salud, artículos 56 a 69.'

Fuente y noticia completa: Europa Press 7/12/09 vía Qué
Visto en MATS-Madrid

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El Defensor denuncia las listas de espera de Madrid

Múgica critica los aplazamientos para dar las citas a los pacientes

"Amplios e inaceptables". Así son los tiempos de espera que aguantan algunos ciudadanos en la sanidad española. Lo denunció ayer el defensor del pueblo, Enrique Múgica, durante la presentación en el Congreso de los Diputados de su último informe, de 2008. Y puso ejemplos que dejan especialmente mal parada a la región. De nueve casos de demoras excesivas, siete ocurrieron en Madrid: ocho meses de espera para una consulta de oftalmología en La Paz, ocho meses para cardiología en el centro de especialidades Hermanos García Noblejas y el de Aguacate, otros ocho meses para una prueba en el Puerta de Hierro, cuatro meses para una mamografía en La Paz...

Prácticamente no hay página en el apartado sanitario del informe en la que el Defensor no se refiera a quejas que le llegan desde Madrid. En sus conclusiones denuncia la existencia de agendas cerradas en varios centros sanitarios, y destaca el "significativo número de quejas" recibidas por la "externalización" de los servicios sanitarios.No sólo es que los ciudadanos se eternicen en las listas de espera para que les vea el especialista o les hagan una prueba. Es que, además, esas listas se gestionan de manera "irregular", denuncia el Defensor del Pueblo. Se refiere a la práctica de las "agendas cerradas". Cuando el paciente va a pedir hora para el especialista en su centro de salud, le dicen que no se la pueden dar porque la agenda todavía no está abierta. Eso se traduce, explica el Defensor, en "la existencia de pacientes en espera, en ocasiones durante un elevado número de meses, de que se les asigne la fecha en la que podrán ser atendidos".

Y lo ilustra con cuatro ejemplos, todos en Madrid: endoscopia digestiva en el Gregorio Marañón, neurología en el centro de especialidades de Villaverde-Cruce, ginecología y obstetricia en el hospital Infanta Elena y oftalmología en el centro de especialidades de Moratalaz. Las agendas cerradas, señala Múgica en sus conclusiones, "demoran el derecho de los pacientes siquiera a conocer la fecha en la que serán atendidos".

La privatización de la sanidad madrileña también ocupa varias páginas del informe. El Defensor dice haber recibido quejas de "un amplio número de usuarios y profesionales" acerca del "posible deterioro" de la sanidad pública. Múgica deja constancia de su "inquietud" al respecto y, más adelante, retoma la "externalización" de los servicios sanitarios para a continuación lanzar un aviso: su progresión "podría llegar a vulnerar los principios básicos del sistema de salud en España, es decir, los de universalidad, gratuidad, financiación pública y equidad".

La privatización de los centros de especialidades de Pontones y Quintana también motivó que el Defensor iniciara una investigación, aún no concluida, para determinar si una empresa privada puede prestar asistencia sanitaria en un edificio de titularidad pública.

Múgica también se ocupa, como consecuencia del "representativo número de quejas", de la falta de pediatras que aqueja al sistema sanitario público. De los cinco ejemplos que cita, cuatro corresponden a Madrid. Por ejemplo, 600 usuarios del centro de salud de Ciempozuelos denunciaron la masificación de las consultas y el hecho de que los médicos de cabecera estaban asumiendo la atención pediátrica. Éstos, por seguridad, en ocasiones derivaban a los niños al 12 de Octubre. Algo similar ocurría en el centro de salud de Perales del Río (Getafe) y en el de Embajadores (Madrid).

El informe va desgranando denuncias e investigaciones en materia sanitaria del año pasado. Como la que el Defensor inició de oficio sobre el centro de salud El Soto, en Móstoles. Las vacaciones del médico titular dejaron sin actividad una consulta durante ocho días. También se denunció que en el hospital infantil Niño Jesús no había intérpretes o traductores de signos para atender a los menores sordomudos, especialmente cuando sus padres también lo eran.

