La Plataforma Nacional de Interinos y Laborales PI anuncia que se han convocado, desde las diferentes entidades locales o autonómicas que aglutinan a los interinos,
concentraciones de personal temporal, interinos y eventuales de Administraciones Públicas para mañana sábado 10 de Marzo simultáneas a las 11:30 en Alicante, Granada,
Valencia y Logroño para denunciar que las ofertas de empleo público
extraordinarias habilitadas y reguladas por la Ley de Presupuestos Generale sdel Estado de 2017 tras el acuerdo
estatal con los sindicatos sobre temporalidad del empleo público pueden “suponer el mayor ERE de facto en
la historia de la administración” pese a su denominación de
estabilización, “siendo la solución acordada con las centrales
sindicales reducir la
tasa de temporalidad" , por la que el Estado Español habría recibido una
sanción de la Comisión
Europea por incumplimiento de si Directiva Europea
1999/70/CE sobre duración de los contratos de trabajo temporales.
Así las OPEs extraordinarias "abandonarán a su suerte a
más de 500.000 interinos tras años y años de servicio" que ven como sus
puestos van a ser convocados a unos procesos selectivos de
oposición-concurso que loslleve masivamente al paro en vez de una
consolidación mediante concurso de méritos como demanda la Plataforma y l@s afectad@s.Blog de APISCAM
ATAJOS:"Entradas importantes", "Entradas nuestras"
(feed) y canal de "Informática sanitaria"(feed). Entradas sobre sentencias, sobre jurisprudencia (Supremo y TJUE) y sobre jurisprudencia pendiente
viernes, 9 de marzo de 2018
[AMYTS] 'El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidirá sobre el fraude a los trabajadores temporales del Servicio Madrileño de Salud'
'El
Juzgado de lo Contencioso nº 8 de Madrid ha planteado una cuestión
prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en
relación con los reiterados incumplimientos del
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) en la aplicación de la Directiva
1999/70/CE, que prohíbe los contratos temporales sucesivos para cubrir
puestos de actividad ordinaria.
AMYTS,
en colaboración con el Despacho de Abogados Araúz de Robles, ha llevado
adelante varias demandas interesando la aplicación de la Directiva
1999/70/CE, para que se condene a transformar la relación temporal
abusiva mantenida por
el SERMAS con sus empleados estatutarios temporales, en una relación
fija estable, o al menos equiparable a la de los empleados estatutarios
fijos. Según cálculos de AMYTS esta es una situación que afecta al 40% de la plantilla de 70.000 trabajadores del SERMAS.
Las
“cuestiones prejudiciales” son un mecanismo jurídico, cuyo objetivo es
garantizar la aplicación efectiva y homogénea del Derecho de la Unión
Europea y evitar interpretaciones divergentes. A través de este
mecanismo, que tiene que ser planteado por un juez de uno de los Estados
miembro, el TJUE tiene que pronunciarse y su respuesta es de obligado cumplimiento.
[Gob. España] 'La nueva Ley de Contratos nace como un instrumento eficaz para que España avance en políticas sociales, medioambientales y de innovación'
'La nueva Ley de Contratos que entra hoy en vigor supone una
apuesta decidida para mejorar la transparencia, la agilidad en los
procesos de contratación y el control en las adjudicaciones públicas a
través de la Administración Electrónica. Al mismo tiempo, la Ley busca
primar la calidad de las obras y servicios que se ofrecen a los
ciudadanos, y favorecer la competencia empresarial, impulsando
especialmente la participación de las pequeñas y medianas empresas.
Regular adecuadamente la contratación pública supone disponer de un mecanismo eficaz para alcanzar los objetivos de eficiencia en la gestión de los recursos públicos por parte de los poderes adjudicadores, y de satisfacción de los ciudadanos que reciben los servicios públicos. Por eso, la nueva Ley no solo traspone directivas comunitarias en este ámbito, sino que va más allá en muchos aspectos con el objetivo de convertirla en una norma muy avanzada y garantista en la defensa de los intereses de los ciudadanos y, en particular, en la introducción de criterios sociales, medioambientales y de calidad e innovación en los procesos de contratación.
