'Desde que comenzó la legislatura, el Área Pública de CCOO ha expresado claramente sus prioridades al Ejecutivo. En la reunión mantenida hoy con el titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, lo ha vuelto a reiterar con el fin de iniciar una negociación real que concluya en un nuevo acuerdo que priorice los servicios públicos, la mejora del empleo, las retribuciones y el resto de condiciones de trabajo de las empleadas y de los empleados públicos, temas pendientes y de gran urgencia.
El Área Pública de CCOO ha planteado:
- Cumplimiento íntegro de los I y II Acuerdos. No solo deben ser obligatorio para el Ministerio, sino para el conjunto de las administraciones públicas, principales responsables de los incumplimientos. De las plazas de estabilización aprobadas desde 2017, solo el 63,8% se han convocado y únicamente el 17,9% han completado su ejecución. Si sumamos las plazas de reposición y vemos el total, el porcentaje de plazas convocadas es del 34,94% y el de las terminadas de ejecutar el 15,57%. A esto habría que añadir las plazas necesarias que nunca se llegaron a aprobar. El porcentaje de temporalidad en los sectores públicos estaba ya, antes de la pandemia, por encima del 24%, y esta cifra se ha visto incrementada en gran medida por la situación de emergencia.
- Eliminación de la limitación que supone la tasa de reposición de efectivos para realizar estos aumentos de recursos y estabilizar las plantillas.
- Acabar, dentro de los marcos normativos establecidos, con la lacra que supone la alta tasa de temporalidad, pero con la mayor seguridad jurídica que no frustre nuevamente la solución real en materia de estabilización en el empleo.
- Realizar las modificaciones necesarias en el Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto Marco, para realizar la transposición de la Directiva comunitaria 70/1999/CE; por un lado en lo relativo a la cláusula 4ª de no discriminación entre personal fijo y temporal respecto a las condiciones de trabajo; y, por otro lado, en relación a la cláusula 5ª, estableciendo las medidas disuasorias que eviten el fraude o abuso en la contratación. Para ello resulta necesario causalizar la contratación, determinar un régimen sancionador a las AAPP que incumplan e implantar medidas que repercutan de forma inmediata y obligacional para eliminar la precariedad laboral, reducir la temporalidad y rebajarla al 8%, asumiendo así los compromisos recogidos en los acuerdos con los sindicatos y con Europa.
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