El hospital Puerta de Hierro, recién trasladado a Majadahonda, generó el año pasado "diversas quejas", todavía en trámite, en las que se detalla que "la imprevisión ha generado un riesgo para la salud de los pacientes, tal y como han manifestado los propios profesionales del centro". El informe también habla de las quejas sobre la "notable demora" en las urgencias de los hospitales públicos, "especialmente en centros de la Comunidad de Madrid", puntualiza el Defensor.

Fuente: El País

El Defensor del Pueblo alerta de la privatización sanitaria

Crítica oficial al modelo sanitario público-privado impulsado por la Comunidad de Madrid. El Defensor del Pueblo alertó ayer en el Congreso de los Diputados sobre la "externalización" de servicios sanitarios de la Comunidad.

El informe anual del Defensor recoge la preocupación de "usuarios y profesionales" acerca de la entrada de capital privado en la sanidad cuya "progresión podría vulnerar los principios del sistema de salud pública", dice. Además, el texto advierte de que en varios hospitales se usan "irregularmente" las agendas de citas, lo que impide a los pacientes saber "cuándo serán atendidos", según Europa Press.

Defensor del Pueblo apunta al uso "irregular" de las agendas cerradas y a la "externalización" sanitaria en su informe 2008

El Defensor del Pueblo apunta al uso "irregular" de las agendas cerradas en algunos centros sanitarios madrileños y a la "externalización" sanitaria en la Comunidad en su último informe de 2008, que ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados.

"A estos efectos, debe ser señalada la irregular utilización de las llamadas agendas cerradas en varios centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, que demoran el derecho de los pacientes siquiera a conocer la fecha en la que serán atendidos", señala el texto respecto a las quejas que ha habido en relación al cierre de agendas en algunos hospitales de la región.

Asimismo, el escrito habla de un "significativo número de quejas de usuarios y profesionales" recibidas por el Defensor que expresan "su inquietud por un proceso calificado de externalización de los servicios sanitarios, cuya progresión podría llegar a vulnerar los principios básicos del sistema de salud en España".

Estas quejas se unen al debate que ha habido en los últimos meses sobre la entrada de capital privado en la sanidad madrileña y que se ha plasmado en quejas de usuarios y profesionales a las puertas de los hospitales que visitaba el consejero del ramo, Juan José Güemes, y en concentraciones en la calle.

El estudio también dice que las diferencias en el régimen de prestaciones sanitarias entre las comunidades autónomas son "cada vez más notables", destacando en áreas como los nuevos medicamentos, el calendario vacunal, la salud mental, las enfermedades raras y el diagnóstico genético.

Asimismo, hay diferencias autonómicas en otros ámbitos, como el consejo genético, los cuidados paliativos y de tratamiento del dolor, la atención bucodental, la cirugía de reasignación de sexo, la atención podológica a pacientes diabéticos, en las terapias contra el tabaco y las ayudas económicas a pacientes con celiaquía.

Según este informe, el Defensor del Pueblo recibió en 2008 un total de 566 quejas relacionadas con la sanidad, lo que supuso el 3,5 por ciento de todas las quejas recibidas sobre todos los ámbitos. De estas 566 quejas, 563 fueron individuales y tres de oficio. En este sentido, el documento confirma un "descenso" en el número de quejas presentadas por los retrasos para la obtención de prestación sanitaria, aunque con importantes diferencias entre las autonomías.

Además, el pasado año, el Defensor recibió varias peticiones de profesionales y ciudadanos interesados "en la creación de nuevas especialidades médicas", entre ellas la Medicina de Urgencias y la Psiquiatría de infancia y adolescencia. La reforma troncal de las especialidades médicas es un tema pendiente en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Fuente: ADN
Fuente: ADN

Ambulatorios privados bajo sospecha. El Defensor del Pueblo investiga la cesión de dos centros a Capio

'Se lo encontraron de repente. Hace año y medio los trabajadores del centro de especialidades de Argüelles (Quintana, 11) se enteraron de que la empresa Capio (gestora del hospital privado Fundación Jiménez Díaz) iba a quedarse con el edificio en el que algunos llevaban más de 20 años trabajando. Médicos y otro personal de Capio ocuparían sus consultas. Se concentraron, lo empapelaron con carteles, protestaron. No sirvió de nada. El 1 de enero el centro dejó de estar gestionado directamente por el Servicio Madrileño de Salud.