Regular adecuadamente la contratación pública supone disponer de un mecanismo eficaz para alcanzar los objetivos de eficiencia en la gestión de los recursos públicos por parte de los poderes adjudicadores, y de satisfacción de los ciudadanos que reciben los servicios públicos. Por eso, la nueva Ley no solo traspone directivas comunitarias en este ámbito, sino que va más allá en muchos aspectos con el objetivo de convertirla en una norma muy avanzada y garantista en la defensa de los intereses de los ciudadanos y, en particular, en la introducción de criterios sociales, medioambientales y de calidad e innovación en los procesos de contratación.
miércoles, 7 de marzo de 2018
Recordatorio. INFORSALUD 2018. XXI Congreso nacional de Informática de la Salud, del 13 al 15 de Marzo en Madrid. Programa disponible
Del 13 al 15 de Marzo tendrá lugar en el Hotel NH Eurobuilding de
Madrid el XXI Congreso nacional de Informática de la Salud, o INFORSALUD
2018 organizado por la Sociedad Española de Informática de la Salud [
SEIS] bajo el lema "Salud Digital: un proyecto colaborativo"
[MATS] 'Convocatoria de huelga de 24h el 8 M en Sanidad: es de Justicia'
'Al grito de “ni una menos, vivas nos
queremos” que lanzaron las feministas argentinas, se llevó a cabo la
primera huelga global de mujeres de trabajo productivo y reproductivo el
8 de marzo de 2017. En 2018 la Comisión 8 Marzo del movimiento
feminista convocamos a una huelga feminista, es una
huelga que promueve ir más allá de lo que se identifica como paro
laboral, porque la participación de las mujeres es nuclear en todas las
esferas de la vida y la huelga tiene que alcanzar también otros trabajos
y espacios: el de los cuidados, el del consumo, la vida estudiantil y
asociativa. Por eso el 8M pararemos nuestro consumo, el trabajo
doméstico y los cuidados, el trabajo remunerado y nuestros estudios,
para demostrar que sin nosotras no se produce, y sin nosotras no se reproduce.
[CCOO] 'CCOO y UGT registran la convocatoria de huelga general para el 8 de marzo La huelga tendrá lugar entre las 11:30 y 13:30 horas para los trabajadores y trabajadoras que tengan jornadas partidas y jornadas continuadas de mañana; entre las 16:00 y las 18:00 horas para quienes tengan jornadas continuadas en turno de tarde; y para quienes realizan jornadas continuadas en turno de noche la huelga se realizará en las primeras dos horas del turno'
'La huelga tendrá lugar entre las
11:30 y 13:30 horas para los trabajadores y trabajadoras que tengan
jornadas partidas y jornadas continuadas de mañana; entre las 16:00 y
las 18:00 horas para quienes tengan jornadas continuadas en turno de
tarde; y para quienes realizan jornadas continuadas en turno de noche la
huelga se realizará en las primeras dos horas del turno. Estos
horarios, no obstante, podrán ser adaptados, si fuera necesario, a las
particulares circunstancias de las distintas empresas y sectores.
