Grandes empresas médicas y farmacéuticas financian las campañas electorales en la gran potencia. Es lo que impide que se realice una reforma sustancial que universalice un sistema público de sanidad
'El otro hecho que merece subrayarse y que disminuye la calidad democrática de las primarias (y de cualquier proceso electoral en Estados Unidos) es la financiación primordialmente privada del proceso. Los candidatos requieren grandes cantidades de dinero para tener acceso a los medios de información, de los cuales los medios televisivos son los más importantes. Las televisiones, todas ellas privadas, venden su espacio al mejor postor, sin límites y sin estar sujetas a ningún tipo de regulación en cuanto al contenido, al espacio o al tiempo de exposición.'
'Esta privatización en la financiación del sistema electoral discrimina a aquellos candidatos -en su mayoría voces críticas del sistema económico y político, con sensibilidad de izquierdas o centro-izquierda, tales como Kucinich y Edwards- que no pudieron conseguir fondos de la
Corporate Class, y por lo tanto tienen muchas menos posibilidades de acceder al público.
Esta privatización del sistema electoral tiene enormes repercusiones en la configuración de las políticas públicas de los candidatos, incluidas las políticas que configuran el escasamente desarrollado Estado de bienestar. Un ejemplo de ello es la sanidad. El hecho de que los candidatos más importantes en las primarias de ambos partidos recibieran fondos de las compañías de seguros sanitarios privados (525.188 dólares Hillary Clinton, 414.863 Barack Obama y 274.729 John McCain), explica que ninguno de ellos haya propuesto una financiación pública del sistema sanitario que se caracteriza por una financiación privada gestionada por tales compañías de seguros.'
'Tal sistema es enormemente costoso. Estados Unidos se gasta un 16% del PIB en sanidad, calculándose que alcanzará el 20% en 10 años. Como contraste, España se gasta el 5,8% del PIB en sanidad pública, ofreciendo cobertura sanitaria completa a todos sus ciudadanos, y garantizando el derecho humano de tener acceso a los servicios sanitarios en tiempo de necesidad, un derecho no existente en aquel país.
Cuarenta y siete millones de habitantes no tienen ninguna cobertura sanitaria y no son suficientemente pobres para beneficiarse del programa federal Medicaid, un programa para personas pobres que es financiado conjuntamente con los Estados, y que atiende a menos del 20% de la población que se llama "indigente médica" (es decir, que no pueden pagar sus facturas médicas), porcentaje que varía de Estado a Estado, pues son los Estados los que definen el nivel de indigencia médica. Según el doctor David Himmelstein, profesor de Health Policy de la Universidad de Harvard, más de 100.000 personas mueren al año por no poder tener acceso a los servicios sanitarios por causas económicas.'
Fuente: Extractos del Artículo de
Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra, España, y profesor de Políticas Públicas y Sociales en la Johns Hopkins University, Estados Unidos, en
El País
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