Ambulatorios privados bajo sospecha. El Defensor del Pueblo investiga la cesión de dos centros a Capio

'Se lo encontraron de repente. Hace año y medio los trabajadores del centro de especialidades de Argüelles (Quintana, 11) se enteraron de que la empresa Capio (gestora del hospital privado Fundación Jiménez Díaz) iba a quedarse con el edificio en el que algunos llevaban más de 20 años trabajando. Médicos y otro personal de Capio ocuparían sus consultas. Se concentraron, lo empapelaron con carteles, protestaron. No sirvió de nada. El 1 de enero el centro dejó de estar gestionado directamente por el Servicio Madrileño de Salud.

Muchos trabajadores se fueron. "No me dejaron quedarme", se lamenta un médico, que ahora pasa consulta en el Puerta de Hierro. Hace cinco años pidió el cambio a Quintana porque quería tener el trabajo cerca de casa. Ahora es asiduo del 653 y el 655, los autobuses que llevan -con frecuencia discutible- al polígono de Majadahonda donde se ha construido el nuevo hospital. Siempre le toca ir de pie.

Con el centro de Pontones (Ronda de Segovia, 52) pasó algo parecido. Los trabajadores pitaron, silbaron y gritaron, pero en abril del año pasado los médicos de Capio empezaron a pasar consulta. Era la primera vez que se cedía la gestión de un centro de especialidades a una empresa privada. ¿Puede hacer algo así la Comunidad con dos edificios que son de la Tesorería General de la Seguridad Social?, se preguntaron sindicatos, oposición y asociaciones. Sus quejas empiezan a dar frutos. El Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación, todavía en trámite, sobre la entrega de Quintana y Pontones a Capio

En opinión de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), la Comunidad "se ha extralimitado en sus competencias". Una cosa es que haga uso de los inmuebles que le transfirió el Insalud cuando, en 2002, le traspasó las competencias sanitarias. Y otra, que ahora se los ceda a un tercero que, además, es "una empresa privada con ánimo de lucro", explica su presidente, Marciano Sánchez-Bayle. Por eso la asociación se dirigió al Ministerio de Sanidad, al Defensor del Pueblo y a la Tesorería de la Seguridad Social. Su argumento: que si la Comunidad no accede a que Capio deje de usar los edificios, debería aplicarse el Real Decreto 1479/2001 por el cual "los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social" revertirán al Estado "en el caso de no uso o cambio de destino para el que se adscriben".'

'La consejería asegura que ya contestó a la Tesorería el año pasado y que "no hay convenio porque la cesión no existe", según una portavoz. "No se puede hablar de cesión, porque lo único que ha pasado es que los médicos de la Fundación se han desplazado allí para atender a pacientes en consultas externas, que son además los mismos que ya atendía en hospitalización", añade. Sanidad, según esta portavoz, no está haciendo nada incorrecto y además recibe "contrapartidas económicas" por ceder espacios a Capio, es decir, que reduce el dinero que le paga por tratar a la población que tiene asignada, "porque ellos no tienen gastos estructurales".'

'Mientras tiempo, y al mismo tiempo que retrasa el envío de información, la Consejería de Sanidad sigue adelante con las cesiones de uso de patrimonio de la Seguridad Social a empresas privadas. La constructora que consiga hacerse con el futuro hospital de Torrejón, recién licitado (costará 102 millones, tendrá 250 camas y la concesión durará 30 años) y que será privado también en la parte sanitaria, se llevará un extra. El trato incluye la gestión del centro de especialidades de la localidad. Ya será el tercero.'

Fuente y noticia completa: El País 26/04/09