Los objetivos de la huelga, según el documento de convocatoria presentado por la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco, la secretaria confederal de UGT, Isabel Araque, y los secretarios de Organización de CCOO, Fernando Lezcano, y de UGT, son:
- Rechazar la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral, y en particular la brecha salarial
Los objetivos de la huelga, según el documento de convocatoria presentado por la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco, la secretaria confederal de UGT, Isabel Araque, y los secretarios de Organización de CCOO, Fernando Lezcano, y de UGT, son:
- Rechazar la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral, y en particular la brecha salarial
[Cambio16] Un ataque informático hace públicos datos administrativos de miles de participantes de las pruebas MIR
Informa Cambio16 este 7/03/2018 (entre muchos medios) que un ataque informático a la web del Ministerio de Sanidad ha permitido la sustracción y publicación de información de datos administrativos de miles de aspirantes de las últimas pruebas MIR, existiendo amenazas de denuncia por parte de ellso
martes, 6 de marzo de 2018
NOVEDAD JURÍDICA IMPORTANTE: juzgado de Madrid traslada al Tribunal de Justicia Europeo si hacer fijo al estatutario temporal con abuso de temporalidad por el caso de un informático del SERMAS interino más de 17 años
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid acaba de plantear [ver auto judicial] una importante y novedosa cuestión prejudicial a Europa , es decir una nueva consulta vinculante al Tribunal de Justicia Europeo [TJUE], como las que dieron lugar a las 3 famosas sentencias europeas, que en caso de obtener respuesta favorable, podría tener consecuencias de dimensiones trascendentales y favorables para la estabilidad de los más de 100 mil estatutarios temporales de los servicios de Salud de las diferentes Comunidades Autónomas con más de 3 años de temporalidad , y por extensión el resto de centenares de miles de funcionarios temporales de todas las Administraciones públicas:
El juzgado madrileño traslada al tribunal europeo si es adecuado conceder la fijeza al personal estatutario temporal (interino, eventual o de sustitución) en situación de abuso de temporalidad como es el caso del procedimiento judicial en cuestión, el P.A. 193/2017 del informático del Servicio Madrileño de Salud, Domingo Sánchez Ruiz, estatutario interino durante más de 17 años en el mismo puesto al que accedió tras un proceso selectivo público de libre concurrencia y con formato de concurso-oposición para alcanzar la condición de interino de vacante, y que, siguiendo mediante esta asociación una iniciativa del síndicato médico AMYTS con el despacho Araúz de Robles , demandó que se le reconociera una condición equiparable a la del personal estatutario fijo en cuanto a las condiciones de cese (y en el resto de condiciones de trabajo) como sanción adecuada, aplicando una normativa básica europea, la famosa Directiva 1999/70/CE, a su situación de evidente abuso de contratación temporal por parte de la Administración para satisfacer necesidades que son de obvio carácter permanente.
La directiva europea viene a establecer que la temporalidad debe tener un límite en el tiempo ["establecida" en 3 años en el caso de los empleados públicos españoles] en las normativas nacionales, normativas nacionales que además deben incluir medidas de sanción al empleador que abusa y compensatorias para el empleado en situación de abuso de temporalidad. [En España se ha traspuesto en el Estatuto General de los Trabajadores, que no es de aplicación al personal funcionario ni al estatutario de Sanidad]
El juzgado madrileño traslada al tribunal europeo si es adecuado conceder la fijeza al personal estatutario temporal (interino, eventual o de sustitución) en situación de abuso de temporalidad como es el caso del procedimiento judicial en cuestión, el P.A. 193/2017 del informático del Servicio Madrileño de Salud, Domingo Sánchez Ruiz, estatutario interino durante más de 17 años en el mismo puesto al que accedió tras un proceso selectivo público de libre concurrencia y con formato de concurso-oposición para alcanzar la condición de interino de vacante, y que, siguiendo mediante esta asociación una iniciativa del síndicato médico AMYTS con el despacho Araúz de Robles , demandó que se le reconociera una condición equiparable a la del personal estatutario fijo en cuanto a las condiciones de cese (y en el resto de condiciones de trabajo) como sanción adecuada, aplicando una normativa básica europea, la famosa Directiva 1999/70/CE, a su situación de evidente abuso de contratación temporal por parte de la Administración para satisfacer necesidades que son de obvio carácter permanente.
La directiva europea viene a establecer que la temporalidad debe tener un límite en el tiempo ["establecida" en 3 años en el caso de los empleados públicos españoles] en las normativas nacionales, normativas nacionales que además deben incluir medidas de sanción al empleador que abusa y compensatorias para el empleado en situación de abuso de temporalidad. [En España se ha traspuesto en el Estatuto General de los Trabajadores, que no es de aplicación al personal funcionario ni al estatutario de Sanidad]
lunes, 5 de marzo de 2018
[Salamanca24horas/Salamanca al Día/Diario de León] Nueva sentencia en Castilla y León de indemnización a estatutaria interina cesada en abuso de temporalidad. Se prevén reclamaciones masivas ante los ceses de las OPE de enfermería que supondrían 3 millones de euros al erario público
Informaba Salamanca24horas el pasado 14/02/2018 que un Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Salamanca ha reconocido una indemnización de 20 días por año trabajado, con el límite de 12 mensualidades, a una estatutaria interina que fue cesada en 2016 7 años después de su nombramiento.
