IMPORTANTE. [Arauz] Juzgado de lo Contencioso de Alicante sentencia la transformación en fijo a un funcionario interino del Ayuntamiento de Alicante,aunque sin adquirir la condición de funcionario de carrera. La fijeza es la única solución viable para dar cumplimiento a la Directiva Europea 1999/70/CE [En la sentencia, el juzgado aplica exhaustivamente la sentencia del Tribunal Europeo del Asunto Sánchez Ruiz para determinar que esta situación de funcionario interino 13 años consecutivos hay abuso evidente, abuso que requiere sanción para la que no valen como medidas disuasorias OPEs ni los procesos de estabilización con el puesto, ni el indefinido no fijo ni indemnizaciones, y sentencia la fijeza por su vigencia como medida defecto por otras sentecias europeas como solución, por respetar el ordenamiento jurídico español al haber superado un proceso selectivo la demandante y teniendo en cuenta la Resolución del Parlamento Europeo de 31/05/2018]

' Araúz tenía razón: la fijeza es la única solución viable para dar cumplimiento a la Directiva 1999/70/CE.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante acaba de dictar una sentencia el 8 de junio de 2020, por la que transforma en fijo a un funcionario interino del Ayuntamiento, con derecho a permanecer en su puesto de trabajo, con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera comparables, aunque sin adquirir la condición de funcionario de carrera.

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Fuente: Nota del gabinete  Javier Araúz gabinete de Javier Arauz, abogado de los casos del asunto acumulado "Sánchez Ruiz/Fernández Alvárez y otros" -el principal, es de un informático nuestro- de 11/06/2020 recibido en APISCAM
Enlace en el texto y resaltados en negrita cursiva-nuestros

NOTA DEL EDITOR: la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante es el recurso nº 813/2019  de  una funcionaria temporal durante 12 años que demandaba de fijeza como sanción según la cláusula 5ª de la Directiva Europea 1999/70/CE al abuso de temporalidad. En la sentencia , el juzgador aplica la jurisprudencia previa del Tribunal Europeo  y especialmente la reciente sentencia del Tribunal Europeo de 19/03/2020 del asunto acumulado "Sánchez Ruiz/Fernández-Alvarez y otros" [Asuntos C-103/2018 y C- 429/2018]. Javier Araúz es el  abogado de las demandas de los casos de ambos asuntos, siendo el argumentario central de dichas demandas el incumplimiento del estatuto del empleado público del funcionario/estatutario interino de la Directiva Europea y la solicitud de numerosas cuestiones prejudiciales al Tribunal Europeo para que se establezca el abuso y la necesidad de sanción y que la sanción adecuada con el ordenamiento actual sea la fijeza. El letrado del caso de esta sentencia pionera es otro letrado

En esta sentencia local , el juez, tras reconocer "la especial complejidad jurídica que presenta la cuestión sometida a consideración" asume la doctrina constitucional de que "los Jueces y Tribunales ordinarios de los Estados Miembros, al enfrentarse con una norma nacional incompatible con el Derecho de la Unión, tiene la obligación de inaplicar la disposición nacional, ya sea anterior o posterior a la norma de Derecho de la Unión" y recurre al principio de primacía del Derecho Comunitario, para a continuación aplicar los parámetros apuntados por la Sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020 (Asuntos C-103/18 y C-429/2018) "en su apartado 79, para determinar cuándo concurre abuso de la contratación tempora"l, concluyendo que en este caso de funcionaria interina de manera ininterrumpida durante más de 13 años consecutivos el abuso existe de forma evidente y por" incumplimiento del Ayuntamiento de Alicante de su obligación de ejecutar la oferta de empleo publico en el plazo máximo de 3 años previsto en la norma, - para proceder a la cobertura definitiva de la plaza vacante mediante el correspondiente proceso selectivo -, ni amortizó la misma".

La letrada del  Ayuntamiento aduce la excusa de "las limitaciones establecidas por las sucesivas Leyes de Presupuestos en cuanto a las tasas de reposición de efectivos", que el juez no estima citando una frase literal de la sentencia europea del asunto Mascolo “ni la gestión rigurosa del personal, ni las consideraciones de índole presupuestaria, ni la dificultad o complejidad de crear empleos fijos, pueden justificar una discriminación, ni la falta de medidas de prevención y sanción de la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada en el sentido de las Cláusulas 4 y 5 del Acuerdo marco”.

Constatado el abuso y la falta de razones objetivas que lo puedan justificar en el sentido de la Directva Europea, según su cláusula 5ª  es necesario una medida disuasoria y de sanción . A  la hora de determinarla el juez recibe "el testigo por expresa indicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea" en la sentencia del Asunto Sánchez Ruiz del pasado 19/03/2020 y descarta una a una, como opinaba el mismo TJUEy repitiendo sus razones, como medidas la "organización de procesos selectivos o de estabilización" por parte del ayuntamiento,  la transformación en indefinido no fijo y la indemnización, al no haber ninguna específicamente prevista en nuestro ordenamiento , opinando a la hora de sentenciarla que esta indemnización tampoco sería efectiva
y disuasoria, puesto que como ha indicado la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de13 de marzo de 2019: “(...) no sólo no constituye una sanción por el uso abusivo, sino que ni siquiera posee, por sí sola, el efecto disuasivo frente a esa utilización abusiva de la contratación temporal”.

