[El País 19/01] 'La Comunidad de Madrid, preocupada por las listas de espera
quirúrgicas desde que Esperanza Aguirre prometió dimitir si eran
demasiado largas, decidió en 2007 suscribir un contrato marco para
habilitar a determinadas clínicas y poder derivarles operaciones. Lo
llamó Ocaña, y desde entonces ha estado adjudicando lotes de
intervenciones quirúrgicas, como en una especie de subasta, en función
de la puntuación que los centros obtuvieron en aquella acreditación hace
ya más de cinco años. El contrato, sin embargo, solo tenía un plazo de
ejecución de dos años. Y se ha estado prorrogando sin que las clínicas
hayan tenido que volver a aportar la información sanitaria que
proporcionaron entonces, tal y como confirman dos de ellas.
La opacidad de este sistema de derivaciones, del que ni siquiera se
informa en las memorias anuales del Servicio Madrileño de Salud
(Sermas), es tal que la Consejería de Sanidad se ha negado en repetidas
ocasiones a facilitar a este diario los pliegos de condiciones y a
responder a las preguntas sobre el control que ejerce sobre las clínicas
tanto tiempos después de haberlas acreditado. Solo en 2012 la sanidad
pública derivó a la privada a través del contrato marco Ocaña
operaciones por las que pagó 16,5 millones de euros, según un recuento
de adjudicaciones realizado por este diario.' [...]
'La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid criticó en 2010 la falta
de control del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) sobre la calidad de
los servicios que prestan las entidades privadas o fundaciones a las que
deriva a los pacientes mediante convenios o conciertos. Es una de las
conclusiones a las que llegaba el informe de fiscalización elaborado
sobre el programa presupuestario 750 (Atención Especializada) del año
2007.'
Fuente y noticia completa: El País 19/01/2013
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