El juzgado ha dictaminado el abuso de contratación temporal para satisfacer necesidades permanentes en los términos de las recientes sentencias de la Unión Europea, y ha seguido para su aplicación la reciente e importante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que reonocía las mismas indeminzaciones a un grupo de médicos estatutarios, como si fueran personal laboral.
Al trascender esta sentencia, sobre la que no cabe recurso de apelación, informan varios medios como Salamanca al Día el pasado 28/02/2018 o Diario de León este 01/03/2018 que las enfermeras cesadas al cubrirse sus puestos por reciente OPE de enfermería, la gran mayoria de mucha antigüedad, reclamarán las mismas indemnizaciones lo que supondría un coste de 3 millones de euros al erario público.
El juzgado ha dictaminado el abuso de contratación temporal para satisfacer necesidades permanentes en los términos de las recientes sentencias de la Unión Europea, y ha seguido para su aplicación la reciente e importante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que reonocía las mismas indeminzaciones a un grupo de médicos estatutarios, como si fueran personal laboral.
Al trascender esta sentencia, sobre la que no cabe recurso de apelación, informan varios medios como Salamanca al Día el pasado 28/02/2018 o Diario de León este 01/03/2018 que las enfermeras cesadas al cubrirse sus puestos por reciente OPE de enfermería, la gran mayoria de mucha antigüedad, reclamarán las mismas indemnizaciones lo que supondría un coste de 3 millones de euros al erario público.
[CSIT-UP Sanidad] Resumen de la Mesa Sectorial de Sanidad de 28 de Febrero [posesión OPE2015 , concursos de traslados, 100% carrera profesional a 2020]
Publicaba CSIT-UP este 01/03/2017 su resumen de la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad de la
Comunidad de Madrid que tenía lugar el 8 de Febrero. resumen del que destacamos:
- las tomas de posesión de las convocatorias 2015 y la incorporaciones de sus concursos de traslados se publicarán entre el 4 y el 6 de abril de 2018, comenzando las incorporaciones por los traslados
- concursos de traslados de matronas, Trabajadores Sociales y Grupo Administrativo: sin acuerdo ante la escasez de plazas ofertadas
- pago de carrera profesional :
- calendario de reconocimiento del 100% del pago en 3 años,
- incluyendo todas las categorías de personal estatutario, sean sanitarias o no sanitarias
- el reparto de 2018 será equitativo entre todos los profesionales con derecho a Carrera
- Grupo de trabajo de Trabajadores Sociales: CSIT expone que la plantilla actual no llega a la mitad de las necesidades reales
[Redacción Médica] Sin acuerdo entre lass CCAA sobre los baremos de las OPEs extraordinarias
Informaba Redacción Médica este 03/03/2018 que el Ministerio de Sanidad y las CCAA siguen sin llegar a un acuerdo e para disponer de baremos comunes ante las OPEs extraordinarias que Sanidad de cada CCAA está habilitada por la ley de presupuestos del EStado para convocar con las plazas de la inmensa mayor parte de su personal temporal de más de 3 años de antigüedad, trasladando que las CCAA más pequeñas quieren en general elegir su sistema concreto de OPE [la ley no fija el sistema de selección].