 Por lo tanto, teniendo en cuenta además la Resolución del Parlamento Europeo de 31 de mayo de 2018 (2018/2600 RSP), considera el juzgado "que la medida sancionadora más acorde y equilibrada, p a r a dar cumplimiento a los fines de la Directiva comunitaria -con la debida protección de los empleados públicos victimas del abuso-, es el de la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija". 

No menos importante, antes de sentenciar la fijeza, el juzgado valora si "esta solución  de fijeza se ajusta o no a las previsiones contenidas en el ordenamiento jurídico interno, en particular a la normativa contenida en los artículos 62 y siguientes del Estatuto Básico del Empleado Público", entendiendo  que "no existe vulneración de dicha normativa" en primer lugar porque "la recurrente para acceder a la condición de personal interino ha superado un proceso selectivo con pleno respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia", -en concreto, la recurrente proviene de una bolsa de empleo a la que accedió por oposición/concurso de méritos- y en segundo lugar porque "la solución jurídica adoptada no va a implicar la transformación de la funcionaria interina en funcionaria de carrera, sino que la fijeza se va a materializar en el reconocimiento del derecho de la actora a permanecer en el puesto de trabajo"

En cuanto al recordatorio del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia del asunto Sánchez-Ruiz , haciéndose eco de lo transmitido por el juzgado remitente, “ la transformación en personal fijo está excluida categóricamente en virtud del Derecho Español, ya que el acceso a la condición de personal estatutario fijo sólo es posible a raíz de la superación de un proceso selectivo", que se ha interpretado mayoritariamente como que la esta sentencia europea prohibiría la fijeza (interpretación a la que se opone el propio Arauz), queda salvado por esa superación de proceso selectivo y además porque sigue vigente la consabida y repetida doctrina del Tribunal Europeo, que el juzgado recuerda repitiendo la Sentencia TJUE de 25 de octubre de 2018 ( Asunto C - 331/17, Apartado 60): para que pueda ser conforme a la Directiva europea una normativa de prohibición de conversión en fijo debe existir otra medida sancionadora y disuasoria adecuada.

Así, finalmente en la sentencia el juzgado  sentencia el reconocimiento "como situación jurídica individualizada el derecho de la recurrente al reconocimiento de su condición de empleado público fijo y a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeña con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera comparables, sin adquirir la condición de funcionario de carrera."

Naturalmente ante esta sentencia cabe recurso del Ayuntamiento de Alicante ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana , que como todos las salas homónimas de los tribunales superiores regionales recogerán los recursos ("de apelación" se denominan) de las diversas sentencias de los juzgados de primera instancia y muy especialmente se enfrentaran a a la tarea de corroborar o no las soluciones "innovadores", que el derecho europeo y la norma constitucional con la que empieza esta sentencia les ampara incluso a esos juzgados de primera instancia para aplicar el derecho comunitario ante una sentencia europea si consideran que la jurisprudencia nacional (Tribunal Supremo) o de su tribunal regional todavía no lo recogen.  

En cuanto a la probabilidad  o no de que el Ayuntamiento de Alicante presente recurso, cabe recordar que se da la circunstancia de que la letrada del Ayuntamiento de Alicante publicó un análisis del Informe de la Abogada General de la UE en el asunto Sánchez Ruiz moderadamente positivoi para los interinos, dado que incluía un importante resumen de la doctrina constitucional que según ella permitiría realizar por parte del Gobierno del Estado incluso procesos de consolidación restringidos., es más, parecía que lo pedía como solución a la problemática de las entidades locales que veía entonces se le podía venir encima. No en balde, el Ayuntamiento de Alicante justo es uno de los que decidió -probablemente asesorado por esta letrada- suspender el desarrollo de los procesos de estabilización - a petición de la sección sindical local UGT y con varias demandas ya planteadas desde ese sindicato y CGT- a la espera de la sentencia europea. En  todo caso, si el Ayuntamiento no presenta recurso la sentencia se convertirá en firme pero eso no generará doctrina de jurisprudencia nacional , lo que le corresponde al Supremo.


Luego la diferencia de pareceres o una sola sentencia de un Tribunal Superior de justicia que vaya más allá de decir que no hay abuso en el caso de un interino de vacante (actual jurisrprudencia del Supremo) necesariamente sus posibles recursos tendrán que ser admitidos a trámite por el Supremo , que tras la reforma del sistema judicial en estos casos "sólo" funciona como corte casacional, al ser por tanto una sentencia contraria a las innumerables y muy dolorosas que se han estando produciendo hasta ahora contra este tipo de reclamaciones por los tribunales superiores y el Supremo. Precisamente ayer recordábamos en esta entrada la dura postura previa a la sentencia europea del Tribunal Superior de Justicia de Madrid., precisamente por un caso idéntico al del informático en el SERMAS, misma categoría y situación, y misma demanda, que ya está a las puertas del Supremo (pero tras una sentencia regional muy negativa previa a la sentencia europea, claro).

[Texto íntegro, trascendido en las redes sociales, de la sentencia] 


[Entrada nuestra posterior informando sobre las circunstancias, contenido y reacciones a la sentencia]

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