Muchos trabajadores se fueron. "No me dejaron quedarme", se lamenta un médico, que ahora pasa consulta en el Puerta de Hierro. Hace cinco años pidió el cambio a Quintana porque quería tener el trabajo cerca de casa. Ahora es asiduo del 653 y el 655, los autobuses que llevan -con frecuencia discutible- al polígono de Majadahonda donde se ha construido el nuevo hospital. Siempre le toca ir de pie.

Con el centro de Pontones (Ronda de Segovia, 52) pasó algo parecido. Los trabajadores pitaron, silbaron y gritaron, pero en abril del año pasado los médicos de Capio empezaron a pasar consulta. Era la primera vez que se cedía la gestión de un centro de especialidades a una empresa privada. ¿Puede hacer algo así la Comunidad con dos edificios que son de la Tesorería General de la Seguridad Social?, se preguntaron sindicatos, oposición y asociaciones. Sus quejas empiezan a dar frutos. El Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación, todavía en trámite, sobre la entrega de Quintana y Pontones a Capio

En opinión de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), la Comunidad "se ha extralimitado en sus competencias". Una cosa es que haga uso de los inmuebles que le transfirió el Insalud cuando, en 2002, le traspasó las competencias sanitarias. Y otra, que ahora se los ceda a un tercero que, además, es "una empresa privada con ánimo de lucro", explica su presidente, Marciano Sánchez-Bayle. Por eso la asociación se dirigió al Ministerio de Sanidad, al Defensor del Pueblo y a la Tesorería de la Seguridad Social. Su argumento: que si la Comunidad no accede a que Capio deje de usar los edificios, debería aplicarse el Real Decreto 1479/2001 por el cual "los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social" revertirán al Estado "en el caso de no uso o cambio de destino para el que se adscriben".'

'La consejería asegura que ya contestó a la Tesorería el año pasado y que "no hay convenio porque la cesión no existe", según una portavoz. "No se puede hablar de cesión, porque lo único que ha pasado es que los médicos de la Fundación se han desplazado allí para atender a pacientes en consultas externas, que son además los mismos que ya atendía en hospitalización", añade. Sanidad, según esta portavoz, no está haciendo nada incorrecto y además recibe "contrapartidas económicas" por ceder espacios a Capio, es decir, que reduce el dinero que le paga por tratar a la población que tiene asignada, "porque ellos no tienen gastos estructurales".'

'Mientras tiempo, y al mismo tiempo que retrasa el envío de información, la Consejería de Sanidad sigue adelante con las cesiones de uso de patrimonio de la Seguridad Social a empresas privadas. La constructora que consiga hacerse con el futuro hospital de Torrejón, recién licitado (costará 102 millones, tendrá 250 camas y la concesión durará 30 años) y que será privado también en la parte sanitaria, se llevará un extra. El trato incluye la gestión del centro de especialidades de la localidad. Ya será el tercero.'

Fuente y noticia completa: El País 26/04/09

Güemes se reúne con el Defensor del Pueblo y le invita a visitar las urgencias de los hospitales madrileño

'El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, mantuvo ayer una reunión en la sede del Defensor del Pueblo con su titular, Enrique Múgica, en la que "aclararon todas o gran parte de las dudas" que se habían suscitado en las últimas semanas en relación a la atención que recibían los pacientes de las urgencias en los hospitales de la Comunidad, por lo que, además, le invitó a visitar personalmente las instalaciones de los centros, según explicó hoy el titular de Sanidad durante la presentación de la Encuesta de Satisfacción de los Usuarios de Atención Primaria.

La reunión viene precedida por el anuncio que el Defensor del Pueblo realizó el pasado 22 de enero, en el que afirmó que iba a iniciar una investigación de oficio sobre la situación de las urgencias de los hospitales de la región, tras haber recibido quejas sobre el tema por parte de ciudadanos y después de las denuncias realizadas por los medios de comunicación.'