[Aragón Digital] ANIL recurre la OPE de Educación de Aragón por incluir los puestos de los interinos de más de 3 años sin reconocer sus méritos de antigüedad
Informaba Aragón Digital el pasado 01/03/2018 que la Asociación Nacional de Interinos y Laborales [ANIL] ha interpueso recurso judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra el Decreto de la la Oferta de Empleo Público de Educación de 2017 que convoca l763 plazas de sus interinos, de más de tres años de antigüedad y sin "tener en cuenta los méritos" ni su situación de fraude de ley [por abuso de temporalidad, especialmente tras las famosas sentencias europeas] que debería suponer "u nreconocimiento de derechos laborales".
domingo, 4 de marzo de 2018
Entradas más vistas de la semana 26/02/2018-04/03/2018 en este blog: carrera profesional del SERMAS, temporales longevos exigen consolidación, novedades jurídicas sobre indemnizaciones, ...
Por si te perdiste algunas entradas que podrían haber sido de tu interés
en el día a día por culpa del alto volumen de publicación de este blog,
además de recordarte que tienes a tu disposición los ATAJOS de "Entradas importantes", "Entradas nuestras"
(feed) y canal de "Informática sanitaria" (feed), transcribimos a continuación el estado actual del componente del blog Entradas + vistas en los últimos 7 días:
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[...] ' 3- Instrucciones sobre toma de posesión OPE y concurso de traslados. Se hace entrega por parte de la Administración de un d...
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Informaba ayer el sindicato AMYTS este 27/02/2018 que la Dir. Gral de RRHH del SERMAS ha convocado Reunión de la Mesa Sectorial de Sanid...
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'La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no ha modificado un ápice su criterio en lo relativo a confirma...
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'La PI es una plataforma que agrupa a distintas organizaciones de trabajadores de las diferentes Administraciones Públicas que se encue...
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[Recordatorio de entrada publicada el 19/02/2018 ] Informa Ignasi Beltrán en su blog este 13/02/2018 que se ha planteado una nueva cuest...
[PInterinos] Manifiesto de la Plataforma de Interinos, Temporales y Eventuales PI, que agrupa a empleados públicos de la AAPP en fraude de ley y exigen la paralización de EREs encubiertos mediante OPEs de sus puestos y la estabilización por el concurso de méritos excepcional contemplado en su Estatuto Básico
'La PI es una plataforma que agrupa a distintas organizaciones de trabajadores de las diferentes Administraciones Públicas que se encuentran contratados en Fraude de Ley, y cuyo principal objetivo es el reconocimiento de esta situación que afecta a más de 600.000 personas. Está integrada por las siguientes Asociaciones y Plataformas ' [1]
MANIFIESTO
Somos un movimiento no ideológico independiente de partidos políticos y sindicatos que agrupa a trabajadores temporales de las Administraciones Públicas cuyos derechos se están vulnerando constantemente. No nos sentimos representados por los sindicatos y queremos dejar muy claro que ellos no hablan en nombre de nuestro colectivo, siendo esta situación de desamparo en la defensa de nuestros derechos laborales, la razón fundamental de nuestra unión y existencia.
El Tribunal de Justicia de la UE ha reconocido que los distintos Gobiernos nacionales y autonómicos vienen realizando durante años CONTRATOS EN FRAUDE DE LEY al encadenar nombramientos, contratos o relaciones laborales de duración determinada para cubrir necesidades que realmente son de carácter estructural y permanente, incumpliendo lo establecido en las cláusulas 1 y 5 de la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada.
No se han convocado las plazas en el momento en que la ley lo exigía por lo que ha dado lugar a un aumento del número de trabajadores temporales frente a fijos. Entre 600.000 y 900.000 trabajadores públicos interinos y temporales se encuentran en Fraude de Ley.
Ante la necesidad de regularizar esta alta tasa de interinidad y al amparo del Acuerdo para la mejora del empleo público de 29 de marzo (actualmente recurrido), firmado por el Gobierno y los sindicatos (o mejor, academias de formación de opositores) UGT, CCOO y CSIF sin consultar a sus bases y a través de la habilitación del artículo 19 de los PGE de 2017 (y de los siguientes que se aprueben), pretenden convocar todas las plazas que hayan estado ocupadas durante 3 años por personal temporal, es decir, aquellas plazas en situación irregular, no reconociendo el fraude de ley y no asumiendo la responsabilidad por haber abusado de los trabajadores que han sido castigados por la temporalidad sin que se aprobaran las correspondientes convocatorias que les permitieran acceder a las plazas que ocupaban durante años (5, 10, 15, 20 y 25 años incluso). Esta actuación es, en la práctica, un ERE encubierto que pretende sustituir a unos trabajadores por otros más baratos y supone un ataque y una vulneración de los derechos más básicos de los trabajadores, como lo es su derecho a la estabilización.
