Recordatorio. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo confirma en un recurso de casación una sentencia de fijeza laboral de un juzgado de lo social a una profesora que encadenó durante cursos "contratos administrativos" de la Comunidad Foral de Navarra. El Supremo sólo entra a resolver la única cuestión que recurrió el gobierno navarro en el caso: la compentecia del juzgado de lo social. El Supremo Social reitera que sí es posible la competencia de lo Social ante ciertas "irregularidades" en el uso de la contratación administrativa, como el exceso en la concatenación de modalidades administrativas sin plaza de plantilla

 [Recordatorio de entrada publicada el 21/01/2026 en este blog]

[21/01/2026] Se ha publicado en el CENDOJ la sentencia de 03/123/2025 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al recurso de casación nº 5104/2024 de una empleada pública temporal, profesora de Música y Artes del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate dependiente del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, contra la sentencia de 23/05/2024 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que había revocado la sentencia de fijeza que había dictado el Juzgado Social nº4 de Navarra.

La empleada pública temporal había encadenado durante 14 años  una "serie de contratos administrativos temporales a tiempo completo de Artículo 88 c) y siguientes del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra", es decir, no se trataba de un nombramiento de funcionario interino en una vacante existente ni de funcionario interino de sustitución de un funcionario de carrera sino -en la denominación de la ley de función pública específica navarra- de nombramientos interinos de personal docente por programas, por acúmulo de tareas o por la atención de necesidades debidamente justificadas de una duración fija de un curso o inferior, que la AAPP navarra había justificado "a la atención temporal de necesidades de personal docente existentes en el Departamento de Educación".  Se trataría exclusivamente de situaciones  administrativas  que corresponden con las situaciones para funcionarios/estatutarios interinos de los apartados 10 c) y d) del Estatuto Básico del Empleado Público, es decir, las que no implican nombramiento en una plaza de plantilla orgánica (interinidad de vacante  o de sustitución de un fijo específico).

El primer "contrato administrativo" lo obtuvo  tras haber "superado sin obtener plaza" las pruebas por concurso-oposición del proceso selectivo, por resolución 2470/2009 de 06/01/2010, para ser funcionario de carrera del Cuerpo de profesores de música y artes escénicas, quedando en la lista de aspirantes a la contratación temporal desde la que fue llamada, "de conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 60/2009, de 8 de mayo (B.O.N. nº66, de 29/05/2009).  Los  sucesivos contratos de cada curso fueron siempre para el mismo puesto en el mismo conservatorio  sin que  nunca se hubieran incluido plaza correspondiente en la Plantilla Orgánica de la Administración.

El juzgado de lo Social desestimó la petición de incompetencia del Gobierno de Navarra, que entendía que la competencia para este tipo de contratos, por ser administrativos, correspondía exclusivamente al orden de lo Contencioso-Administrativo y estimó completamente la demanda , declarando la relación laboral fija a la empleada..

Según el texto de la sentencia del Supremo, el Gobierno de Navarra sólo habría recurrido la sentencia por el motivo de la  competencia, cuestión  que fue estimada por la Sala de lo Social Tribunal Superior de Navarra  que revocó la sentencia, al entender que el vínculo era "formalmente administrativo" y por tanto la demanda debía  presentarse ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

La empleada , defendida por el abogado José Luis Beaumont Aristu,presentó recurso de casación  insistiendo en la competencia del Juzgado de lo Social, ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo , quien ha reiterado en esta sentencia  lo que ya determinó en sus sentencias previas  de 2/04/2025 y de 30/05/2025, ante demandas similares de profesoras de música de Navarra : 

• "hay que admitirse la competencia del orden social cuando se aprecia la irregularidad de la contratación, pues las administraciones públicas no están exentas de la posibilidad de actuar como empleadoras sometidas a la legislación laboral y no pueden, por la vía de tales irregularidades, eludir las disposiciones de ese marco normativo", 
• "pese la contratación efectuada bajo la formalidad administrativa, el contenido de la relación era propio de una contratación laboral y no de una contratación administrativa de conformidad con la definición de contrato de
  trabajo que se contiene en el artículo 1.1 del Estatuo de los Trabajadores".

 para concluir que "cuando se aprecia una grave irregularidad en la contratación administrativa al punto de que a través de la aplicación de las normas  administrativas se eluden las disposiciones laborales y se enmascara u oculta la verdadera naturaleza del vínculo contractual laboral, la competencia del orden social es indiscutible e irrenunciable"

Así considera una de esas "irregularidades de la contratación efectuada bajo la formalidad administrativa" la concatenación excesiva de las modalidades temporales administrativas  del Artículo 88 c), d) y e) del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra" , es decir, el abuso de temporalidad en esas modalidades, y por tanto la competencia del orden social para las demandas de abuso de temporalidad de  esas modalidades,  recordando que también ha determinado en aquellas sentencias que si lo único que se denuncia es "la duración excesivamente larga de una relación de interinidad a la luz de la normativa de la UE comunitaria y de la interpretación de esta por el Tribunal de Justicia de la UE", de tal manera que "la irregularidad denunciada no altera la naturaleza del contrato" , entonces la pretensión sí  "escapa del conocimiento de este orden social" y sólo puede ser tratada por el orden administrativo. 