Fuente y noticia completa: Europa Press 3/2/09. Visto en MATS-Madrid

El Defensor del Pueblo investigará el "grave problema" de las urgencias

'El caos de las urgencias de los hospitales públicos de Madrid ha alcanzado ya el rango de problema nacional. Sólo así se entiende que el Defensor del Pueblo, la institución dirigida por Enrique Múgica, habitualmente cautelosa a la hora de destapar escándalos, haya decidido abrir una investigación específica sobre la situación de estos servicios públicos. Múgica ha enviado una carta al consejero de Sanidad, Juan José Güemes, en la que le anuncia el inicio de esta investigación y le pide que le explique qué planes tiene para arreglar el problema.

La carta del Defensor califica la situación de las urgencias de "grave problema" por la "saturación" del servicio. El organismo, que tiene como misión la "protección y defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos", según la Constitución, dibuja un panorama dramático de la situación basándose en las quejas de los ciudadanos, en la comprobación in situ de funcionarios del Defensor y en noticias aparecidas en prensa.'

Fuente y noticia completa: El País

El Defensor del Pueblo no ve "mecanismos de enganche" para recurrir al TC los modelos de gestión sanitaria de Madrid

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, no ve "mecanismos de enganche" para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) los modelos de gestión sanitaria puestos en marcha por la Comunidad de Madrid en los hospitales de la región, aunque deja la puerta abierta a un recurso por la vía contencioso-administrativa.
Así lo anunciaron hoy en rueda de prensa el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, y la portavoz de la coalición en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, quienes solicitaron ante la institución que promueva un recurso de inconstitucionalidad por la "posible incompatibilidad entre la generalización de la figura de la concesión a empresas privadas de hospitales y centros de salud de la Comunidad de Madrid y la obligación de mantener la Sanidad como servicio público".
"Dado que no es posible técnicamente interponer el recursos de inconstitucionalidad solicitado, esta institución seguirá profundizando en la búsqueda de posibles vías de actuación, en orden a intentar dar respuesta a la creciente percepción de los ciudadanos (...) acerca del posible deterioro de la Sanidad pública, como consecuencia de la proliferación de nuevas formas de gestión de corte privado o empresarial", subraya Múgica, quien mantiene que el problema podrá debatirse por la vía contencioso-administrativa.
"Será en sede contencioso-administrativa donde pueda debatirse y resolverse el problema relativo a si una forma concreta de persona jurídica está 'capacitada por las vías legales' para intervenir en la gestión de un servicio público como es el Sistema Nacional de Salud, pudiendo el tribunal que conozca el correspondiente recurso contencioso-administrativo plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC", argumenta.
Llamazares, que dijo sentirse "parcialmente satisfecho" tras conocer la resolución, consideró que la respuesta del Defensor del Pueblo es "muy crítica" con la Sanidad madrileña y con los nuevos modelos de gestión, especialmente porque pormenoriza cuáles son los "riesgos" que tienen para garantizar la universalidad, el carácter público y la equidad de la Sanidad.
El diputado de IU manifestó que "habiendo materia, no hay norma que pueda ser objeto de recursos de inconstitucionalidad" porque la norma en la que se apoya la Comunidad de Madrid data del año 1997, por lo que "no puede ser recurrida en el tiempo". No obstante, avanzó que IU "explorará la vía directa" para llevar a los tribunales los modelos sanitarios de la región.
A su juicio, las conclusiones del Defensor del Pueblo son "un varapalo para el modelo de gestión privada de la Comunidad de Madrid, además de un aviso para navegantes" porque alerta de que ha estudiado dos casos, entre ellos Pontones, en los que la institución "va a ir hasta sus últimas consecuencias ante la posible vulneración de derechos constitucionales" por parte del Gobierno regional.
LEY 15/97
La resolución del Defensor del Pueblo recuerda que la Ley 15/1997 explica que en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, "garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria y sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho".
Además, subraya que la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios "podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios, contratos con personas o entidades públicas o privadas en los términos previstos en la Ley general de Sanidad".