Por ello, exigimos:
1. El reconocimiento de oficio por la Administración del Fraude de Ley de todos los empleados públicos laborales, estatutarios o funcionarios que llevan más de 24 meses contratados dentro de un periodo de 30.
2. La paralización de las ofertas de empleo y las convocatorias que incluyan “plazas de estabilización” que afectan a estas personas hasta que se regularice su situación laboral. Seguir adelante podría suponer que la Administración tenga que hacerse cargo de indemnizar e incluso readmitir a cientos de miles de trabajadores y al pago de los salarios durante el período que puedan durar los juicios, es decir, miles de millones de euros y posibles responsabilidades patrimoniales de las que tendrán que responder los gestores públicos que las acordaron.
3. La regularización mediante concurso de méritos basados en el cómputo de la antigüedad como único mérito objetivo de valoración de los trabajadores en fraude de ley, aplicando las normas que para estas situaciones excepcionales recoge el ordenamiento jurídico. Cualquier alternativa negociadora que no conlleve la consolidación del 100% de las personas afectadas no será admitida.
MANIFIESTO
Somos un movimiento no ideológico independiente de partidos políticos y sindicatos que agrupa a trabajadores temporales de las Administraciones Públicas cuyos derechos se están vulnerando constantemente. No nos sentimos representados por los sindicatos y queremos dejar muy claro que ellos no hablan en nombre de nuestro colectivo, siendo esta situación de desamparo en la defensa de nuestros derechos laborales, la razón fundamental de nuestra unión y existencia.
El Tribunal de Justicia de la UE ha reconocido que los distintos Gobiernos nacionales y autonómicos vienen realizando durante años CONTRATOS EN FRAUDE DE LEY al encadenar nombramientos, contratos o relaciones laborales de duración determinada para cubrir necesidades que realmente son de carácter estructural y permanente, incumpliendo lo establecido en las cláusulas 1 y 5 de la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada.
No se han convocado las plazas en el momento en que la ley lo exigía por lo que ha dado lugar a un aumento del número de trabajadores temporales frente a fijos. Entre 600.000 y 900.000 trabajadores públicos interinos y temporales se encuentran en Fraude de Ley.
Ante la necesidad de regularizar esta alta tasa de interinidad y al amparo del Acuerdo para la mejora del empleo público de 29 de marzo (actualmente recurrido), firmado por el Gobierno y los sindicatos (o mejor, academias de formación de opositores) UGT, CCOO y CSIF sin consultar a sus bases y a través de la habilitación del artículo 19 de los PGE de 2017 (y de los siguientes que se aprueben), pretenden convocar todas las plazas que hayan estado ocupadas durante 3 años por personal temporal, es decir, aquellas plazas en situación irregular, no reconociendo el fraude de ley y no asumiendo la responsabilidad por haber abusado de los trabajadores que han sido castigados por la temporalidad sin que se aprobaran las correspondientes convocatorias que les permitieran acceder a las plazas que ocupaban durante años (5, 10, 15, 20 y 25 años incluso). Esta actuación es, en la práctica, un ERE encubierto que pretende sustituir a unos trabajadores por otros más baratos y supone un ataque y una vulneración de los derechos más básicos de los trabajadores, como lo es su derecho a la estabilización.
Por ello, exigimos:
1. El reconocimiento de oficio por la Administración del Fraude de Ley de todos los empleados públicos laborales, estatutarios o funcionarios que llevan más de 24 meses contratados dentro de un periodo de 30.
