'El Comité de Huelga de Residentes de la
Comunidad de Madrid, que incluye a MIR representantes de los hospitales
públicos de la sanidad madrileña, ha decidido fijar como fecha para una
huelga indefinida el día 13 de julio del 2020 ante el abandono y silencio de la Consejería de Sanidad.
El maltrato por parte de la
Administración durante años se ha acentuado con la crisis del Covid-19 y
así continúa sucediendo. El 22 de mayo, el Comité de Empresa MIR
remitió a la Consejería de Sanidad un Convenio MIR histórico y que sirve
de vehículo para solucionar gran parte de los problemas del colectivo.
Sin embargo, no se ha encontrado ningún
tipo de respuesta por parte de la Comunidad de Madrid. En este sentido,
el Comité de Huelga de Residentes ha puesto como fecha límite el 2 de julio para alcanzar un acuerdo satisfactorio con la Consejería de Sanidad que suponga la aprobación del convenio.
A continuación, facilitamos un
comunicado emitido por el Comité de Huelga de Residentes de la Comunidad
de Madrid explicando los motivos que han llevado a esta convocatoria de
huelga:
- Antecedentes
La residencia médica se refiere al
conjunto de actividades que debe cumplir un médico residente (MIR) en
periodo de formación; para realizar estudios y prácticas de posgrado,
dentro de la especialidad médica a cuya plaza haya accedido tras la
participación en la convocatoria anual nacional de pruebas selectivas
(examen MIR). Con esto acceden al derecho a recibir, a través de una
práctica profesional programada durante 4-5 años, tutelada y evaluada,
una formación teórico-práctica que le permita alcanzar
progresivamente los conocimientos y la responsabilidad profesional
necesarios para el ejercicio autónomo de la especialidad. En 2006 y 2008
se aprueban dos reales decretos que regulan la relación laboral de
carácter especial de este personal, estableciendo por primera vez un
marco general y homogéneo para todo el personal con independencia del
centro que se responsabiliza de su formación.
Aunque el objetivo teórico de esta
relación laboral es la obtención del título de especialista mediante
la superación de un programa de formación, el residente se convierte
desde su entrada en el hospital en mano de obra barata, siendo sometido a una alta presión física, psicológica y académica, con un sueldo-beca que ridiculiza toda la labor que ejerce:
comienza por cobrar durante el primer año de residencia 10,85 euros
brutos/hora de guardia, con una retribución neta mensual sin guardias de
1003 euros, llegando a 1279 euros en los residentes de último año (4º y
5º año de residencia).
Por ello, la mayoría de los residentes se ven abocados a complementar sus sueldos con la acumulación de extensas, exhaustivas y continuas horas de guardia de 17 y 24h,
siendo estas el único flotador que sustenta sus nóminas y que les
ofrece una salida económica realista, suponiendo normalmente más de la
mitad de su salario.
Existe además en este sentido una
diferencia abismal entre las diferentes comunidades autónomas, siendo
los residentes de la Comunidad de Madrid los segundos peor pagados, sólo
por detrás de las Islas Canarias, lo cual dificulta enormemente sus
condiciones por ser Madrid una de las ciudades de España con mayor coste
de vida.
Esta consideración de los residentes por
parte del sistema sanitario como “comodín” a fin de subvenir a
necesidades estructurales del centro, se hace más evidente en las
guardias, en las cuales en una gran parte de los casos el residente se encuentra solo, con limitada o nula supervisión de un médico especialista adjunto (debido también en muchos casos al escaso número de adjuntos en proporción a la cantidad de residentes a supervisar),
o únicamente con la supervisión de otro residente mayor, siendo
obligado de esta manera a atender a pacientes y a realizar actividades
asistenciales para las que no se encuentra preparado ni suficientemente
formado (en detrimento también de la correcta asistencia sanitaria que
merecen los pacientes de la sanidad pública).
En muchos casos, debido principalmente a
la escasez de personal y la masificación de la asistencia sanitaria, se
carga además en los residentes la responsabilidad de encargarse del
cuidado de los pacientes hospitalizados, ocuparse de las consultas, o
atender interconsultas por parte de otras especialidades sin ningún tipo
de revisión final o feedback por un médico adjunto encargado de su
formación.
Debido a esta excesiva carga de trabajo,
jornadas que generan un enorme agotamiento y privación del sueño,
disminuye su juicio clínico y repercute en la calidad de atención a
los pacientes y en su propia seguridad por los errores que pueden
generarse por el agravante de ser personal con poca experiencia clínica.
Además de lo previo, debido por una
parte al desconocimiento del personal de sus propios derechos, así como
de la interpretación ambigua que se puede extraer de muchos puntos
importantes de los reales decretos referidos, se producen continuas vulneraciones de los derechos básicos del personal residente.