A este respecto, mantiene que, a tenor de este artículo, la Ley "no contempla ninguna forma jurídica concreta de gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios" y establece, además, la posibilidad de que la gestión y administración de los centros "pueda llevarse a cabo a través de cualquier entidad de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, remitiendo a la vía reglamentaria la concreción de las formas jurídicas de las entidades que se creen para realizar dicha gestión".
"INQUIETUD" POR LA SANIDAD
En su dictamen, el Defensor del Pueblo muestra su "inquietud" respecto a determinadas iniciativas en materia de organización y gestión de centros y servicios sanitarios e insiste en la necesidad de mantener los principios de gratuidad, universalidad, financiación pública y equidad.
En este sentido, recordó el análisis que practicó de las quejas de los trabajadores del Centro de Especialidades de Pontones e indicó que recientemente ha solicitado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la remisión del "concierto singular de vinculación de carácter marco" suscrito entre el Servicios Madrileño de Salud y la Fundación Jiménez Díaz.
Finalmente, hace referencia a las quejas de IU respecto a Pontones y al Hospital Puerta de Hierro y sobre ello recalca que se ha dirigido a las administraciones competentes para obtener una información "más completa" sobre los problemas que han motivados las protestas.
INFORMACIÓN PARA LA COMISIÓN SANITARIA
Tras analizar la respuesta de Múgica, Sabanés indicó que toda la información que se recopile sobre la situación sanitaria en la región irá a parar a la Comisión de estudio parlamentaria pactada entre la presidenta Esperanza Aguirre y el secretario general del PSM, Tomás Gómez, y que ayer quedó aprobada en la Cámara regional.
Entre los informes que llevará a la Comisión, Sabanés mencionó el convenio entre el Sermas y la Jiménez Díaz, la entrada en Pontones de la empresa Capio, el análisis "detallado" de las normas, convenios, acuerdos y "firmas ocultas" que permiten avanzar en la privatización sanitaria, así como la evolución de las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, la falta de profesionales, médicos, pediatras y personal o la modificación de las áreas sanitarias.
En la misma línea, Llamazares adelantó que tiene previsto pedir al Gobierno central un estudio sobre los distintos modelos de gestión sanitarios y que, dentro del Pacto por la Sanidad, solicitará que se aclaren las consecuencias que esto tiene para la salud.
"Tengo la convicción de que el sistema no sólo es más caro, que lo es, sino que también es menos equitativo y más discriminatorio. Puede haber más número de camas, pero menos recursos", aseveró, al tiempo que reseñó que el Ejecutivo central "no puede mirar para otro lado" y que debe cumplir con su cometido de inspección para que los modelos de gestión cumplan la Ley y "no incumplan la igualdad".
A su juicio, la Sanidad madrileña "es un chollo para unos pocos" que tiene "beneficios para las empresas", mientras que son los ciudadanos quienes asumen los "riesgos" de un sistema que "pierde calidad y gana hostelería".
Llamazares también desveló que se reúne "de vez en cuando" con el ministro de Sanidad, Bernat Soria, para tratar temas de su competencia y confesó que en una de esas citas han abordado la situación de la Comunidad de Madrid. "Compartimos la inquietud de los ciudadanos madrileños y la preocupación por el sistema sanitario y sus garantías", aseguró.
También manifestó que en estas reuniones ha percibido una actitud crítica respecto a la generalización del modelo de gestión privado pero no ha visto "de forma clara" los métodos del Ministerio para "frenar la privatización". Por ello, exigió al Gobierno que "ejerza presión" y no se quede sólo en las críticas.
Llamazares destacó que el Ministerio de Sanidad atribuye al reparto de competencias las dificultades para intervenir en asuntos de esta índole y, ante ello, recalcó que "cuando las competencias niegan principios fundamentales de la Constitución y de la Ley General de Sanidad, el Gobierno debe intervenir".

Fuente: Europa Press

TeleMadrid recoge la noticia: El Defensor del Pueblo no recurrirá (ante el) TC la "privatización" de la sanidad madrileña que denuncia IU.
El Defensor del Pueblo no ve factible plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la "privatización generalizada" de la sanidad madrileña que denuncia IU, pero estudiará "otras vías de actuación" para responder a la creciente percepción que tienen los ciudadanos de su "posible deterioro".
Fuente: TeleMadrid