2. La paralización de las ofertas de empleo y las convocatorias que incluyan “plazas de estabilización” que afectan a estas personas hasta que se regularice su situación laboral. Seguir adelante podría suponer que la Administración tenga que hacerse cargo de indemnizar e incluso readmitir a cientos de miles de trabajadores y al pago de los salarios durante el período que puedan durar los juicios, es decir, miles de millones de euros y posibles responsabilidades patrimoniales de las que tendrán que responder los gestores públicos que las acordaron.
3. La regularización mediante concurso de méritos basados en el cómputo de la antigüedad como único mérito objetivo de valoración de los trabajadores en fraude de ley, aplicando las normas que para estas situaciones excepcionales recoge el ordenamiento jurídico. Cualquier alternativa negociadora que no conlleve la consolidación del 100% de las personas afectadas no será admitida.
viernes, 2 de marzo de 2018
[PI] 'El Plan para la mejora del empleo público, un tongo en toda regla' Una plataforma de interinos "longevos" en todo el Estado demanda regularizar su situación mediante una estabilización de las personas y no de los puestos, y plantea denunciar la situación masivamente a la Unión Europea
'La Plataforma de Interinos PI*, que agrupa a diferentes asociaciones de
interinos independientes de todos los ámbitos de la Administración
Pública, denuncia públicamente que el acuerdo firmado entre el Gobierno y
los Sindicatos CCOO, CSIF Y UGT, el 29 de marzo de 2017 denominado Plan
para la mejora del empleo público, conocido como el ‘ACUERDAZO’ es un
tongo en toda regla.
Este acuerdo se firma ante la obligación impuesta a España por la UE de reducir la temporalidad en la Administración Pública en base a la Directiva 1999/70/CE del Consejo de Estado de 28 de junio, y el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada. El Estado español tenía obligación de transponer la Directiva a su normativa interna en un plazo que vencía en julio de 2001, más un año de prórroga. La legislación laboral, con mayor o menor acierto, ha adaptado la normativa europea.
Sin embargo, 16 años después, no se ha transpuesto la Directiva al ámbito de la Administración Pública. El abuso en la contratación del personal temporal al servicio de la Administración Pública viene de muy atrás. Más concretamente, en los años de la Directiva existía la figura del “meritorio”, así se denominaba al interino que una vez cesado continuaba realizando el mismo trabajo sin cobrar retribución alguna, durante semanas o meses hasta que era nombrado nuevamente.
Esta práctica se erradicó, pero la Administración sigue contratando sistemáticamente de forma fraudulenta a sus empleados, como lo demuestra el hecho de que la cifra de interinos en lugar de reducirse, ha seguido aumentando.
El abuso continuado de contratos temporales para cubrir puestos permanentes consideradas por el TJUE contrataciones “en fraude de ley”, ha supuesto una sanción por parte de la Unión Europea al Estado Español por incumplimiento de la normativa comunitaria de 100.000.000 de euros.
Este acuerdo se firma ante la obligación impuesta a España por la UE de reducir la temporalidad en la Administración Pública en base a la Directiva 1999/70/CE del Consejo de Estado de 28 de junio, y el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada. El Estado español tenía obligación de transponer la Directiva a su normativa interna en un plazo que vencía en julio de 2001, más un año de prórroga. La legislación laboral, con mayor o menor acierto, ha adaptado la normativa europea.
Sin embargo, 16 años después, no se ha transpuesto la Directiva al ámbito de la Administración Pública. El abuso en la contratación del personal temporal al servicio de la Administración Pública viene de muy atrás. Más concretamente, en los años de la Directiva existía la figura del “meritorio”, así se denominaba al interino que una vez cesado continuaba realizando el mismo trabajo sin cobrar retribución alguna, durante semanas o meses hasta que era nombrado nuevamente.
Esta práctica se erradicó, pero la Administración sigue contratando sistemáticamente de forma fraudulenta a sus empleados, como lo demuestra el hecho de que la cifra de interinos en lugar de reducirse, ha seguido aumentando.
El abuso continuado de contratos temporales para cubrir puestos permanentes consideradas por el TJUE contrataciones “en fraude de ley”, ha supuesto una sanción por parte de la Unión Europea al Estado Español por incumplimiento de la normativa comunitaria de 100.000.000 de euros.
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