Queda la cuestión de si esta Sala de lo Social aseguraría lo mismo , la competencia del  orden Social, para el abuso de temporalidad en cualquier funcionario interino de cualquier AAPP en las  modalidades analógicas del EBEP (aparentemente, no parece haber utilizado alguna singularidad adicional del Estatuto navarro). En ese caso, podría demandarse ante los Juzgados de lo Social el abuso de temporalidad de las situaciones de funcionario/estatutario de los apartados 10 c) y d) del Estatuto Básico del Empleado Público (nombramientos por ejecución de programas de carácter temporal o por exceso o acumulación de tareas).

 

Y, teniendo en cuenta que "el único motivo de suplicación articulado en aquel recurso fue, precisamente, el relativo a la competencia del orden social ya resuelto por esta sentencia" ,  es decir, que el gobierno navarro sólo había  presentado el argumento de la incompetencia como motivo de su recurso contra la sentencia del juzgado de lo social , la Sala de lo Social del Supremo en este recurso de casación estudia solamente ese único  motivo, que desestima, anulando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y confirmando en todos sus extremos por tanto la sentencia del juzgado de lo social ,sin llegar entrar a estudiar si procedía o no conceder  la relación laboral fija ante esa "irregularidad en la contratación" concreto y ni mucho menos, sin entrar a estudiar ni suponer modifica su doctrina actual ante el abuso de temporalidad en los empleados públicos laborales. Nótese que en la sentencia vuelve a recordar que la cuestión en sí de las consecuencias del abuso de temporalidad en los empleados públicos de carácter administrativo (los funcionarios y estatutarios interinos) le corresponde al orden de lo Contencioso-Administrativo.

 

Esta circunstancia de que el único motivo de recurso ante el tribunal regional del Gobierno navarro fuera el relativo a la competencia del orden social , se había dado también  en la primera sentencia  de la Sala de lo Social del Supremo de las dos reiteradas, la sentencia de 2/04/2025, donde confirmó igualmente la sentencia del juzgado de lo social, que en ese caso sólo había estimado la declaración de laboral indefinido no fijo. En la segunda sentencia de la Sala de lo Social del Supremo por estos casos, la de 30/05/2025, sí había más motivos en recurso, y el Supremo ordenó retrotraer el caso al Superior de Justicia que no los había estudiado por declarar la incompetencia. Este tercer caso es como el primero pero con la diferencia de que la sentencia del juzgado de lo social era de fijeza.

Precisamente, esta Sala de lo Social del Supremo tiene interpuesta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE para ver si modifica o no su doctrina actual ante el abuso de temporalidad en el empleado público: el asunto Obadal, cuyo Informe de Conclusiones del Abogado General ya tuvo lugar y está a la espera de sentencia del TJUE. Para el  Abogado General de la UE ante el abuso de temporalidad de los empleados públicos hay que dar fijeza y/o indemnización sin topes y una prohibición de la fijeza como sanción sólo puede ser válida  si hay otras medidas válidas de sanción que se concedan.

 Estas sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo parecen abrir una vía de reclamación  en lo Social a los profesores docentes de carácter de funcionario interino con un excesivo número de nombramientos por cursos (no en interinidad de vacante ) o al personal estatutario interino de los servicios de salud con un excesivo número de nombramientos por programa (los antes llamados "estatutarios eventuales"), como fue el caso de la sentencia que ganó ELA en un juzgado.

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NOTA DEL EDITOR AL RECORDATORIO: tuvo lugar el 24/04/2026 la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto citado en esta entrada de 21/01/2026, el asunto Obadal, la cuestión prejudicial del Supremo Social al TJUE sobre sanción al abuso de la temporalidad, dictaminando el Tribunal Europeo , una vez más, que no vale como sanción al abuso de temporalidad del empleado público la doctrina del indefinido no fijo de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ni  las medidas alternativas que indicó, ni en su conjunto: indemnizaciones topadas al cese , el régimen de responsabilidad de las AAPP existente por ser inconcreto ni la convocatoria de procesos mientras sean abiertas a personal no en abuso y de futuro incierto para el personal en abuso, como lo eran incluso las de la ley 20/2021.

También ha tenido lugar la reacción de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a la sentencia del asunto de su cuestión prejudicial, modificando su doctrina ante  el abuso de temporalidad del empleado público laboral: pasa a conceder fijeza si se tiene superada  la fase de oposición de un proceso selectivo para fijo sin obtener plaza (sin el requisito que tenía hasta ahora de que el proceso permitiera declarar más superados que plazas convocadas o doctrina "AENA")  y si no, establece una nueva indemnización por abuso presuntiva por daños morales, , que fija la Sala en hasta los 10 mil euros de la LISOS, adicional a la indemnización por extinción de 20 días por año trabajado con tope de 1 año de sueldo ya existente más una posible adicional sólo por daños demostrables.

En cambio la Sala de lo Contencioso del Supremo ya ha asegurado en un Auto que no va a modificar su doctrina por la sentencia del TJUE del asunto Obadal, lo que, evidentemente, ha aumentado el interés de esta doctrina de la Sala de lo Contencioso de la entrada recordada, sobre la posible competencia del Orden Social para las demandas de abuso de temporalidad en personal funcionario interino por por programas, por acúmulo de tareas o por una duración fija, y por tanto, de obtener la fijeza o la indemnización de esa doctrina ante el abuso de temporalidad de la Sala de lo Social.