[CSFI nacional] 'CSIF exige sanciones ejemplares a los responsables de Administraciones que abusen de la temporalidadd. Función pública pide más tiempo a la Comisión Europea tras incumplir la Ley de Estabilización: hay que endurecer las sanciones, convocar todas las plazas estructurales, reducir plazos de ejecución de procesos selectivos y aprobar unos presupuestos que eliminen de una vez la tasa de reposición como se pactó con CSIF'

'La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, considera que se deben establecer “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal.

CSIF pide que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan.

El Ministerio de Función Pública informó hoy que ha pedido más tiempo a la Comisión Europea antes de que se hagan efectivas las sanciones por incumplir los objetivos de la Ley de Estabilización que limitan al 8 por ciento la tasa de temporalidad. El propio Ministerio reconoce que, en los sectores de Educación y Sanidad, la temporalidad asciende al 49 y 43 por ciento respectivamente.

Por ello, CSIF propone:

- Endurecer las sanciones.

- Que las ofertas de empleo público convoquen todas las plazas estructurales para prestar un servicio público efectivo y de calidad y así evitar que para dar un servicio adecuado se tenga que acudir a la contratación temporal.

- ⁠Reducir los plazos de ejecución de los procesos selectivos (actualmente tienen un plazo máximo de 3 años, que se incumple sistemáticamente).

- Además, tras el acuerdo alcanzado con CSIF, el Gobierno debe eliminar la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público para que las administraciones puedan realizar ofertas en función de sus necesidades sin contratar interinos.

CSIF traslada su solidaridad con las miles de personas que están todavía en situación de abuso de la temporalidad. Y vamos a continuar nuestras medidas de presión hasta conseguir que el Gobierno cumpla y se dé solución a los problemas que todavía sufren grandes profesionales en todos los ámbitos de nuestras administraciones, después de años de servicio ejemplar.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocida el pasado 11 de mayo avala la posición de nuestra organización: las administraciones públicas están incumpliendo de manera sistemática la Ley de Temporalidad.'

Fuente: Comunicado de CSIF nacional de 30/06/2026

 

NOTA DEL EDITOR: recordemos  la doble presión de la Comisión Europea a España actual para que España regule medidas válidas contra el abuso de temporalidad público existente:

• Por un lado, Empleo de la Comisión Europea   avanzó a Dictamen Motivado el procedimiento de infracción  INFR(2014)4334 contra España por este tema que extendió al empleo público en general tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 19/03/2020 "Sánchez Ruiz" -el caso principal, un informático nuestro- vinculándole la denuncia múltiple preexistente de empleados públicos españoles CHAP(2013)01917. La Comisión Europea haba dado de plazo hasta ayer 29/06/2026, pudiendo pedir prórrogas si presenta un calendario de actuaciones, para que el Gobierno aprobara nueva normativa so pena de llevar a  España ante el TJUE para la imposición de multas. Recordemos que la Comisión Europea , justo el día 28/04/2026, presentó un plan para la reducción de varios plazos internos de sus procedimientos de infracción, en especial, el de las prórrogas posibles para tomar medidas tras un Dictamen motivados, con el que pasarían a ser sólo como mucho de 3 meses , en vez del habitual de hasta un año y sólo se concedería si el país reconoce la infracción y acompaña la solicitud de prórroga con un calendario preciso de aprobación de las medidas en ese plazo de 3 meses
  
  
• y la  decisión de Economía de la Comisión Europea de suspender de 626 millones de fondos europeos por no disponer de una normativa válida para sancionar el abuso de temporalidad público, cuyo plazo inicial de 6 meses  ya finalizó, y tras el que el Gobierno habría presentado alegaciones de que iba a aprobar una normativa

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