Ahí aparecen cuestiones como la ausencia
libranza tras las guardias de 24h (forzando al residente a trabajar
hasta 35 o más horas seguidas); la ausencia de espacios de descanso
dignos (al tener que compartir en muchas ocasiones dormitorios diminutos
en literas hasta 6 personas, debiendo además usar la misma ropa de cama
con la que otro residente ha dormido previamente por no cambiarse las
sábanas entre turno y turno); requerir a los residentes que se financien
de su propio bolsillo cursos o másteres obligatorios, comidas y/o
transporte en las guardias alejadas de su centro de formación sin tener
en cuenta las limitaciones económicas del colectivo; disponer de ellos a
su antojo para cubrir bajas justificadas de otros residentes
obligándoles a abandonar un puesto de guardia diferente o a acudir al
centro mientras disfrutaba de su tiempo libre; entre otras cosas.
Todo ello, con gran variabilidad entre
los distintos hospitales, servicios, rangos e incluso interpersonales,
con conocimiento por parte de los responsables últimos de los centros
sanitarios, a pesar de lo cual las mejoras a lo largo de los años son
muy sutiles y no se ha realizado hasta la fecha un intento de control y
homogeneización de estas circunstancias.
Es por ello, que durante los últimos tres años, el sindicato médico AMYTS ha estado elaborando un convenio colectivo para regular las funciones de los residentes,
con el fin de tener un marco legal sólido y actualizado que reconozca
la función esencial del mismo dentro del centro hospitalario, y consiga
una adquisición de responsabilidades progresiva real, de acuerdo a su
nivel de formación.
Este convenio ha sido posteriormente
consensuado junto con el resto de miembros del Comité de Empresa del
personal en formación, añadiendo además algunas propuestas aportadas por
residentes individuales. Propone por lo tanto mejoras en las
condiciones laborales, y regulación de aspectos vitales como la
retribución, formación, jornada de trabajo y acción social.
- Detonantes
En este contexto, con la llegada de la
pandemia COVID-19, se ha puesto en evidencia cómo la concepción del
personal MIR como personal en formación nada tiene que ver con su
función real. Los residentes se han convertido, si cabe aún más, en un
pilar elemental para el funcionamiento de los centros sanitarios,
requiriéndose de ellos la ejecución de funciones durante todo el periodo
que sobrepasaban ampliamente su nivel formativo y sus competencias.
Todo ello, sumado a las continuas muestras de desatención y abandono por parte de las autoridades responsables:
- Falta de equipos de protección adecuados con el consiguiente contagio de miles de sanitarios (derivando en el fallecimiento en los peores casos).
- No resolución del problema de las “camas calientes”.
- Falta de realización de test de cribado.
- Pésimas condiciones de los escasos contratos generados para los residentes que han finalizado en mayo su último año de residencia.
- El persistente rechazo a considerar la infección por COVID como enfermedad profesional a pesar del reconocimiento del INSS de la misma.
- Los contratos de médicos titulados recién salidos de la carrera sin especialidad como personal laboral en lugar de movilizar residentes inactivos durante la pandemia.
- Las nóminas ridículas de los residentes que no han podido realizar guardias por permanecer de baja por COVID o por reubicación de su puesto de trabajo, por ejemplo a hoteles medicalizados o a IFEMA.
- La orden explícita por parte de muchos servicios de utilizar las vacaciones restantes a los residentes de último año para evitar retribuirlas en el finiquito, y un largo etcétera.
Mientras en otras comunidades autónomas
como Castilla-La Mancha han añadido un “Complemento Covid” para los
residentes de último año, además de adelantar el pago del complemento de
grado de formación de mayo a marzo por considerar que todos han estado
realizando tareas correspondientes a residentes de años superiores, la
Comunidad de Madrid ha adoptado una postura de silencio administrativo
absoluto durante toda la crisis ante todas las demandas del colectivo.
Ejemplo de ello son la ausencia de respuesta a las continuas denuncias y
cartas emitidas por parte de los sindicatos al Ministerio, a la
Dirección General de Recursos Humanos y al INSS.
- Convocatoria de Huelga
En relación a lo mencionado previamente,
el Comité de Huelga de Residentes de la CAM, que incluye residentes
representantes de los hospitales públicos de la sanidad madrileña, fija
como fecha para una huelga indefinida el día 13 de julio del 2020, poniendo como fecha límite para alcanzar un acuerdo satisfactorio con la Consejería de Sanidad para la aprobación del convenio el día 2 de julio.
'Fuente: Comunicado de AMYTS de 08/06/2020
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