'La ministra de Política Territorial y Función Pública,
Carolina Darias, ha presidido por videoconferencia la reunión de la Conferencia
Sectorial de Administración Pública, a la que han asistido los responsables de
Función Pública de todas las comunidades autónomas, de las ciudades con estatuto
de autonomía de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP).
Los representantes de las tres administraciones públicas han acordado impulsar la
reforma del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público con el objetivo
de adaptarlo a las necesidades actuales, con dos objetivos principales: impulsar el
teletrabajo y avanzar en la reducción de la temporalidad.
Durante su intervención, Carolina Darias ha destacado la importancia de unir fuerzas
para la reconstrucción de las bases sociales y económicas “sin dejar a nadie atrás”,
resaltando que las personas con responsabilidades públicas tienen que buscar “un
mínimo común de entendimiento” y actuar de manera coordinada desde las distintas
administraciones públicas “para ser más fuertes y afrontar el futuro con esperanza”.
La ministra ha resaltado el comportamiento ejemplar de las empleadas y empleados
públicos: “Han mantenido el funcionamiento del sistema sanitario, han garantizado la
seguridad de las familias, han desplegado formas novedosas de abordar los impactos
económicos y sociales, en suma, han ayudado a la ciudadanía y han garantizado los
servicios públicos a pesar de las difíciles circunstancias vividas”.
Teletrabajo
La Conferencia Sectorial ha abordado el teletrabajo, recordando que la crisis del
COVID-19 ha afectado fundamentalmente las vidas y el trabajo de las empleadas y
empleados públicos y de sus familias. Desde la declaración del estado de alarma, las
administraciones públicas se adaptaron a nuevas formas de trabajar demostrando su
enorme capacidad para encontrar soluciones innovadoras.
Se ha generalizado la modalidad no presencial de trabajo a nivel laboral en general,
también en las administraciones públicas. La crisis sanitaria obliga ahora a implantar,
de forma urgente, una solución que las administraciones públicas llevaban años
planificando y que en los últimos años iba adquiriendo un mayor desarrollo en gran
parte de empresas privadas y organismos internacionales.
Los responsables de Función Pública coinciden en calificar esta modalidad como
herramienta útil en las administraciones y un instrumento que facilita la conciliación
de la vida personal, profesional y familiar, además de contribuir a la reducción del
impacto medioambiental y, en tiempos de COVID, a la protección de la salud.
Por otra parte, en un mundo cada vez más interconectado y en el que la ciudadanía
demanda respuestas inmediatas evitando desplazamientos, uno de los mayores
retos para las administraciones públicas en los últimos años es la tramitación
electrónica de procedimientos. Una realidad en la que coinciden las administraciones
públicas, que requiere impulsar la formación de empleados y empleadas públicas en
la transformación digital, invertir en tecnologías de la información y mejorar las
competencias digitales del personal.
Personal estable y de calidad
Todas las administraciones públicas, en mayor o menor medida, tienen un problema
estructural de falta de plantillas estables, por la elevada temporalidad en el empleo
úblico. Un tercio de los empleados públicos tienen o han tenido un vínculo
profesional temporal con la Administración pública, lo que se traduce en un elevado
porcentaje de empleados públicos temporales.
Con la finalidad de poner en marcha medidas para la reducción del empleo temporal,
se acordó un
plan de estabilización, con el apoyo de las organizaciones sindicales,
convocándose los procesos selectivos, que se regirán por los principios de igualdad,
mérito, capacidad, libre concurrencia y publicidad, hasta alcanzar un 8% de empleo
temporal. La situación a día de hoy, y tras
la sentencia del Tribunal de Justicia de laUE, reconociendo que la temporalidad persiste como problema,
requiere nuevas
respuestas tras las ofertas de empleo público de 2017, 2018 y 2019.
Las administraciones públicas asumen el compromiso para reducir la temporalidad
en el empleo público, impulsado los mecanismos de coordinación necesarios para
desarrollar adecuadamente los procesos de estabilización.
Las administraciones también coinciden en evitar que se generen nuevas bolsas de
empleo temporal, intensificando el control y la responsabilidad de los gestores.
Es el
momento de abordar una revisión de la normativa básica estatal para reformular o
endurecer las consecuencias del incumplimiento de las previsiones normativas en
materia de control de la temporalidad.
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